Tuesday, 04 de August de 2020


Ser diputado federal es un negociazo, no por los sueldos, sino por las mochadas




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Un poblano puede contar mucho al respecto, presidente de la Comisión de Hacienda. Jorge Estefan Chidiac y su coordinador parlamentario, Emilio Gamboa Patrón, se encargaron de surtir de dinero al proyecto de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, quien fue bastante agradecido y generoso con ambos. El negocio continuó con Luis Videgaray

Probablemente el ciudadano de a pie no alcanza a dimensionar el escándalo de las mochadas legislativas que, colocado en la agenda pública por el diario Reforma, en realidad es una práctica común por lo menos desde hace seis o siete años. En el centro del modus operandi se ubica a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como a los que integran las comisiones de Hacienda y Presupuesto, puente natural de la negociaciones. Personajes cercanos a estos legisladores, incluso familiares, ubican a rectores, alcaldes, gobernadores, así como a sus secretarios de Finanzas o tesoreros. Ofrecen intermediación a cambio de un porcentaje de las reasignaciones que logren a su favor: 10 por ciento es lo usual, aunque en los momentos de mayor voracidad llegó a alcanzarse el 20 por ciento. Si alguno de estos pesos pesados consigue 300 millones, digamos que para un hospital, tiene derecho a llevarse 30 kilos como premio a sus influencias. Cada año los legisladores federales logran en promedio reasignaciones por 20 mil, 30 mil millones, no más del 5 por ciento de todo el Presupuesto Federal. En “mochadas”, como si fuera un casino, se juegan de 2 mil a 3 mil millones a repartir entre los 500 de la clase parlamentaria.

 

 

Ser diputado federal es un gran negocio. ¿O alguien no lo pensaba? ¿Por qué alguien invertiría de 10 a 20 millones de pesos en una campaña si no espera una tasa semejante de retorno? El negocio de la representación legislativa no está en los altos sueldos y bonos que de por sí tienen, sino en el dinero oscuro que reciben cabilderos, constructores, grupos de presión. Y claro, los gobernadores y ediles extorsionados.

 

 

Las “mochadas” legislativas tienen una cascada de impactos. Quienes no aceptan la extorsión, se quedan sin posibilidades de construir obra pública para sus ciudadanos. Quienes sí aceptan, para poder obtener su propia comisión, reducen el tamaño de los proyectos o la calidad de la obra. Así vienen derrumbes, inundaciones, calles con baches, unidades habitacionales sin drenaje, hospitales sin instrumental. El dinero es el aceite que hace girar la rueda.

 

 

El escándalo de las “mochadas” legislativas va a salpicar a muchos legisladores federales, no solamente de esta legislatura, sino la de dos anteriores. Y es que por más que el diario Reforma concentre su fuego en el coordinador panista Luis Alberto Villareal, no fue él quien inventó el mecanismo más corrupto —y lucrativo— de los últimos años. En la red de complicidades se ubica no únicamente a los diputados albiazules, sino que la práctica corroe a los de todos los partidos, incluido PAN, PRD, Verde y Nueva Alianza.

 

 

Las “mochadas” son el verdadero argumento por el que Luis Videgaray prohibió el cabildeo abierto de gobernadores y alcaldes en San Lázaro para frenar una práctica que arrancó en los sexenios presidenciales del PAN. El origen del negociazo puede ubicarse en la legislatura del 2003 a 2006, pero su consolidación ocurrió del 2006 a 2009 y su epicentro ocurrió en la Comisión de Presupuesto. Los priistas, a cambio de su voto a favor, exigieron a Hacienda más recursos para los estados y municipios que gobernaban, quienes a su vez los premiaban con el 10 por ciento de comisión.

 

 

Un poblano puede contar mucho al respecto, presidente de la Comisión de Hacienda. Jorge Estefan Chidiac y su coordinador parlamentario, Emilio Gamboa Patrón, se encargaron de surtir de dinero al proyecto de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, quien fue bastante agradecido y generoso con ambos. El negocio continuó con Luis Videgaray que, como diputado federal, presidió la Comisión de Presupuesto entre 2009 y 2012, donde acabó de consolidar el proyecto mexiquense rumbo a Los Pinos, fortaleciendo financieramente a gobernadores y alcaldes tricolores, comisión de por medio.

 

 

Luego de ver cómo engordaba la cartera de los legisladores tricolores sin que trascendiera a la opinión pública el mecanismo de enriquecimiento, panistas y perredistas también decidieron entrarle al negocio. Y qué decir de verdes, panalistas y hasta petistas. Nadie se satisface, nadie se llena. Luis Alberto Villareal es apenas uno de los engranajes del sistema que alimentaron Héctor Larios y luego… ¡Josefina Vázquez Mota! que hoy se desgarra las vestiduras por la corrupción en su partido y demanda la destitución del coordinador parlamentario en San Lázaro, sin hablar de que ella formó parte del sistema de comisiones para construir sus lealtades rumbo a la candidatura presidencial.

 

 

El escándalo de las “mochadas” legislativas nos deja dos grandes lecciones. Una, que el sistema político está lleno de cínicos, desvergonzados, capaces de señalar con dedo flamígero de lo que ellos mismos se han beneficiados. Dos, que ser diputado federal es un negociazo que no pasa necesariamente por sus sueldazos, aguinaldos y prestaciones, sino por lo que ocurre tras bambalinas del sistema político: ríos y ríos de dinero que aceitan los acuerdos y minan las desavenencias. Una vida VIP en la cúpula que toma las decisiones para el resto de los hambreados de México.

 

 

Si no fuera trágico, sería cómico que los diputados federales señalen ¡al ladrón, al ladrón! para distraer al ciudadano mientras el resto de los pillos huye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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