Del reporte El desafío de la interdependencia de 1987 que abrió el camino histórico, ideológico y educativo a la percepción amigable de EEUU en México para firmar el Tratado de Comercio Libre en 1991 al espíritu americanista antitrumpista de la élite liberal-izquierdista mexicana, el vecino del norte ya no forma parte de las definiciones históricas, sino que se ha reducido a un simple pragmatismo de coyuntura.

La infección presidencial de COVID-19 marcó el fin operativo de la estrategia política en modo de epidemia para convertirse ya en una situación de emergencia tipo peste. Sin decisiones de Estado para romper las cadenas de contagio y a la espera de alguna vacuna milagrosa en más de 250 millones de dosis en tres meses, las cifras de infecciones y de muertos seguirán aumentando en proporción geométrica.

En su agenda nacional de riesgos de 2016 –gobierno del presidente Peña Nieto–, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) delineó los trece temas centrales que tenían que ver con la estabilidad interior de la república y, por tanto, sin decirlo, los aspectos que referían la existencia del Estado mexicano; y en el número 7 fijo el tema del sistema de salud y las epidemias.

A Jorge Suárez Vélez y a la memoria de la tía Tere

Si la lectura progresista del mensaje del presidente Joseph Biden en torno a la unidad interna se leyó en modo Trump, en realidad el sesgo más importante radica en el hecho de que la fractura social doméstica le restó legitimidad al papel de los EEUU como el imperio dominante mundial.

A partir del criterio analítico de que Donald Trump sí es responsable/culpable de la violencia del 6 de enero en el Capitolio y que su acusación debe ser probada en tribunales, el juicio contra el hoy expresidente debe servir de portal de entrada para comenzar un enjuiciamiento penal contra todos los presidentes de los EEUU por decisiones de poder que pueden configurar delitos penales.

No, no es Trump. El presidente que dejará hoy la Casa Blanca por el resultado electoral oficial no fue una anomalía, sino un sujeto histórico producto de las contradicciones del conflicto social estadounidense acumulado.

Casi todos los análisis y enfoques mediáticos de la prensa en México reclaman que el presidente López Obrador hubiera abierto el expediente acusatorio de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda y casi nadie ha enfocado el problema como una decisión de seguridad nacional del Estado mexicano ante el acoso de un Estado extranjero.

El aparato de propaganda del establishment mediático anti Trump ha enfocado con eficacia todas sus baterías contra el presidente por la irrupción de vándalos al Capitolio y ha tratado de construir una narrativa ideológica para alertar sobre un fascismo doméstico de masas supremacistas. Sin embargo, poco ha dicho ese sector discursivo sobre el fascismo de Estado que el gobierno de la Casa Blanca construyó en la guerra fría contra el comunismo y después del 9/11 contra el terrorismo.

Entre el silencio del ex presidente Barack Obama como líder de la tibia ala progresista de los demócratas y la desaparición del presidente electo Joseph Biden, sin control dominante sobre el Partido Demócrata, la reina Nancy Pelosi se ha erigido como la presidenta en funciones de los EEUU en los últimos quince días del periodo constitucional del presidente Donald Trump, y con sus acciones ha definido el margen de maniobra estrecho de la próxima administración.