En su primer informe de gobierno, previo a la presentación de la reforma hacendaria y ya con la energética puesta sobre la mesa, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el futuro del país se jugaba en 120 días cruciales en los que se definirían las modificaciones más ambiciosas de los últimos años. Los desastres naturales en varios estados provocados por los huracanes “Manuel” e “Ingrid” pusieron un impasse a discusión política, pero el reloj sigue avanzando. En realidad, el calendario legal le juega una trastada al PRI, ya que la constitución impone el 15 de noviembre como fecha perentoria para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, apenas quedan cinco semanas y, naturalmente, antes del PEF habrá de aprobarse la polémica ley de ingresos que tiene parados de manos a distinguidos sectores de la oligarquía nacional, entre ellos refresqueras, universidades privadas y cúpulas empresariales.

Los partidos de oposición le han añadido complejidad al entramado legislativo al condicionar una reforma política que incluya segunda vuelta en la elección presidencial y de gobernadores así como la nacionalización del IFE, a la aprobación de la reforma hacendaria y energética del presidente. Si la madre de todas las negociaciones implica intercambiar posiciones en los entrados electoral, financiero y energético, necesariamente todo deberá quedar pactado entre la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto. Es decir, el límite es el mismo 15 de noviembre. Peña Nieto tiene cinco semanas para vivir o morir al mismo tiempo que sus reformas.

¿Tiene capacidad el sistema político para procesar las reformas hacendaria, energética y político-electoral en apenas cinco semanas? ¿Pueden armonizarse intereses empresariales, sociales, regionales, con esa celeridad? ¿Los intereses políticos antagonistas de los partidos y grupos de presión? ¿Incluso armonizar las expectativas de los gobernadores y presidenciables de todos los partidos? ¿Todo en cinco semanas?

No queda claro que el sistema político pueda procesarlo todo si tomamos en cuenta que en los últimos 20 años se ha avanzado a paso de tortuga desde la apertura económica del salinismo. Desde el Tratado de Libre Comercio realmente ha habido pocos de gran calado, sino la profundización de muchos de los cambios económicos que benefician a la oligarquía. Si en 20 años no se pudo hacer mucho, ¿qué se podrá hacer en cinco semanas?

El impasse de tres semanas provocado por la contingencia climática tuvo un efecto rebote: todos los flancos opositores tuvieron tiempo para reorganizarse mientras Peña Nieto y sus funcionarios atendían víctimas y daños. Los empresarios tienen todo preparado para resistir las modificaciones fiscales. Cuauhtémoc y López Obrador alcanzaron la convergencia de sus postulados en torno a las modificaciones a Pemex y ya son un frente común de la izquierda. Los gobernadores andan moviditos cabildeando bajo para impedir la pérdida de los fondos educativos.

Y lo más inquietante no ocurre en el sistema político, sino en la oposición que se mueve en las calles. ¿Quiénes, los autodenominados anarquistas? Abiertos partidarios de la violencia, encapuchados, cuasi entrenados. ¿A qué intereses obedecen? ¿Quién los organizó y los preparó? Y lo más importante: ¿quién los financia?

¿Qué están preparando esos agentes resistentes a las reformas que apuestan por la violencia?

El campo de batalla es amplio para Peña Nieto y el tiempo es poco. Ni el mejor ajedrecista podría resolver la situación, con el componente añadido que una de sus principales piezas operadoras se encuentra lastimada. Luis “Vicegaray” es quien se ha llevado la peor parte en estos meses por el comportamiento recesivo de la economía que no ve perspectivas de mejora. También Osorio Chong sufre el desgaste de la CNTE, pero en la medida en que la movilización se normaliza, tiene un respiro que le dará aire suficiente para enfrentar las exigencias del PAN y PRD en el marco del Pacto por México que propone definir un marco aceptable para todos en la reforma política.

Una última consideración es que el PRI requiere mayoría constitucional para aprobar la reforma energética, por lo que requiere el voto afirmativo o del PAN o del PRD. Pero ni siquiera eso garantiza, porque las bancadas de diputados y senadores se encuentran muy divididas. Los dirigentes nacionales todavía no pueden garantizar el voto de todo su rebaño, y no se descartan rebeldías.

Con cinco semanas para morir o vivir, Peña Nieto tendría que empezar a pensar en elegir cuál es la batalla que va a librar, porque si todas se procesan al mismo tiempo, puede terminar en reformas lights que no dejen conforme a nadie, pero acaben costándole lo mismo al PRI.