El especialista en el nuevo Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Iberoamericana, Germán García Montenegro, coincidió con el gobernador Antonio Gali Fayad y el alcalde, Luis Banck Serrato, al indicar que el alza de la inseguridad en Puebla se debe a que es ‘muy fácil’ salir de la cárcel por lo que es necesario una reforma.
Sin embargo, los académicos de la Escuela Libre de Derecho, Edmundo Ramsés Castañón Amaro y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Ricardo Fernández Fuentes difirieron al indicar que la inseguridad implican otros factores como la pobreza y la falta de empleos.
El miércoles pasado, el mandatario aseguró que los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) solicitarán al Congreso de la Unión reformar a la brevedad para que los delincuentes ya no puedan salir tan fácil de la cárcel.
Además, el alcalde de la ciudad, Luis Banck Serrato ha asegurado que actualmente hay dos mil 300 delincuentes que salieron recientemente de algún penal delinquiendo en la capital del estado.
Actualmente es muy fácil salir de la cárcel, coincide especialista
Para García Montenegro las modificaciones que concreten los legisladores abonarían en acabar con los delitos del fuero común, pues dijo que actualmente es muy fácil que un asaltante libre la prisión.
“La propuesta que hace el gobernador es muy prudente. Con la finalidad de plantear algunos temas procesales que ayuden a que la percepción de quienes cometen el delito no sea como las que se tiene en este momento que es muy fácil evadirlas”, dijo en entrevista.
Difieren la Libre y Upaep
En tanto, el académico de la Upaep, Ricardo Fernández Fuentes consideró que influyen otros factores por lo que es irresponsable delegar todo la responsabilidad de la inseguridad al nuevo sistema penal.
“Es mentira que hoy exista un incremento de inseguridad en el estado y en nuestra ciudad por culpa del nuevo sistema judicial, eso es mentira. Si bien es cierto que hay más responsables de delitos en la calle, pero también es cierto que es en gran medida por los errores que han cometido el gobierno estatal como municipal al momento de realizar las detenciones correspondientes, porque se violan derechos humanos”, indicó.
Opinó que incluir prisión preventiva sería regresar al sistema anterior en el cual ‘todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario’ que en caso de aprobarse, prevé violaciones a los derechos humanos.
En el mismo sentido fue la versión del académico de la Escuela Libre de Derecho, Edmundo Ramsés.
“No necesariamente el incremento de las sanciones trae como consecuencia lógica la disminución de los delitos. Si eso fuera, el delito del secuestro que ha ido a la alza, tiene penas que van hasta 180 años de prisión”, destacó.