La corrupción prevaleciente entre los elementos de la Dirección de Vialidad estatal obligó al gobierno morenovallista a reestructurar el área y adscribir a la mayor parte de los 600 agentes que la integraban a la Policía Estatal Preventiva en el marco del Programa Anticorrupción. Por ello, ya no están facultados para infraccionar a los automovilistas que transitan en la entidad, ya que como parte de la reestructuración esa facultad fue delegada esa responsabilidad a los cuerpos municipales.

Según la explicación que dio el secretario de Seguridad Pública en el estado, Facundo Rosas Rosas, de los más de 600 elementos que entre sus funciones se encargaban de esa parte, únicamente 105 se quedarán en apoyo en la zona metropolitana para multar a quienes sean identificados con las placas tapadas para evitar las sanciones que se derivan del programa Monitor Vial,que controla los límites de velocidad en las principales vialidades de los accesos a la capital.

El funcionario indicó en entrevista que la decisión de sumar a los elementos de Vialidad estatal a la Policía Estatal Preventiva —para brindar un mejor servicio y atención a los ciudadanos— lo tomó el gobernador Rafael Moreno Valle tras una medición que realizaron para detectar actos de corrupción, en la que se detectó que más de 80 por ciento de las “mordidas” que se dan, los ofrecen los ciudadanos, sobre todo a los agentes estatales.

Los porcentajes que dio coinciden con el estudio Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana 2012, el cual mide la percepción ciudadana del desempeño de los tres niveles de gobierno, marca que 68 de cada 100 personas dan “mordida” a los agentes de vialidad en general y 88 por ciento de los casos son los propios infractores los que ofrecen dádivas a los uniformados.

Asimismo dijo confiar que la decisión abone al programa Anticorrupción que inició hace un mes, con el fin de reducir el índice de actos indebidos en las corporaciones, además de detectar a quienes caigan en funciones irregulares.

Así, las 35 delegaciones quedaron agrupadas en ocho regiones y el área metropolitana.

Los uniformados que ya no multarán a lo largo de los más de 20 mil kilómetros de carreteras de jurisdicción estatal, apoyarán principalmente en la elaboración de peritajes en casos de accidentes viales, además de implementar programas y campañas preventivas de educación vial y auxiliarán a personas cuyos vehículos sufran averías.