Wednesday, 23 de October de 2019


Las auténticas razones del por qué se suspendieron los juicios orales




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Pero entre la salida de Enrique Quiroz, subsecretario jurídico de la SGG, la llegada de nuevos funcionarios que arribaron con la espada desenvainada a la CEAMPAJ, a Francisco Fierro Sosa se le hizo bolas el engrudo y nunca terminó de amarrar las donaciones de los terrenos en Huauchinango e Izúcar. Así de fácil

El flamante director de la CEAMPAJ, el organismo responsable de la implementación de los juicios orales, se ganó un monumento al cinismo. Francisco Fierro Sosa, compareciendo ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso para explicar el retraso en el calendario del nuevo sistema de justicia penal, al grado de que el Ejecutivo debió promover una reforma al código penal para diferirlos, se justificó bajo el hecho de que es un recién llegado al cargo, hace un par de meses. Que ignora todo lo que se hizo ahí, las causas de por qué no se puede arrancar en los distritos judiciales de Huauchinango e Izúcar, así como el subejercicio que envía la Setec para implementar la reforma.

 

 

Por supuesto, mintió a los diputados: nadie mejor que Fierro Sosa conoce las entrañas del monstruo ya que el procurador Carrancá lo nombró su representante personal en la CEAMPAJ desde el arranque de sexenio. Acudió a cada una de las reuniones durante los últimos tres años, así como Volga de Pina, quien representaba al TSJ. ¿Y ahora resulta que no conocen las causas del retraso?

 

 

Peor aún: Francisco Fierro Sosa, previo al arranque del morenovallismo, fue el secretario ejecutivo de la CEAMPAJ precisamente con… Mario Marín desde 2008 hasta 2010. Fue suya la responsabilidad de que en el presupuesto 2011 no se incluyera ningún dinero para arrancar la implementación, de tal forma que cuando Fernando Manzanilla y su subsecretario Enrique Quiroz llegaron, tuvieron que empezar de cero. Pero una mano misteriosa lo rescató del desempleo, e incluso lo elevó a director de Capacitación en la PGJ, donde se ganó la confianza del procurador Carrancá, quien lo nombró su enlace para todo lo relacionado con la reforma judicial.

 

 

Doble culpa: en la PGJ, Fierro Sosa era el responsable de capacitar a los ministerios públicos en el denominado sistema adversarial, precisamente, de acuerdo al calendario gradual que fijó la CEAMPAJ para armonizar los recursos humanos, técnicos y de infraestructura en un lapso de cuatro años. Ahora ese calendario se ha interrumpido, y por necesidad la culpa recae en la Secretaría General de Gobierno, de Luis Maldonado, aunque el pretexto oficial es esperar la aprobación del Código Penal Único para todo el país, algo que todavía está lejos de concretarse.

 

 

¿Cuál es la causa real de la suspensión del arranque de los juicios orales en Huauchinango e Izúcar?

 

 

Pues simple y sencillamente que no hay instalaciones en esos municipios. Una parte trascendente del nuevo sistema de justicia penal es la creación de infraestructura adecuada para la realización de los juicios orales, así como la capacitación a jueces especializados, ministerios públicos y, por supuesto, litigantes así como la adquisición de tecnología para fortalecer la fase probatoria. Todo ello se concentra en Casas de Justicia, como la que a tiempo sí se inauguró en Teziutlán e incluso fue señalada como ejemplo nacional por la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), María de los Ángeles Fromow Rangel.

 

 

Pero entre la salida de Enrique Quiroz, subsecretario jurídico de la SGG, la llegada de nuevos funcionarios que arribaron con la espada desenvainada a la CEAMPAJ, a Francisco Fierro Sosa se le hizo bolas el engrudo y nunca terminó de amarrar las donaciones de los terrenos en Huauchinango e Izúcar. Así de fácil.

 

 

En el caso de Huauchinango, aunque el alcalde Martínez Amador les hizo una propuesta que finalmente se le quedó a la Secretaría de Seguridad Pública. Después se ubicó otro cerca del Cereso, pero el trámite jurídico está detenido en la Subsecretaría de Administración. De momento, Fierro no ha destrabado nada. En el caso de Izúcar, el alcalde le dio con la puerta en las narices y ya le advirtió que no va a donar ningún terreno por la soberbia con la que se ha comportado con sus funcionarios, en especial con su síndico.

 

 

Pero lo peor es que, por lo menos, en el distrito judicial de Huauchinango sí pudo haber arrancado el nuevo sistema de justicia penal. En Zacatlán fue ubicado un inmueble que tenía las características necesarias y solamente requería ciertas adecuaciones. Pero desde el 9 de julio, el día que llegó a la CEAMPAJ, Fierro lo descartó sin dar mayores razones.

 

 

Un funcionario público no debería mentir a los diputados. Sin embargo, Fierro Sosa lo hizo. Y se rio bastante de ellos.

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