Tres secuestradores identificados como Vicente Xicoténcatl Muños, Arturo Gutiérrez Ávila y Jesús Muños Gutiérrez de 35, 31 y 26 años de edad, respectivamente, quienes asesinaron a su víctima, fueron capturados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a través de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI), pues en colaboración con autoridades de Tlaxcala, realizaron las investigaciones necesarias para dar con el domicilio de los maleantes.

El trío delincuencial privó de la libertad a su última víctima el 11 de febrero del año en curso, pues esperaron a que el hombre de 35 años saliera de su taller, donde se desempeñaba como eléctrico – mecánico,  sometiéndolo violentamente y comunicándose más tarde con la familia, exigiendo la cantidad de 2 millones y medio de pesos a cambio de su liberación.

Debido al temor que causaron sobre la familia, no dieron aviso a las autoridades, llegando a una negociación donde pagarían la cantidad de 370 mil pesos, los cuales fueron entregados en un punto estratégico del Parque Industrial Finsa, el 15 de febrero.

A pesar de haber pagado dicha suma a los secuestradores, la víctima no fue liberada, por lo que su esposa e hijos, el día 15 de febrero acudieron con las autoridades, quienes los direccionaron a las oficinas del DGADAI, para que se diera inicio a las diligencias correspondientes.

Siete meses después de haber reportado el secuestro, en colaboración con autoridades de Tlaxcala, la PGJ logró conseguir evidencias que permitieron la detención de los delincuentes, la cual se efectuó el 28 de septiembre en Tlaxcala. En el operativo lograron decomisar una camioneta Jeep, modelo 1999, en la cual fueron hallados rastros hemáticos que coincidían con la víctima.

Compraron predio con dinero pagado por la familia

Los secuestradores, aparentemente, adquirieron un terreno con el dinero que pagaron familiares de la víctima, mismo que fue investigado, ya que Vicente Xicoténcatl rentó una excavadora para cavar un hoyo, el cual cubrió de tierra posteriormente, sepultando en ese lugar los restos de la víctima que fue asesinada, a pesar de haber llegado a un acuerdo anteriormente.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Jurisdiccional, por lo que los próximos días se les dictará su sentencia, en la que podrían alcanzar una pena de 80 a 140 años de prisión.