Además de impugnar los candados en contra de la candidaturas independientes, la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma de la #LeyAntiBronco poblana también busca echar abajo las candidaturas comunes, en el plazo de diez días de precampaña y la ratificación hasta el 2019 de Miguel David Jiménez como secretario ejecutivo del OPLE, confirmó la lideresa estatal del PRI, Ana Isabel Allende, tal como lo adelantó CAMBIO desde el pasado viernes.

Con esto, la ex diputada federal reiteró que cuentan con todo el respaldo y apoyo de su líder nacional Manlio Fabio Beltrones, quien, dijo, está atento a todo lo que sucede en Puebla, de cara al inicio del próximo proceso electoral en el que se definirá al próximo gobernador de un año y ocho meses.

En rueda de prensa para explicar los puntos principales del expediente entregado al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Allende Cano aseguró que la acción promovida tiene el objetivo de que los derechos políticos-electorales de los poblanos sean respetados durante los comicios de la próxima elección, y no para beneficiar a través del tricolor a algún perfil en específico ajeno al partido, como así se ha mencionado en diferentes medios de comunicación.

En compañía del director estatal Jurídico, Mario Conde, y de la bancada de diputados locales del partido, la dirigente tricolor detalló que el documento presentando se centra en su mayoría hacia los candados excesivos que se les impusieron como requisitos para que un ciudadano pueda convertirse en candidato independiente, trabas que sólo existen en la entidad poblana de acuerdo al reformado Coipep y que son las más duras del país.

 “Las cuestiones de tiempo, la territorialidad, presencia de los ciudadanos en las juntas distritales, además, la ley es engañosa, no dice si es el tres por ciento de la lista nominal o el padrón electoral. El tres por ciento se quedaría porque hay un precedente en Tamaulipas pero las cuestiones que ya mencionamos se pueden eliminar”, indicó.

Por último, Conde Rodríguez agregó que el PRI tiene plena confianza que la SCJN emita un fallo a favor de los ciudadanos en Puebla y detalló que la resolución tendrá que realizarse en 90 días tras ser recibido el expediente, no obstante la Suprema Corte tendrá que notificarle al Gobierno del Estado y al Congreso local para contestar la controversia.