La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla a través de su departamento de Comunicación Social informó que sólo son 20 los policías estatales los que se encuentran en proceso de baja de la corporación al haber reprobado el examen de Control de Confianza.

No obstante, una de las afectadas argumenta que son 30 los compañeros cesados y, en lo que respecta a su caso,dice que fue dada de baja sin siquiera haber realizado las pruebas de dicho examen debido a que estuvo incapacitada por problemas renales que la aquejan y que avaló con certificados médicos.

A través de una carta enviada a este medio, la Secretaría de Seguridad Pública explicó que “no fueron aptos en Control de Confianza, 20 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”, esto a raíz de la información publicada por CAMBIO donde se daba cuenta que los despidos son parte de la reingeniería por el recorte presupuestal en las dependencias.

Ante ello la dependencia precisa que “La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece como requisito indispensable el ser apto en la evaluación de Control de Confianza para el ingreso, promoción y permanencia de quienes laboran en Instituciones de Seguridad y Justicia”.

Sin embargo, Paulina Azpiazu Peña, expolicía de Seguridad Vial del Estado y que fue notificada de su despido la semana pasada, explicó para El Sol de Puebla que “las autoridades de la SSP les notificaron a 30 elementos sobre su cese y les entregaron un oficio que indicaba que no eran aptos para continuar laborando”, diciéndoles que no habían pasado las pruebas de Control de Confianza.

Al respecto, ella indicó que no había realizado dichas pruebas debido a que tuvo incapacidad médica, por lo que la justificante de despido por parte de la dependencia no procede, además de que se les pretende dar de baja sin recibir la liquidación que estipula la ley, ofreciéndole “2 mil 500 pesos de aguinaldo y que podría cobrarlo hasta diciembre; además de que no tenía derecho a cobrar su prima de antigüedad porque no rebasaba los 15 años (sic)”.

Por la vía legal, Azpiazu Peña pretende iniciar una demanda por despido injustificado, mientras que junto a otros uniformados afectados durante este y anteriores recortes de personal tienen este día planeado realizar una protesta a las afueras de la Dirección de la Policía Estatal para que su caso sea revisado.