Iniciativa de reforma priista, inconstitucional

Coinciden en señalar los comisionados de Transparencia del DF y Guanajuato

Durante el foro Transparencia en Riesgo, los ponentes deshicieron la propuesta del tricolor sobre reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información presentada hace dos semanas en el pleno del Congreso por el diputado Jorge Ruiz Romero

Yonadab Cabrera Cruz / Selene Ríos Andraca

La iniciativa del PRI para la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es inconstitucional y violatoria al derecho a la información, coincidieron los comisionados de Transparencia del Distrito Federal y Guanajuato, Agustín Millán, María Elena Pérez y Ramón Izaguirre, respectivamente.

Durante el foro Transparencia en Riesgo, celebrado en la UPAEP, los comisionados deshicieron la propuesta del tricolor presentada hace dos semanas por el diputado Jorge Ruiz Romero, presidente de la Comisión de Transparencia en el Poder Legislativo.

Los tres comisionados coincidieron en que la iniciativa del tricolor contraviene con las bases jurídicas marcadas en el artículo sexto de la Constitución de México, ya que no establece la gratuidad de la información; no contempla la autonomía de la CAIP; no estipula que sea un solo organismo el encargado de regir la transparencia en los tres poderes y los 217 ayuntamientos, así como obligar a las personas que soliciten información que se identifiquen.

La falta de autonomía a la Comisión para el Acceso a la Información Pública es uno de los puntos cruciales que demuestran la inconstitucionalidad de la reforma priista, ya que tanto la ley vigente como la propuesta, establecen a la CAIP como órgano auxiliar y órgano especializado “pero dependiente del gobernador”, aseguró Izaguirre Ojeda.

El comisionado del Instituto para el Acceso a la Información de Guanajuato manifestó que no se puede seguir considerando a la CAIP como órgano auxiliar de gobierno del estado: “Redefinirla como órgano auxiliar no es imparcial. La CAIP debe tener autonomía operativa, e imparcialidad en sus decisiones.”

Ramón Izaguirre concluyó su participación emitiendo una frase dirigida al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres: “Quien teme a los asuntos de transparencia llegó tarde a gobernar.”

María Elena Pérez Jaén habló sobre la inconstitucionalidad que representa la propuesta tricolor al obligar a los ciudadanos que soliciten información a identificarse, “práctica que cohíbe a los ciudadanos y sin argumentos válidos que justifiquen este requerimiento”.

Además, también hizo énfasis en que la propuesta de los diputados del PRI es contraria a los intereses del sexto constitucional y sobre todo a los intereses de los poblanos. Por lo que recomendó a la LVII Legislatura, abortarla.

Aseveró que Mario Marín no puede ignorar de las deficiencias de la iniciativa de su partido: “Marín tiene la responsabilidad política y legal de que su gobierno sea transparente, porque Puebla no se ha distinguido por tener una ley adecuada ¡los tricolores quieren perpetuar la era de la opacidad!”, expresó María Elena Pérez.

Por su parte, Agustín Millán Gómez habló sobre las trabas que puso la propuesta priista para que la ciudadanía no pueda acceder a la información de los indicadores de gestión, además que no marca un plazo definido para proporcionar estos índices, los cuales miden los alcances y resultados de los planes o programas del estado: “no puede existir un programa de desarrollo sin indicadores de gestión”.

Finalmente, la comisionada para el Acceso a la información en Puebla, Josefina Buxadé resumió los puntos que demuestran que la propuesta del PRI es inconstitucional, como la dependencia de la CAIP al gobierno del estado, que los ciudadanos se identifiquen al momento de presentar una solicitud de información, y que deban ratificar tres días después en forma personal su solicitud e indicó que cada poder del estado y cada municipio deben tener sus propias unidades de acceso a la información.

Jorge Ruiz defiende su propuesta

El presidente de la Comisión de Transparencia, Jorge Ruiz Romero salió a la defensa de la propuesta que él impulsó, al asegurar que sí es constitucional, que sí contempla el espíritu del sexto constitucional, por lo que confió en que la ley que aprobará el pleno el próximo jueves será de vanguardia y moderna.

Ruiz aseguró que la CAIP goza de autonomía, no depende del gobierno de estado, sus decisiones son imparciales: “Pero si el problema es la redacción se la cambiamos, hay que ver los términos jurídicos en el que se encuentra.”

Precisó que tanto el tema de la autonomía de la CAIP, como la afirmativa ficta y o la prueba de daño son elementos que se siguen discutiendo en las comisiones unidas de Gobernación y Transparencia para determinar si se integran a la ley o no, en tanto Jorge Ruiz informó que sí se ampliarán los sujetos obligados.

Fuera del paraíso tricolor

Justo un día después de que los priistas Pablo Fernández del Campo y Jorge Ruiz determinaran utilizar como evidencia la copia de la Asamblea de Plataforma Cuatro, celebrada en Veracruz, firmada por Antonio Juárez Acevedo como secretario general, el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) acudió al foro Transparencia en Riesgo, celebrado en la UPAEP.

De la noche a la mañana, el cuestionado comisionado cayó de la gracia de la bancada priista y perdió la protección que tanto le ha brindado el Revolucionario Institucional, desde que Cambio reveló la ilegalidad de su cargo.

Los ojos de Juárez Acevedo revelan las noches de insomnio que sufre. Sus movimientos nerviosos evidencian que se siente solo.

La soledad que le acompaña en los pasillos de la universidad son una prueba fehaciente de que Juárez Acevedo está consiente de que sus días en la CAIP están contados.

Ayer en los pasillos del edificio B de la UPAEP se negó a declarar sobre la traición de la que fue víctima a manos de los diputados priistas, quienes repentinamente lo abandonaron y se sumaron a su investigación, sólo se limitó a decir: “Ya hablé el martes pasado, di una explicación muy amplia, ahorita ya no hablaré más del tema.”