Representantes de todo el país se dieron cita para debatir sobre los problemas que, derivados del neoliberalismo, padecen actualmente nuestros pueblos, principalmente indígenas, al ser despojados de una gran parte de su territorio para entregarlo a compañías mineras,termoeléctricas y las que se dedican a explotar en grande bosques y aguas.

El acuerdo al que llegaron es iniciar una movilización nacional en defensa de las tierras y riqueza nacional, así como defender los derechos de los trabajadores de los que serán despojados con la nueva ley laboral.

Entrega de millones de hectáreas

Ya antes habíamos platicado con nuestro amigo Gerardo Pérez Muñoz, uno de los líderes sociales más empeñosos en Puebla, en la defensa de las tierras que prácticamente son arrebatadas a los campesinos, principalmente indígenas.

Todo empezó con las reformas al artículo 27 constitucional, en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, 1994, que fue apoyada por diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional, entonces el más fuerte, incluyendo a los representantes de la CNC.

Las reformas mencionadas autorizaban la venta y expropiación de los ejidos, dejando a los campesinos inermes ante la embestida del capitalismo salvaje que entonces empezó a operar.

De entonces a la fecha, en los gobiernos de Salinas, de Ernesto Zedillo y de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, se concesionaron a empresas mineras, hidroeléctricas y de otro tipo, principalmente extranjeras (canadienses, estadounidenses, españolas y, desde luego, mexicanas) 96 millones de hectáreas, casi la mitad del territorio nacional, para su explotación industrial durante los próximos cincuenta años.

Dice Gerardo Pérez Muñoz que oficialmente se habla de 52 millones de hectáreas, según el comisionado nacional para atención de los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz.

El problema radica en la devastación que esas concesiones van a ocasionar al territorio nacional, ya que se pone a la minería por encima de cualquier otra actividad, señalándola como de interés público.

Hay registradas 30 mil concesiones mineras en todo el territorio nacional, que en los próximos 20 años habrán sacado más oro y plata del país, que el que fue saqueado durante le época colonial española que duró 300 años.

Muchas de las explotaciones mineras son a cielo abierto, lo que provoca una devastación enorme no sólo de los bosques, sino del agua, ya que los empresarios contaminan todas las fuentes de abastecimiento del preciado líquido, con el mercurio y el cianuro que utilizan en la explotación de los metales preciosos.

No hay ningún beneficio para los habitantes de los pueblos que llegarán a una situación de pobreza extrema, pues perderán la riqueza mineral de la que deberían ser únicos poseedores; la riqueza forestal de los bosques que cubren las zonas en explotación y perderán sus fuentes de abastecimiento de agua al quedar contaminadas.

Los campesinos afectados se oponen también por razones similares a la instalación de plantas hidroeléctricas, pues les quitarán el recurso más preciado que es el agua, para beneficio de las grandes empresas productoras de electricidad.

En el último informe de Felipe Calderón, de septiembre de 2012, se dice que se han dado 312 concesiones hidroeléctricas, cien más que el número de municipios que tiene Puebla.

El 77 por ciento de las explotaciones mineras se han entregado a empresas canadienses. Hay que tener en cuenta que cuando se hace la reforma a la Ley de Minería de 1994, se autoriza hasta el cien por ciento de capital extranjero en este tipo de empresas. En el estado de Puebla, estas empresas canadienses tienen concesionadas en Ixtacamaxtitlán, 50 mil hectáreas.

En reciente reunión del Tribunal Permanente de los Pueblos, efectuada en Cuernavaca, capital de Morelos, se habló de los grandes problemas que confrontan ya varios de los estados afectados.

Sin embargo, afirma Pérez Muñoz, la élite gobernante se desentiende de esos problemas que afectan a 24 estados de la república, que tienen ya comprometida para los próximos 50 años (medio siglo) gran parte de su territorio, para explotación minera, hidroeléctrica y eólica, por empresas mayoritariamente extranjeras.

Habrá manifestaciones y se implementarán otras formas de lucha a lo largo del territorio nacional para hacer entender a las autoridades que los campesinos, sobre todo indígenas, no están dispuestos a permitir que sean violentados sus derechos en aras de un supuesto progreso que a ellos es a quienes menos beneficia.

Todos perdieron

Continuando, porque todavía da para más, con el tema de las pasadas elecciones, políticos de varios años atrás nos dicen que en realidad todos los partidos y la llamada “clase política” salieron perdiendo.

Las alianzas entre partidos tan diferentes ideológica y programáticamente como el PAN y el PRD confundió a los electores y por eso la abstención, por ejemplo en el municipio de Puebla, fue del 62 por ciento.

Antonio Gali, el candidato triunfador, obtuvo el 21 por ciento de los votos contra el 18 por ciento y algo más, obtenido por Enrique Agüera, de la coalición PRI-Verde Ecologista.

Ni siquiera se movieron las organizaciones del famoso voto duro. Confusión, desencanto, desconfianza y hartazgo, fueron las causas de los magros resultados de la jornada electoral pasada en la que todos salimos perdiendo.