El titular de la Secretaría de la Contraloría, Rodolfo Sánchez Corro, aseguró que el Gobierno del Estado ya se encuentra solventando las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por mil 89 millones de pesos, de los cuales en su mayoría pertenecen a los gobiernos municipales.

El funcionario estatal indicó que de los recursos observados por parte de la ASF, 304.5 millones de pesos corresponden al Gobierno del Estado, mientras que 786.1 millones son de los gobiernos municipales.

Señaló que el gobierno estatal ya se encuentra trabajando las 10 observaciones, pues atribuyó a un aplazamiento en la ejecución de las obras y no a un desvío de recursos el hecho de que haga falta información comprobatoria.

Sánchez Corro indicó que, conforme a la ley, se tiene un periodo de 30 días para aclarar las observaciones, por lo que espera que en los próximos días se cuente con la documentación necesaria para transparentar el uso de recursos.

“La auditoría hace un corte en determinado periodo, muchas obras abarcan durante todo el ejercicio en curso, cuando hace el de información la Auditoría Superior dice que falta información comprobatoria, no es que falte documentación comprobatoria, lo que pasa es que por el avance físico de la obra la documentación que se tenía era esa, sin embargo, es una obra que no está finiquitada”, dijo.

Respecto a los recursos que son manejados por los gobiernos municipales, el contralor indicó que la responsabilidad del gobierno estatal es la de hacer llegar los recursos enviados por parte de la Federación, por lo que cada ayuntamiento es responsable de la documentación comprobatoria de sus obras.

“Los municipios, a través de la suscripción de convenios de recursos, reciben recursos provenientes de Federación y ellos son los responsables de ejecutar las obras, llevar a cabo los procedimientos de contratación y presentar la documentación en caso de que sea requerida”, expresó.

Más de 85 mil servidores públicos deberán presentar su 3de3

En otro tema, informó que partir del próximo año entrará en funciones una nueva versión de Declarant, en la que todos los servidores públicos, incluidos los maestros y policías, deberán publicar su declaración patrimonial, fiscal y conflicto de interés, la cual es a nivel nacional.

Actualmente más de 10 mil trabajadores se encuentran sujetos a esta disposición, sin embargo, con la nueva plataforma se espera que la cantidad se eleve a los 85 mil trabajadores.

De esta manera se busca evitar que los trabajadores incurran en actividades ilícitas y que sus bienes sean congruentes con los salarios que perciben según sus actividades.