Justifica delegada de la Sedesol a Zavala

Exhibe Anahí Romero su ignorancia de la ley

Dice la funcionaria federal que el titular de la SDS no viola la ley electoral porque no es época de elecciones y que ésta sólo se engloba en resguardar los vehículos oficiales tanto de los gobiernos federal, estatal y municipal un mes antes de una elección

Yonadab Cabrera Cruz

La delegada de la Sedesol en el estado de Puebla, Anahí Romero Alonso, salió en defensa del secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, al asegurar que no violó la ley electoral por portar una camisa con su apellido, los logos del gobierno del estado y su dependencia en un acto público.

La funcionaria federal contradijo lo que establece la Constitución Política que impide a los funcionarios públicos promocionar su nombre, voz e imagen al asegurar que la ley sólo marca que los servidores públicos no deben promocionarse 30 días antes de una jornada electoral.

“Hasta donde tengo conocimiento de las instrucciones que recibimos y lo que marca la ley, es hasta 30 días antes de una elección estatal y 40 días antes en las elecciones federales”, apuntó la delegada de la Sedesol en Puebla.

Esto, después de que el miércoles de la semana en una firma de convenio entre el gobierno del estado y Diconsa, Javier López Zavala vistiera una camisa blanca con los logos del gobierno del estado y de la Sedeso, además de que debajo de estos figuraba el apellido Zavala con letras bordadas en color rojo.

Para Anahí Romero la ley electoral sólo se engloba en resguardar los vehículos oficiales tanto de los gobiernos federal, estatal y municipal un mes antes de una elección.

“Lo que tengo conocimiento es que la ley electoral dice que 30 días antes de una contienda electoral el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipales tienen que resguardar los vehículos, tiene que haber un notario, un órgano interno de control, para todo lo que es la infraestructura de cada una de las dependencias quede resguardada.”

Por si fuera poco, la funcionaria federal confía en que la Sedecap —instancia del estado abiertamente cuestionada por la iniciativa privada de ser tibia al momento de actuar contra los funcionarios marinistas— blinde y garantice la transparencia en los programas de desarrollo social; en próximos días firmarán un convenio de colaboración.

En este convenio entre la Sedecap, la Sedesol y la Secretaría de la Función Pública, se creará la Contraloría Social, que se encargará de asesorar a los beneficiarios de los programas para que no sean condicionados al momento de que los reciban.

“La Contraloría Social es empoderar (sic) a los beneficiarios de los programas y darles toda la información que ellos deben saber cuando son beneficiarios. Es decir, deben saber que nadie puede condicionarlos a favor de ningún partido político, que los programas son obligatorios.”

—¿La Sedesol le hará la campaña a Javier López Zavala rumbo a la gubernatura?

—No, nosotros trabajamos por los ciudadanos, por el bien de México, para que todos puedan vivir mejor, los programas federales y concretamente los que me competen tienen reglas de operación y son claras.

Ayuntamientos mandan sobre Reserva Atlixcayotl
 
Anahí Romero deslindó a la Sedesol sobre el cambio de uso de suelo en las últimas hectáreas de la reserva territorial Atlixcáyotl, y le echó la bolita a los ayuntamientos a los que pertenecen estos terrenos.

“Las instrucciones que hemos recibido es que se pida que sean los ayuntamientos los que resguarden los predios, las hectáreas y sean los ayuntamientos los que revisen toda la infraestructura que se requiera de acuerdo a los fines expropiatorios.”

La funcionaria federal explicó que la labor de la Sedesol en el caso de la reserva territorial, sólo es verificar que el traspaso de propiedad del fideicomiso que regula la reserva Atlixcáyotl a los ayuntamientos a los que pertenecían originalmente los inmuebles, sea ordenado y transparente.

“La competencia de la Sedesol es revisar que se apegue, se finiquiten todos los trabajos de transición que se hicieron para ordenar la reserva y una vez ordenada, se transmite a los municipios.”

Finalmente, aseguró que si el fideicomiso no cumplió con los fines por los cuales se expropiaron las tierras de la reserva Atlixcáyotl, éstas podrían ser devueltas a los municipios de los que son originarios, ya que se estaría violando el decreto de expropiación emitido por la Secretaría de la Reforma Agraria.