La Comisión Inspectora de la ASE del Congreso local llamará a comparecer por segunda ocasión a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco el próximo 10 de diciembre, pues consideraron que no fue suficiente el informe de 26 hojas en el que intentó justificar una serie de irregularidades bajo el pretexto de que se necesitaban realizar contratos de manera “urgente”.

En esta ocasión, la Comisión Inspectora buscará anticiparse a la alcaldesa y evitar que se niegue a contestar las preguntas de los diputados al indicar que deberá respetar los lineamientos previstos en el acuerdo tomado entre sus integrantes, evitando que se repita la escena que protagonizó la alcaldesa en su citación del 5 de octubre.

Los integrantes de la Comisión señalaron que la alcaldesa no dio cumplimiento al acuerdo que se realizó el pasado 30 de septiembre del 2020 y se le notificó el 1 de octubre del mismo año, pues durante su comparecencia del pasado 5 de octubre entregó un informe de 26 hojas y se retiró de la sesión sin dar más explicaciones a los diputados y diputadas.

Según el acuerdo de aprobado el pasado 30 de septiembre por la Comisión Inspectora de la ASE, son seis irregularidades principalmente las que deberá aclarar la alcaldesa ante los legisladores, derivadas de diversas denuncias ciudadanas que se han realizado, las cuales, están relacionadas con la adquisición de servicios o materiales.

El primer señalamiento radicaba en el subejercicio que presentó el Ayuntamiento de Puebla durante el 2019, el cual llegó a ser de más de mil millones de pesos; se encontraron irregularidades en sus procesos de licitaciones como un contrato entregado a Atelier Geometrique por 60 millones de pesos que estaba “amañado”.

Entre las anomalías se cuenta la adquisición de 15 mil juguetes por 615 mil pesos a la empresa Drorom Comercializadora para entregar en el 30 de abril del 2020 a niños sin hogar, pues no se tenía registro de que el Ayuntamiento los tuviera resguardados en alguna bodega; la falta de un proyecto ejecutivo para la remodelación del Centro Histórico con su ‘guardadito’ de 500 millones de pesos; y la adquisición de kits para la atención de COVID-19, así como ventiladores usados que pretendía donar y sus micro despensas.

 Para justificar sus “corruptelas”, la alcaldesa entregó un informe de 26 hojas donde señaló que los contratos para la atención de la contingencia se entregaron de manera directa al ser una situación de “urgencia”, al igual que el contrato de 60 millones para Atelier Geometrique. Además aceptó que entregó el contrato para la remodelación del Centro Histórico sin contar con un proyecto ejecutivo.