Claro que todos queremos que la proporción recaudada se incremente, que el presupuesto deje de depender de los ingresos petroleros y que el gasto público sea una palanca para el desarrollo económico con más bienestar para la población. Lo malo es que no nos ponemos de acuerdo en cómo cobrar, a quien cobrar, cuánto cobrar, y todos queremos que quien pague sea otro y no nosotros.

Así las cosas, la columna quiero dedicarla a estudiar lo que propone el equipo económico del gobierno federal en materia fiscal para el sector energético. Muchos han discutido sobre las atrocidades económicas que ocasionará la mentada reforma y quizá mi aportación sea una pequeña variación del mismo tono, pero pocos se han tomado el tiempo de revisar lo que suponen los cambios al régimen fiscal del PEMEX.

La reforma propone reducir en 5.1 por ciento los ingresos petroleros con respecto a la Ley de Ingresos aprobada para el año 2013. Estamos hablando de poco más de 65 mil millones de pesos, es decir, el equivalente al presupuesto anual del estado de Puebla. Esto implica que PEMEX contará con más recursos para financiar sus operaciones y el presupuesto comenzará a reducir paulatinamente su dependencia de los ingresos provenientes del petróleo. Esta reducción no implica que el gobierno dejará de gastar esos recursos, sino que una parte será compensada mediante el incremento de los ingresos vía Impuesto Sobre la Renta y otra mediante la contratación de deuda. En otras palabras, los ciudadanos estaremos compensando los ingresos que PEMEX dejará de aportar al erario público.

¿Y qué hará PEMEX con el excedente de recursos? En ninguna parte de la propuesta se responde esa pregunta y tampoco debería de hacerlo. Sin embargo, lo que importa no es como se utilicen sino que ya no tendrán que pagarse a la Hacienda Pública. De este modo, la propuesta expone lo que serán las nuevas reglas del juego fiscal a partir de la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, reforma que permitirá la participación de empresas privadas en el negocio petrolero mediante los que habrán de llamarse “Contratos de Utilidad Compartida”. En otras palabras, son recursos que estarán disponibles para financiar operaciones de exploración y extracción de petróleo por parte de PEMEX y de otros.

El régimen fiscal propuesto permitirá a PEMEX un doble esquema tributario. Si la actividad se realiza mediante “asignación petrolera” la paraestatal se atiene a las reglas vigentes hasta ahora, pero si la actividad se realiza mediante “Contrato de Utilidad Compartida”, entonces hay un nuevo régimen fiscal. Este nuevo régimen será aplicable a PEMEX y asumimos que a cualquier otra empresa con la cual el Estado decida establecer dicho contrato. Aquí algunos elementos de este nuevo régimen fiscal:

PEMEX y sus organismos subsidiarios serán contribuyentes del ISR y cubrirán las demás contribuciones, productos y aprovechamientos conforme a las normas establecidas.

Se fija un porcentaje de alrededor de 10 por ciento del valor de producción. Este impuesto cumple las funciones de las regalías por la extracción de hidrocarburos y es idéntico al existente en tiempos de Porfirio Díaz.

Distribución de la utilidad operativa entre el Estado y PEMEX de acuerdo a porcentajes preestablecidos, que se ajustan de acuerdo a la rentabilidad acumulada del contrato.

Se prevé la migración gradual al nuevo régimen de las actividades de exploración y producción a partir de 2015. Se contemplan niveles mínimos de dividendo estatal que PEMEX deberá entregar al Estado año con año. Estos niveles se fijan para el primer año que entre en vigor esta ley, como mínimo en 30 por ciento de los ingresos generados por los contratos de utilidad compartida. Estos niveles se reducen gradualmente hasta eliminarse en el año 2026.

Se pretende generar incentivos para que PEMEX y sus subsidiarios puedan ejercer su presupuesto de manera directa, sin mediar procesos de autorización ante Hacienda, excepto cuando se afecte el balance financiero del país.

Se incluyen dos figuras que a nuestro parecer son bastante sospechosas. La primera es un fideicomiso que “maneje, ejecute y administre la aplicación de los recursos provenientes de la venta de la producción de hidrocarburos”. Este fideicomiso será el encargado de pagarle al Estado y a la empresa la parte del contrato que corresponda. La segunda figura es un “comercializador del Estado” encargado de la venta de los hidrocarburos extraídos al amparo de un contrato de utilidad compartida y que tendrá derecho a percibir un pago por sus servicios.

La propuesta incluye deducciones que van del 5 al 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta a actividades de exploración, recuperación secundaria y el mantenimiento no capitalizable, desarrollo y explotación de yacimientos de petróleo crudo o gas natural y las inversiones realizadas en oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o tanques de almacenamiento. Vaya esto sí que es una contradicción al discurso de la reforma energética, pues el Estado dejará de cobrar lo que cueste la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos, lo que significa que el riesgo de la exploración lo pagaremos los mexicanos y no las empresas contratantes.

Es preciso estudiar con detalle el nuevo marco normativo que regirá los Contratos de Utilidad Compartida que celebrarán el Estado y PEMEX, ya que seguramente servirán como marco para el nuevo régimen de participación de empresas privadas en el sector. No vaya a resultar que la máxima mexicana de las privatizaciones se cumpla una vez más, y terminemos haciendo sumamente ricos a unos cuantos con los recursos de todos.