En su segundo año como presidenta municipal y a lo largo de todo 2020, Claudia Rivera Vivanco tocó fondo rodeada por sus escándalos de corrupción, así como el enfrentamiento con el gobernador Miguel Barbosa provocado por la protección a su titular de Seguridad Pública.

De acuerdo con encuestadoras como Massive Caller, la alcaldesa sólo tiene nueve por ciento de intención de voto para reelegirse y en su último dato del año, Mas Data señaló que los poblanos le dan una calificación reprobatoria de 4.3.

A lo largo de todo 2020, los escándalos rodearon a la alcaldesa en programas como microdespensas, kits de salud y ventiladores ‘baratija’; acusaciones falsas en contra de su ex empleada Beatriz Martínez Carreño; denuncias por violencia de género pese a que se ha declarado defensora de los derechos de las mujeres y de beneficiarse con obras públicas, abandonando así zonas con rezago en la capital.

Además de que su gobierno dejó ver la ineficiencia para controlar al ambulantaje, fallas para ejecutar la remodelación de la calle 5 de Mayo y no saber ejercer el recurso público, ya que por segundo año consecutivo terminó con un subejercicio de más de 2 mil 142 millones de pesos. Esto le valió a la presidenta municipal ubicarse entre los peores ediles del país durante 2020.

Para cerrar el año, Rivera Vivanco decidió pavimentar su propia calle con 12.3 millones de pesos para dignificar la vivienda de la que es copropietaria en la 6 Poniente, en el barrio de San Miguelito.

Los problemas entre el gobernador Miguel Barbosa Huerta y Claudia Rivera Vivanco se generaron debido a que la presidenta se negó a sustituir a la actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Lourdes Rosales Martínez, por Carla Morales Aguilar, lo que provocó que el Gobierno del Estado emitiera un decreto para asumir el mando de la Seguridad Pública en la capital por tiempo indefinido y en el que se especificó que no se requería la aprobación del Cabildo.

Desde entonces, la alcaldesa se envalentonó y demandó a Miguel Barbosa Huerta ante el IEE por una supuesta violencia política de género, además acudió a la SCJN para devolver el tema del mando de Seguridad y las atribuciones al gobierno municipal, considerando las críticas del mandatario por su nulo trabajo en el Ayuntamiento como agresiones personales.

El enfrentamiento entre ambos se trasladó al Palacio Municipal, ya que después de terminar el acto cívico del Grito de Independencia, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, Rivera Vivanco realizó su propio grito rodeada de sus funcionarios municipales.

De manera inmediata la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco mandó a pavimentar la calle 6 Poniente, donde se ubica el domicilio con número 1504 del cual es copropietaria, por lo cual puede ser acusada por el delito de peculado al beneficiarse con dinero del presupuesto municipal.

A pesar de que cientos de calles de la capital se encuentran en el olvido, con baches y en unas sin pavimentación y banquetas, el gobierno de Rivera Vivanco decidió invertir 12 millones de pesos para rehabilitar la vialidad, recurso que será destinado para la empresa Obra Civil y Urbanización del Sur Miccsa SA de CV, quien en tiempo récord logró obtener el fallo de la licitación.

Sin embargo, Claudia Rivera Vivanco en su intento de justificar la obra mintió, pues dijo que la calle fue abandonada por más de 25 años por lo que estaba en pésimas condiciones y no contaba con banquetas, a pesar de que videos realizados por distintos medios de comunicación demuestran lo contrario, asimismo comentó que la rapidez de la obra se generó ya que es una necesidad de comerciantes y transportistas quienes serán beneficiados.

Los propietarios del domicilio número 1504 son Claudia Rivera Vivanco, sus hermanos Teresa, Gabriela, David y Daniel y su mamá Eloísa Vivanco, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad en poder de CAMBIO.

A pesar de que Claudia Rivera Vivanco se dice protectora de los derechos de las mujeres, en 2020 recibió dos denuncias por violencia política de género por parte de las ex funcionarias Yasmín Nalleli Flores y Karina Hernández Sánchez, una a través del Instituto Electoral del Estado y la segunda mediante una carta dirigida al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En septiembre, esta casa editorial dio a conocer que la denuncia por violencia política de género que interpuso Yasmín Flores donde acusa a la presidenta municipal de otorgarle un salario inferior al de los otros dos coordinadores del área que se encuentran dentro del mismo rango que ella en el organigrama. Asimismo, la acusa de haberla amedrentado, además de pedirle que dejara su primer cargo de coordinadora Ejecutiva de la Consejería Jurídica de la Presidencia, porque en ese puesto se “necesitaba a alguien con carácter de hombre”. Y posteriormente mandarla a negociar con los alcaldes auxiliares por que la “necesitaba como mujer”, resaltando que 16 de los ediles subalternos son hombres.

En cuanto a Karina Hernández Sánchez, quien fungió como asistente personal de Claudia Rivera Vivanco, denunció haber recibido acoso sexual, amenazas, abuso de autoridad por parte de Andrés García Viveros, coordinador ejecutivo del municipio de Puebla, y por parte de la presidenta municipal, por lo que envió una carta al Gobierno Federal, así como a la CNDH para solicitar protección ya que temía por su vida.

Además, el refugio municipal a cargo del Ayuntamiento de Puebla fue acusado por realizar maltrato en contra de las mujeres víctimas de violencia al no proporcionarles terapias, obligarlas a trabajar fregando pisos, tinacos, trastes y negándoles alimentación con valor nutricional.

Debido a que el Gobierno del Estado evidenció que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco entregó más de mil permisos irregulares para construcción de obras, la presidenta municipal decidió despedir en septiembre a la entonces secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, junto con el director de Medio Ambiente, David Couto Benítez, y el de Desarrollo Urbano, David Lepitichia, a quienes acusó de realizar diversos actos de corrupción.

Por ello, Martínez Carreño pidió al Ayuntamiento de Puebla las pruebas de los actos de corrupción en los que incurrió, por lo que también la demandó por daño a la dignidad, pese a que Claudia Rivera Vivanco justificó haberla despedido por malos manejos de la dependencia.

En el pico de la pandemia, Claudia Rivera Vivanco anunció 15 programas de apoyo para afrontar la crisis, de los cuales destacan la repartición de 27 mil microdespensas, 10 mil kits de salud y la donación de 15 millones de pesos, los cuales se invirtieron en la compra de ventiladores para pacientes de COVID-19.

CAMBIO en su publicación del 29 de abril, dio a conocer que las hermanas Rivera Vivanco encontraron en el reparto de despensas una forma de hacer negocio, pues los paquetes alimentarios tuvieron un costo de 289 pesos, mientras que el ayuntamiento los adquirió en 459 en promedio, lo que equivale a 60 por ciento de sobreprecio, al adquirir 27 mil minidespensas, para lo que se otorgaron 12 millones 400 mil pesos.

Lo mismo sucedió con la compra de los 10 mil kits de salud, los cuales el Ayuntamiento de Puebla anunció que los compró a 2 millones 496 mil pesos, sin embargo el monto total por los productos fue de 1 millón 185 mil pesos, es decir, un sobrecosto de 90.4 por ciento.

Y por último, Rivera Vivanco pretendió donar 12 ventiladores al Gobierno del Estado, mismos que tuvieron un costo de 15 millones de pesos y que no fueron aceptados porque se encontraban en pésimo estado, lo cual generó que la empresa proveedora Full Hen pagara 1 millón 500 mil pesos por incumplir con el contrato.

Ante estos actos, la Auditoria Superior del Estado (ASE) inició una investigación en contra del Ayuntamiento de Puebla a fin de esclarecer todas las corruptelas de la presidenta Claudia Rivera Vivanco.

Las aspiraciones por buscar la reelección por parte de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco durante 2020 se esfumaron, pues la encuesta Mas Data dio a conocer que solo 4.3 por ciento de la ciudadanía aprueba su gobierno.

Asimismo, las encuestas como Massive Caller, Consulta Mitofsky y C&E Research la colocaron como una de las peores ediles del país alcanzando los lugares 100, 101 y 105 respectivamente, pues sólo 15 por ciento de la ciudadanía aprobó su gobierno durante 2020.

En cuanto a la intensión de voto en la última encuesta de Massive Caller, señaló que Claudia Rivera Vivanco sólo cuenta con 9 por ciento de la ciudadanía que le brindará su apoyo en caso de buscar la reelección.

Para este 2020 la presidenta municipal planeó realizar obras dentro del Centro Histórico como lo es la rehabilitación de la calle 5 de Mayo y de las calles 8, 10, 12 y 14 Poniente, mismas que no se concretaron por falta de permisos ambientales y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo cual Rivera Vivanco aceptó su fracaso y anunció que los trabajos iniciarán la segunda semana de enero.

Lo anterior, pues los trabajos de remodelación de dichas obras se aplazaron porque el Ayuntamiento de Puebla no contó con el proyecto ejecutivo, por lo cual se retrasaron a noviembre, sin embargo, el Gobierno del Estado las detuvo, pues el Ayuntamiento de Puebla no solicitó los permisos ambientales que requerían los trabajos.

Es por ello que la remodelación de la calle 5 de Mayo, obra emblema de Claudia Rivera Vivanco, se aplazó para 2021, sin embargo, el Ayuntamiento de Puebla justificó que dicha obra se detuvo a fin de que durante el Buen Fin y fechas decembrinas la economía en el primer cuadrante de la ciudad se reactivara.

Debido a la falta de obras y programas para la ciudadanía, el Ayuntamiento de Puebla generó un subejercicio de 2 mil 142 millones de pesos, el cual fue avalado por la presidenta Claudia Rivera Vivanco, quien juró que el gobierno cuenta con finanzas sanas.

Por ello, el tesorero municipal, Armando Morales Aparicio, juró que dicha cantidad se iba a comprometer antes del 31 de diciembre, por lo que único que el Ayuntamiento de Puebla reintegrará a la federación son cerca de 700 millones de pesos.

Esto provocó que los regidores del PAN y del G5 se lanzaran contra la administración municipal al catalogar como ineficientes los trabajos de los secretarios por falta de planeación en proyectos durante 2020.

El ambulantaje a lo largo de 2020 le vio la cara al Ayuntamiento de Puebla pues lo superó durante la pandemia, dejó que los problemas entre las organizaciones Fuerza 2000 y 11 de marzo por el control del Centro Histórico crecieran, por lo cual Claudia Rivera Vivanco solicitó al Gobierno el Estado ayuda para controlar a los comerciantes.

Es por ello que el Gobierno del Estado tuvo un acercamiento con dichas agrupaciones a fin de que los ambulantes redujeran su aforo y respetaran las medidas sanitarias, con esto Claudia Rivera Vivanco cedió a tener una reunión con el gobernador Miguel Barbosa.

La presidenta municipal también fue denunciada por la ciudadanía ante el Congreso del Estado, esto porque fueron señaladas irregularidades en la compra de más de 10 mil juguetes para la celebración del Día del Niño, la contratación de la empresa Attelier  Geometrique a quien el Ayuntamiento de Puebla le pagó 72 millones de pesos, los sobrecostos en la compra de microdespensas, kits de salud y por la falta del proyecto ejecutivo de la remodelación de la calle 5 de Mayo.

Ante esto, Rivera Vivanco acudió a dicha sede y a través de veintiséis hojas la presidenta dio un informe ante la Comisión Inspectora de la ASE, utilizó de forma recurrente el argumento de “urgencia” para justificar sus corruptelas respeto a la entrega de contratos directos a Atelier Geometrique, así como las minidespensas y la compra de juguetes, los cuales se entregarán en enero.