El procurador Víctor Carrancá Bourget y el secretario del Transporte figuran como víctimas propicias de los diputados tricolores en el Congreso local que buscan reafirmar su condición de opositores a los ojos de Ivonne Ortega, secretaria general del CEN. La lista de pendientes y fracasos de ambos es tan grande que, prácticamente, se convirtieron en los peores integrantes del gabinete morenovallista. Se entiende la cortesía de no agredir ayer a Fernando Manzanilla Prieto porque nobleza obliga. Pero Carrancá y Bernardo Huerta son fácilmente acribillables en la glosa del segundo informe. Si Edgar Salomón Escorza y compañía no exhiben a los peores funcionarios del gobierno estatal, ¿cómo podrán presumir ante el CEN que siguieron sus instrucciones a cabalidad?

La suerte que acompaña a Ardelio Vargas le permitió abandonar Seguridad Pública para incorporarse al gobierno federal justo antes de su comparecencia, pero dejó como blanco único al procurador Carrancá para explicar el incremento de la incidencia delictiva en la entidad, especialmente el robo con violencia. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, al finalizar 2012 Puebla se ubicó como la cuarta entidad del país con el mayor número de delitos, solamente superado por el Estado de México, Distrito Federal y Baja California. Pero en materia de robos con violencia nos convertimos en la tercera entidad del deshonroso ranking nacional. ¿Qué puede decir a todo Carrancá?

La persecución de los delitos tampoco es el fuerte del procurador. En sus narices, Javier García Ramírez, el prófugo más famoso de la entidad, se pasea todos los días por Veracruz sin que ningún policía judicial lo moleste. Tampoco pudo detener a los homicidas del empresario y coordinador de finanzas del PRI estatal, Antonio Haces, y mucho menos al asesino material de la activista Agnes Torres. Una lista que puede ampliarse hasta el infinito porque la cifra negra de la impunidad, las averiguaciones previas que no llegan a ningún lado, es superior al 70 por ciento. En otras palabras, apenas tres de cada 10 averiguaciones terminan con algún tipo de conclusión por el Ministerio Público. ¿Y de ellas cuántas terminan con sentencia de culpabilidad?

El procurador Carrancá, ante el Pleno del Congreso, también deberá responder por una papa caliente generada por él mismo: el escabroso asunto de la venta de preliberaciones en la última parte del sexenio marinista. Una averiguación previa ya consignada con tres sospechosos principales: Valentín Meneses, Filiberto López Zavala e Indalecio Cuesta Torres. Pero del anuncio ya corrieron tres semanas. O fue el petate del muerto mediático, o en verdad habrá alguna acción persecutoria y el exsecretario de Gobernación se habrá fugado de la misma forma que lo hizo Javier García Ramírez.

Con tantos asuntos pendientes, Carrancá Bourget se reunió previamente con los diputados locales. Su objetivo es planchar su comparecencia, cabildear antes de que se le venga encima. ¿Habrá tenido éxito, especialmente con los diputados tricolores? ¿Se van a poner suaves como mininos?

Bernardo Huerta no recibirá un trato mejor. Inexplicablemente, en el secretario de Transporte recaen todos los proyectos polémicos del gobierno estatal, ya sea por su infuncionalidad o negligencia. El metrobús, a casi a un mes de su puesto en marcha, es un clamoroso fracaso. Entre los poblanos que se niegan a respetar las nuevas reglas viales, la incapacidad de la secretaría para poner en marcha las rutas alimentadoras y el sistema de prepago, sacar de la circulación a las que corren en paralelo, así como asegurar la frecuencia de paso a 5 y no 20 minutos, la opinión general es que deja mucho que desear. Y para colmo, ahora la empresa de los concesionarios defrauda a sus empleados a través de un esquema de subcontratación. Peor, imposible.

Sobre los hombros de Huerta Couttolenc también recae el cuasi fallido teleférico, suspendido provisionalmente por orden del Poder Judicial federal. El viernes el proyecto tendrá un momento definitivo, pero también depende de la resolución final del INAH a cargo de Sergio Arroyo. El titular de la ST, como “El Borras”, se aventó el arranque del proyecto sin tener los permisos ni del organismo federal ni del Ayuntamiento. Jurídicamente es un flanco débil y costoso electoralmente en caso de cancelarse definitivamente.

Por último, Bernardo Huerta también es responsable de la polémica Noria gigante que costará 200 millones de pesos. ¿Qué tiene que ver la Ruedota de la Fortuna, un proyecto turístico, a cargo de la Secretaría del Transporte? Lo ignoro, a menos que sea por su carácter itinerante por toda la entidad. El caso es que se aventó a comprar la Noria, otra vez, sin tener los permisos del INAH. Y ahora el proyecto carece de sentido y coherencia.

Pese a todos sus dislates, Bernardo Huerta es un secretario que vive feliz y quitado de la pena. Claro, a diferencia de sus compañeros que sí trabajan como Gali, Manzanilla, Aguilar Chedraui, Moya, Cabalán o Trauwitz, tiene el privilegio de que su pareja sentimental sea la contralora. El amor, literalmente, lo blinda.