En su lugar se han destacado sucesos que son realmente insustanciales, incluso triviales y banales.

El hecho de que se derrumban las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de María de los Ángeles Pineda Villa nos ofrece una fotografía de la catástrofe, el desastre de la justicia mexicana.

Luego de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas el aparato oficial se apresuró a acusar al matrimonio Abarca de la autoría intelectual del hecho.

Uno de los mayores crímenes en la historia del México contemporáneo se constituye en la sombra funesta y fatídica que siempre habrá de acompañar al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hombre afable, accesible, incluso afectuoso, el entonces Procurador Jesús Murillo Karam quedó rápidamente rebasado, desbordado por los hechos.

Desde un principio las versiones se atropellaron, se contradijeron. A las pocas horas de la desaparición, fue hallada una fosa clandestina con varios cuerpos. El “abogado de la nación” se apresuró a afirmar que eran de los estudiantes. La filtración se hizo en exclusiva al periodista Joaquín López Dóriga, quien así lo comunicó en su cuenta de twitter.

A las 48 horas tuvieron que aceptar que esos no eran los cuerpos de los normalistas. Desde entonces, en macabra cascada se sucedieron los hallazgos de decenas de fosas clandestinas. En algunos casos los restos fueron sometidos a los rigurosos estudios genéticos, en otros las fosas fueron cubiertas, para no causar mayor expectación y efervescencia a la búsqueda de los normalistas.

Hoy a siete meses de distancia queda claro que la integración de la indagatoria ministerial se hizo de la misma manera en que se abrían las fosas clandestinas: de manera burda, torpe, atropellada y sin orden, ni rigor.

Las acusaciones endebles, apresuradas en contra de María de los Ángeles Pineda Villa demuestran que la Procuraduría General de la República no guardó el debido proceso en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos.

Que estamos ante un desaseo ministerial catastrófico.

Que la más alta dependencia responsable de la justicia nacional tendrá que volver a iniciar al proceso en su contra; integrar testimoniales, documentales, peritajes de todo tipo para volver a acusar a la esposa de José Luis Abarca.

Los medios nacionales deliberadamente han omitido esta nota que es, tal vez, la más grave y delicada después de la desaparición de los estudiantes.

La liberación de una mujer que durante años fue sometida en condiciones de esclavitud; el terremoto en Nepal; la sensacionalista revelación de nuevos videos de Rodrigo Vallejo, hijo Fausto, conviviendo con el criminal Servando Gómez “La Tuta”; la reforma política en el Distrito Federal, todos han sido temas utilizados por los medios nacionales, para ocultar el verdadero desastre de la justicia en tiempos de Peña Nieto.

Los grandes sectores de la población ignoran que la señora de Abarca tiene un pie en la calle.

Estamos hablando de que la más grande investigación de la PGR en las últimas décadas se está derrumbando.

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