La razón es muy simple, entre los habitantes del vecino municipio de Puebla-capital hay un fuerte sentimiento de arraigo, derivado de sus tradiciones y cultura, que no han abandonado durante décadas y de los razonamientos legales que presentan. Van a luchar hasta lo último para defender su territorio del que creen se les pretende despojar.

Los integrantes de la actual diputación local no entienden nada de eso, como se ha visto a lo largo de su actuación de ya casi tres años.

Ayer, más de mil habitantes de San Andrés estuvieron en esta capital. Desfilaron por la avenida Reforma hasta llegar al zócalo, donde realizaron un mitin y luego se dirigieron al palacio legislativo, en la 5 Oriente, para entregar un pliego de siete peticiones.

Los manifestantes representaban a todos los grupos sociales de la población, había profesionistas, campesinos, artesanos, comerciantes, entre otros.

Platicamos con algunos de ellos. Los vimos realmente molestos y denunciaron que de lo que se trata es de despojarlos de un territorio que desde tiempo inmemorial les ha pertenecido.

San Andrés Cholula existió antes que la ciudad de Puebla y el problema es que en 1993, durante el gobierno del licenciado Manuel Bartlett Díaz, se aprobó un programa denominado Reserva Territorial Angelópolis, cuyo objetivo fue darle una utilidad pública buscando el ordenamiento que presenta el desarrollo general (habitacional, comercial, industrial y de servicios) integrando a los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Tlaxcalancingo y Puebla.

Para esto se expidieron dos decretos: uno de expropiación territorial de ejidos, publicado en el Periódico Oficial los días 30 de abril y 4 de mayo de 1992, correspondiendo el primero a San Andrés Cholula, a quien se le expropiaron 696 hectáreas y el segundo a Tlaxcalancingo, al que se le expropiaron 140 hectáreas, esto por utilidad pública, es decir, incorporar y constituir la reserva territorial que permita el ordenamiento de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, no del municipio.

Las autoridades de los cuatro municipios firmaron un convenio en 1995, comprometiéndose a integrar un subprograma que fortaleciera y permitiera alcanzar el objetivo y finalidad del programa Angelópolis.

El éxito alcanzado por el proyecto hizo que se buscara evitar, lo que ahora pretende el Ayuntamiento del municipio de Puebla, por lo que el 3 de marzo de 2001 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley Orgánica Municipal a través de los artículos 4, 5 y 6, que señalan que los municipios conservarán el territorio que cada uno tiene.

El 15 de diciembre de 1995 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una modificación al artículo 115 constitucional, que establece que los ayuntamientos elevan su categoría a la de autoridad, dejando de ser entes adminitrativos y por lo tanto los congresos legislativos locales deben ajustar sus leyes y su Constitución, acorde a esta reforma constitucional.

“Nuestro municipio, que no es una franja de 8.5 kilómetros, ni una minoría de 45 mil habitantes, somos todos y todo nuestro territorio y no somos un pastel para que se reparta a conveniencia, por lo tanto lo defenderemos y no cederemos ni un centímetro”, señalaron.

“Formamos parte de la zona conurbada, cumpliremos con las responsabilidades adquiridas por nuestras autoridades en este aspecto, entre las que no están la de ceder parte de nuestro territorio al municipio de Puebla ni a ningún otro”.

Como vimos a los sanandreseños, las cosas podrían ponerse color de hormiga y sería mejor que los diputados pensaran bien lo que van a hacer, que estudien el problema, le vean las aristas que presenta y resuelvan conforme a derecho. Sabemos que es mucho pedir, pero deben hacer un esfuerzo para evitar conflictos graves en el futuro inmediato.

Otro problema que puede complicarse

Hay otro problema que se puede complicar si la dirigencia del Sindicato de Burócratas del Estado insiste en dejar sucesor a modo, es el de la elección de la nueva directiva de dicho sindicato.

Las cosas ya se están poniendo al rojo vivo y ayer se provocó un fuerte descontento entre los trabajadores al servicio del estado que están adheridos a la organización sindical que dirige Héctor Posadas Manzano, al ser cesados como trabajadores tres de los cuatro candidatos llamados independientes. Se trata de Miguel Ángel Carreón, de Finanzas; de Laureano Galindo, de Sedesol y Martha Rodríguez Salinas, nada más y nada menos que de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Lo que pretende el dirigente Posadas Manzano es dejar en su lugar, nos dicen, a una gente suya, para que le cubra su retirada. Tiene ocho candidatos de donde escoger y trata de formar con ellos una planilla única, para que todos queden dentro, eliminando desde luego a sus cuatro o cinco opositores.

En otros tiempos el que un dirigente dejara un sucesor era normal, pero ahora las cosas están cambiando y un problema como éste puede provocar problemas serios al gobierno estatal de los que don Héctor no se haría responsable, ni podría detener. Urge la intervención de la Secretaría General de Gobierno, no en la vida sindical de los trabajadores, sino para evitar que los problemas y las antipatías que el dirigente sindical ha acumulado a lo largo de sus años de reinado, se trasmitan o contaminen al gobierno. Hay que tener presente que en la actualidad, las protestas y los reclamos de la gente que se siente agraviada son parte de la cotidianeidad. Es mejor parar a tiempo que esperar que todo se complique y la solución sea más difícil.