Sunday, 26 de May de 2019


La reforma política: gatopardismo, otra vez




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La reforma política que el Senado de la República aprobó esta semana tiene su origen en el capricho del PAN de condicionar su voto a favor de la reforma energética, si antes no eran aprobados una serie de cambios al sistema electoral.

Recuerdo una campaña publicitaria donde Acción Nacional afirmaba que era necesario quitar a los gobernadores el control de los procesos electorales ya que existen nueve estados donde nunca ha habido alternancia y han sido gobernados durante más de 80 años por el mismo partido, el PRI. Según el PAN con la reforma se abriría la posibilidad de elegir mejores gobiernos, como si la alternancia política fuese la solución a los problemas del país. La campaña duró apenas unos días, seguramente porque ponía en evidencia que la reforma política era más por interés de ese partido que por el interés general de México.

 

 

Pues la reforma está en marcha ¿Cuáles son los cambios más significativos que se alcanzan?

·         Permitir la reelección de legisladores federales y locales, así como de presidentes municipales.

·         Se incrementa de 2 a 3 por ciento el mínimo de votos que un partido debe obtener para conservar su registro.

·         El Instituto Federal Electoral será sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones.

·         Se conservan los institutos electorales de los estados pero sus consejeros serán ratificados por el Senado y no solo por los congresos estatales para evitar que los gobernadores coloquen ahí a sus incondicionales.

·         Se reforma la Constitución para obligar a la paridad de género en las candidaturas.

·         Las elecciones podrán anularse en caso de que el partido ganador sobre pase el límite de gasto permitido en esa elección.

 

 

Analicemos cada punto para tener una opinión general de la reforma, con independencia de que se trata de una medida desesperada del presidente Peña Nieto y del PRI para garantizar el voto del PAN a favor de su reforma energética.

 

 

Primer punto. La reelección de diputados y senadores se plantea como una medida que acerque el trabajo de legisladores al interés de sus representados y los aleje del interés de los partidos políticos. La realidad es que no podrán ser reelectos si sus partidos no los postulan y como la decisión de quien compite y quien no es de las cúpulas partidarias, entonces la reforma sirve para anclar a una clase política al servicio de las élites y no de las demarcaciones que representan. La reforma habría tenido sentido si norma y democratiza los procesos internos de selección de candidatos, cosa que por supuesto no ocurrió y tampoco hay interés de que ocurra.

 

 

El aumento a la barrera mínima de votos necesarios para que los partidos conserven el registro tiene dedicatoria, porque a los grandes no les gusta la competencia ni el ruido que producen los pequeños. En este caso serán el PANAL, Movimiento Ciudadano y el PT los que estén más riesgo de salir de la escena electoral. En el contexto local los partidos pequeños han tenido una participación política relevante más allá del número de votantes que aglutinan, ya que su participación en la coalición opositora que llevó a Rafael Moreno Valle al triunfo en 2010, fue fundamental en la construcción de un mensaje político a los ciudadanos sobre la relevancia de sacar al PRI – Marín del poder estatal. Me cuesta trabajo imaginar el triunfo de esa coalición en 2010 y luego en 2013, sin el PANAL y el Movimiento Ciudadano. Las minorías representan mucho más que los votantes que aglutinan y eso no lo están calculando en la reforma.

 

 

La sustitución del IFE por el INE es tan irrelevante como costosa. Bien podrían haber conservado al Instituto Federal Electoral modificando lo que fuese necesario para mejorar su capacidad como organizador y árbitro electoral. Los resultados no van a ser diferentes mientras sean los partidos políticos quienes designen a los consejeros del organismo electoral en turno y el criterio de selección obedezca a cuotas políticas. La clave está en las reglas del juego y en la independencia de los órganos encargados de impartir justicia electoral. Si hay jueces independientes dotados de instrumentos legales adecuados capaces de obligar a los árbitros, partidos y candidatos a sujetarse a las reglas establecidas, entonces el sistema va a funcionar.

 

 

Ahora los consejeros estatales serán ratificados por el Senado, lo que significa que el cabildeo en la Cámara alta será de gran importancia para que las cuotas políticas de los actores involucrados queden representadas en los institutos electorales de los estados. Ello puede ocasionar más problemas que beneficios, pues quedan dudas del interés del Senado de analizar a profundidad los nombramientos y quizá termine por designar la lista del gobernador con la inclusión de algunos consejeros propuestos por otros partidos.

 

 

La paridad de género no implica paridad de capacidades ni mejora en las cualidades de los legisladores. Si el criterio es la igualdad por la igualdad misma, entonces habrá que obligar la postulación de 30 por ciento de jóvenes menores de 30 años, 15 por ciento de personas con capacidades diferentes, 1 por ciento de personas de raza negra, 10 por ciento de indígenas, 12 por ciento de deportistas, 15 por ciento de homosexuales. Por favor señores, seriedad.

 

 

La causa de nulidad por exceso de gastos en las campañas está bien, es justa y necesaria. Aunque me gusta más el concepto vigente en el año 2000 que dejaba a la interpretación de los jueces si se habrían reunido o no las condiciones de equidad y certeza en unas elecciones, lo que se resumía en la llamada “causa de nulidad abstracta”. No soy perito en la materia pero es de sentido común que al juzgador hay que dejarle juzgar en función de lo que las partes sean capaces de ofrecer como pruebas.

 

 

En fin, para terminar de describir el cuadro sale publicada una encuesta de Grupo Reforma en la que 61 por ciento de los mexicanos estamos en contra de la reelección legislativa. Resulta evidente que la clase política tiene su propia agenda y no está para detenerse a escuchar a la sociedad a quien supuestamente sirve.

 

 

Gatopardismo significa “cambiar para permanecer iguales”. Así ocurre con esta reforma política.

 

 

 

 

 

 

 

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