Thursday, 18 de April de 2024

Indicador Político
La decisión más importante del gobierno federal en la redefinición de la estrategia contra el crimen organizado fue la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia, pero a condición de asumirse como la forma de reposicionar al Estado en los espacios territoriales arrebatados a la delincuencia.  
Aunque los despachos de prensa señalaban ayer la sorpresiva renuncia de Benedetto XVI al papado, en realidad era tema central en las conversaciones desde mediados de abril del 2011: el Papa había dejado entrever en el 2011 que podría renunciar al cumplir los 85 años de edad en abril del 2012.  
Aunque el tono y el escenario funcionaban para un contexto interno, el discurso del general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda también debió leerse con interés en la embajada de los Estados Unidos en México y hasta en la Casa Blanca, de donde partieron los recientes ataques contra la Secretaría de la Defensa Nacional vía el The New York Times.  
Si la nota del lunes del The New York Times contra un general divisionario de México formó parte de una estrategia de desestabilización y de seguridad nacional de la Casa Blanca contra México, entonces hay que echarle una mirada a la consolidación de la geopolítica imperial de la administración Obama.  
En su sentido final, la nota de antier del The New York Times sobre un general mexicano fue la primera advertencia del gobierno de Barack Obama contra la nueva estrategia de seguridad del gobierno del presidente Peña Nieto.  
La nota de la periodista Ginger Thompson, excorresponsal en México del The New York Times, sobre un general mexicano rechazado por la Casa Blanca se suma a muchas otras del mismo diario que han tenido objetivos políticos y de ninguna manera intenciones profesionales de difundir hechos periodísticos.  
Haya sido atentado o accidente, la explosión en una de las torres menores de Petróleos Mexicanos el pasado jueves 31 de enero se convirtió en un asunto de seguridad nacional y evidenció los retrasos en la organización de la estructura gubernamental en ese rubro más que prioritario.  
En el cierre del expediente de Florence Cassez quedan cuando menos seis puntos conflictivos:  
Si los jueces se inventaron para interpretar las leyes que no pueden prever todo, el asunto clave radica en el hecho de que hay de justicias a injusticias.  
Si bien la Corte Suprema de Justicia quiere darle el cerrojazo al caso de la secuestradora Florence Cassez, el sistema judicial dejó varios pendientitos:  
El punto clave de la decisión de la ministra y los dos ministros que liberaron a la secuestradora Florence Cassez radica en saber en qué argumentos jurídicos basaron su decisión de poner los derechos de una delincuente sentenciada por encima de los derechos de las víctimas de los secuestros.  
La recepción como heroína a la secuestradora Florence Cassez en Francia evidenció la existencia de una nada fina operación política que involucró a la ministra Olga Sánchez Cordero. Y la audiencia especial del presidente François Hollande a la delincuente fue una bofetada a la Corte Suprema de México.  
1.- El símbolo de la Corte Suprema de Justicia es un águila con las alas extendidas y a sus pies una espada, una rama de olivo y la balanza de la justicia. A diferencia del emblema histórico de la justicia, el de la Corte no es una mujer con los ojos tapados.  
En una maniobra que se ajustó más a la perversión del poder que a la teoría de los juegos, la ministra Olga Sánchez Cordero puso una trampa a los ministros de la primera sala para cumplir con su intención original de decretar la libertad absoluta de la secuestradora francesa Florence Cassez.  
El pleito de vecindad al interior del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en la disputa por la presidencia liquidó la credibilidad del organismo y ahora no queda más que aprovechar la reforma de la ley de reforma para promover también el relevo de todos los comisionados.  
Además de ver si la Corte Suprema de Justicia responde a las presiones y simpatías francesas y le abre las rejas, el punto más sensible del caso de la francesa Florence Cassez radica en que el máximo tribunal constitucional se mete a cuestiones de legalidad como si fuera juez de barandilla.