Durante la inauguración del bulevar Benito Juárez en el municipio de Xicotepec, la diputada federal Guadalupe Vargas hizo un extrañamiento singular a nombre de la fracción tricolor en San Lázaro: el gobernador Moreno Valle, a diferencia de lo ocurrido en 2012, no los había invitado a analizar el proyecto de Presupuesto Federal para el 2014, así como la carpeta de proyectos prioritarios para las diferentes regiones. “No hemos tenido ninguna conversación con el gobernador acerca de este tema, nosotros seguimos esperando que se nos convoque (...) y aunque seamos priistas y él de otra corriente ideológica, tenemos que votar por un presupuesto para el estado (…) tenemos una de las bancadas más grandes del país”. La diputada federal y los otros 13 poblanos restantes se quedaron esperando, la invitación nunca llegó, pero no fue un veto del gobernador poblano, sino un atraso en el reloj político del país.

En efecto, el regreso del PRI a Los Pinos, como proyecto de restauración de un pasado (semi) glorioso, es también un retorno al modelo centralizador, la vieja estructura piramidal del PRI. A diferencia de lo ocurrido en los dos sexenios gobernados por el PAN, el Presupuesto Federal no se negocia en San Lázaro, en el cabildeo de los gobernadores con las comisiones de Egresos e Ingresos. No. Los dineros se negocian en la Secretaría de Hacienda con Luis Videgaray, con negociaciones en corto. Se acabó la romería y las delegaciones en San Lázaro. Todo va con el poderoso “Vicegaray”, como lo llamó Raymundo Riva Palacio.

En otras palabras: ya no importa el número de diputados federales que trae cada gobernador, así como su capacidad de cabildeo. Las prioridades regionales ya no son importantes, y ni siquiera se escucha la opinión de los diputados federales, ya que per se se entiende que votarán a favor. No tienen de otra en la estructura piramidal, si es que quieren continuar su carrera política. El voto autónomo de los legisladores es imposible dentro de la maquinaria tricolor.

Un ejemplo.

La propuesta presidencial incluida en la reforma hacendaria de incrementar el IVA en las zonas fronterizas de 11 al 16 por ciento para homologar la tasa en todo el país, tiene colgados de la lámpara a los diputados federales del PRI en la zona norte, así como en Chiapas y Quintana Roo. Su voto a favor será una losa para su carrera política, pues nunca prometieron a sus electores ese incremento del impuesto al consumo. Los gobernadores de los estados perjudicados están que trinan, y los empresarios de ésas zonas acusan la pérdida de competitividad, empleos, así como posible cierre de empresas, ya que el consumo se moverá al gigante del norte.

Pero nadie se queja en público. Los gobernadores de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas o Quintana Roo no hacen cabildeo en San Lázaro, ni envían a sus diputados a hacer declaraciones tronantes en contra de una medida que será altamente impopular en esas zonas. Todo el cabildeo es privado, algunos privilegiados como César Duarte, mandatario de Chihuahua, tienen el privilegio de ser recibidos en Los Pinos para dialogar del tema con Peña Nieto. Los menos son recibidos por Luis Videgaray, y los más, solamente les queda quejarse con Manlio Fabio Beltrones.

Otro ejemplo.

A ningún gobernador del país, sea priista, panista, perredista o aliancista les cayó en gracia la idea de que los fondos para educación y servicios de salud, más del 60 por ciento del presupuesto federal que reciben, sean administrados por la Federación y el dinero sólo exista contablemente, de donde será descontado para pagar los sueldos de los maestros y hacer compras consolidadas de medicamentos. Pero tampoco nadie se ha quejado en público: el buzón de quejas se encuentra en la oficina de Luis Videgaray. Ahí es el único lugar donde puede hacerse cabildeo.

En los tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la mayoría de gobernadores eran del PRI y ejercían presión a través de sus propios legisladores. Encarnación de ese poder es el propio Enrique Peña Nieto, quien además de sus 40 diputados federales del Estado de México, cooptó a los que surgían de los estados gobernados por el PAN y el PRD. En la Legislatura 2009-2012 llegó a controlar alrededor de 150 legisladores, casi un tercio de San Lázaro. Con ese poder colocó a Luis Videgaray en la presidencia de la Comisión de Presupuesto, y reasignaron fondos a placer para beneficiar, precisamente, a los estados del PRI.

Pero la reasignación de fondos llegó a su fin, así como el cabildeo de los gobernadores y su presión a través de los diputados federales. Hoy todos los caminos conducen a Hacienda, y la única puerta para negociar es la de Luis Videgaray.