Se acaba la pesadilla

 

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Selene Ríos Andraca / Ciudad de México / Enviada

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Una traición de última hora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio por concluido el escándalo Cacho-Marín, cuando el escenario preveía un empate entre los 10 ministros presentes en la sesión, Olga Sánchez Cordero se volcó por la impunidad que hoy baña al gobernador Mario Marín Torres y abandonó a Juan Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz.


Una dosis de realidad suministraron seis ministros ayer a los poblanos. Los malos siempre ganan y con la traición de Sánchez Cordero, el bando de Mariano Azuela, Sergio Aguirre Anguiano, Sergio Valls, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos optó por proteger a Mario Marín y deslindarlo de la violación a los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho.


Incluso antes de la votación, Juan Silva Meza —autor del proyecto que culpaba a Marín— apeló a la democracia y al respeto del derecho para que la Corte no dejara sin castigo a los hombres poderosos: “Tengo la convicción plena de que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”, fue el último grito del ministro.


Los seis ministros marinistas se impusieron sobre los cuatro justicieros en ausencia de Lydia Cacho, quien por estrategia de sus abogados Olea y Olea decidió no presentarse a la sesión más importante de su caso.


La protección al gobernador Marín inició cuando ocho de los 10 ministros —Góngora y Silva— decidieron desechar la grabación del diálogo que sostuvo Mario Marín con el empresario Kamel Nacif, la cual dejó al descubierto la conjura de autoridades para aprehender y amedrentar a la autora de Los Demonios del Edén.


Pero las incongruencias reinaron entre los ministros marinistas. Pues para Olga Sánchez —quien desde que se inició la investigación contra el gobernador en abril de 2006 se mostró crítica en el caso— sí hubo violación grave a las garantías individuales de Lydia Cacho pero no de acuerdo al artículo 97 de la Constitución. Tampoco dijo quién sería el responsable de ese delito.


El presidente de la Corte, Ortiz Mayagoitia, pintó el escenario para desechar las pruebas que involucraban al mandatario: votación para validar la conversación Marín-Nacif; votación para avalar la intervención de llamadas telefónicas; valorar el registro de llamadas como prueba y si la investigación ya estaba concluida.


Sergio Aguirre Anguiano, Margarita Luna, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez, Gudiño Pelayo y Mariano Azuela desecharon la grabación como prueba, desestimaron el cruce de llamadas telefónicas, validaron el registro y coincidieron en que la investigación era suficiente.


Mariano Azuela abatió el argumento de Cossío Díaz, Genaro Góngora y Juan Silva —quienes validaban la conversación por la carta pública que envió Kamel Nacif a El Universal, donde admitía haber sostenido diálogos con diferentes políticos— al presentar ante el pleno una comparencia del rey de la mezclilla ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que aseguraba que dicho documento publicado el 19 de septiembre de 2006 se refería a las pláticas que sostuvo con Emilio Gamboa, Jean Succar Kuri y Fidel Herrera, mas no con el gobernador poblano.


Genaro Góngora y Juan Silva fueron los únicos que dieron valor probatorio a la conversación, empero José Ramón Cossío, Olga Sánchez y Gudiño Pelayo la consideraron una hipótesis para seguir el caso y que el hecho de que Marín nunca haya negado haber sostenido esa plática con Nacif, la convertían en valor probatorio como contenido.

 

El momento de la impunidad


Pasados quince minutos del mediodía, Ortiz Mayagoitia puso a consideración de los ministros la discusión de fondo: ¿Hubo violación de las garantías individuales de Lydia Cacho? ¿Hubo concierto de autoridades?, y ¿se puede determinar quiénes confabularon?


Fue en ese momento cuando la traición llegó al pleno. Olga Sánchez constató que su pelea en la investigación contra Marín era por el problema de la pederastia, pornografía, explotación y prostitución infantil.


Acto seguido consideró que sí hubo violaciones a los derechos fundamentales de la periodista: “Atender única y exclusivamente a la declaración de Lydia María Cacho, lo cual por las circunstancias en que se llevó a cabo su detención, pudiera ser o para mí son suficientes para sustentar que sí hubo tortura psicológica y motivarse en este aspecto el proyecto (…) que sí existieron violaciones a sus garantías individuales en razón de que el traslado sí demostró por sus características, que hubo tortura psicológica.”


Pero soltó la primera estocada. Cambió el rumbo del fatídico destino de Marín al modificar su propio discurso y asegurar que la libertad de expresión no se vio vulnerada por ninguna autoridad y que Cacho no había sido sometida a una ‘inquisición judicial’.


“En mi opinión los datos arrojados por esta investigación, los arrojados por la averiguación previa, por la ejecución de la orden de captura y por la incertidumbre jurídica que se generó con la detención, así como el trato singular al que fue expuesta en razón de su condición, para mí no son suficientes para arribar a la conclusión de que la actuación de las autoridades sí vulneró su libertad de prensa y de libre expresión que consagran los artículos sexto y séptimo constitucionales, pues no se advierten elementos que supongan que la manifestación de las ideas por parte de Lydia Cacho, ha sido motivo de inquisición judicial o administrativa.”


El segundo en fijar su postura fue Aguirre Anguiano, quien dejó salir su lado más oscuro al citar un ‘precedente válido en materia legal’ que avala la tortura: “A través de la tortura, el torturado puede confesar la verdad o mentir (…) la tortura no es más que un procedimiento ilegal, pero no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad, nada más que este método, de la tortura para llegar a la verdad, fue utilizado por todos los totalitarismos de que puedan tener memoria.”


En esa misma intervención, Sergio Salvador Aguirre se mofó del miedo que sintió la periodista cuando fue aprehendida, debido a que durante todo su traslado de Cancún a Puebla, una camioneta blanca que pertenecía a Kamel Nacif la custodió.


Y es que dijo que la intimidación que puede un ser humano al sentir que la sigue una camioneta ‘depende del ánimo’: “Hay quien se puede intimidar con una bicicleta, con una camioneta marca Liberty, o con un tráiler, para mí esto carece de toda significación, lo digo con toda sinceridad.”


Y soltó: “No, no está acreditada grave violación de garantías individuales en perjuicio de la señora periodista doña Lydia Cacho (…) Reconozco ante todo su derecho de escribir lo que le plazca, reconozco ante todo su derecho a publicar lo que le plazca, reconozco que no podrá haber acciones penales hoy por hoy en contra de ella si calumnia, en el caso de que lo haga, pero lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que le pasó. Fue aprehendida en Quintana Roo, eso es cierto; fue trasladada a la ciudad de Puebla en un vehículo con agentes judiciales varones, esto es cierto, cuando menos está debidamente probado; fue, se dice, con posterioridad seguida por una intimidante camioneta blanca marca Liberty; bueno, esto depende del ánimo de la persona, hay quien se puede intimidar con una bicicleta, con una camioneta marca Liberty, o con un tráiler, para mí esto carece de toda significación, lo digo con toda sinceridad.”


Genaro Góngora —el primer ministro en decir públicamente que Marín violentó las garantías individuales— dijo: “Para mí, sí quedó probada la violación grave (…) Para mí, sí hubo concierto de autoridades, lo que se demuestra con ese flujo de llamadas y con las irregularidades en el expediente; para mí sí se puede determinar en el expediente, como se hace en el proyecto, qué autoridades participaron, se nombran y son todas las que participaron.”


Con la intervención de Gudiño Pelayo, se sumó otro a la defenestración de Marín: “Yo creo que sí hubo violación grave de garantías individuales; yo creo que del conjunto (de pruebas), a mí me lleva a la convicción, de que sí hubo violación grave a las garantías individuales; también considero que sí hubo concierto de autoridades, está plenamente demostrado a través de prueba circunstancial debidamente, lógicamente engarzadas y considero, que como lo dice el proyecto, se puede determinar qué autoridades resultan en una primera vista responsables; en otras palabras, yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en su integridad.”


Mariano Azuela —quien junto a Margarita Luna y a Guillermo Ortiz inauguraron las oficinas del Poder Judicial de la Federación en Puebla, al lado siempre de Mario Marín— dejó claro que para él no hubo violaciones a las garantías individuales.


Nuevamente entró en escena Sánchez Cordero para terminar con el caso que tuvo a Mario Marín a la expectativa casi dos años: “Es inexacto lo que se afirma, en el sentido de que existen elementos suficientes para tener por demostrada la injerencia del funcionario en este caso del gobernador o de otras autoridades, para que existiera este concierto de autoridades para violar garantías individuales de Lydia Cacho (…) me parece que no existe una prueba contundente, no existe ni el enlace de ellas, en donde nos permitan afirmar, sin lugar a dudas de que efectivamente el gobernador de Puebla dictó estas órdenes, para que se concretara esta violación a la que he aludido.”
Tras el receso, Olga Sánchez reiteró que su discurso había cambiado y llena de incongruencias soltó: “En mi concepto hubo violación a las garantías individuales de la periodista (…) esto no se integra en el concepto al que se refiere el artículo 97 de la Constitución Federal (…) estas violaciones podrían ser reparadas por otros medios y otras acciones judiciales distintas y que no caen dentro de este artículo 97 constitucional.”

El último grito de Silva
Sin más palabras que un monosílabo “sí”, Juan Silva instó a sus compañeros a no velar por la impunidad. Ésta fue la última postura del autor del proyecto antes de que seis ministros optaran por proteger a Marín.
“En relación con las tres preguntas, los tres cuestionamientos que se han hecho, primero, repito, sí queda aprobada la violación grave de garantías individuales de la señora Lydia María Cacho Ribeiro, sí existió concierto de autoridades para llevar a cabo esa violación, en caso de que la afirmativa estuviera en la primera, y sí es posible determinar a las autoridades involucradas en esa violación, mi respuesta obvia para ustedes es la de un ‘sí’ para cada una de ellas. Un sí monosilábico pero que encierra todo el contenido de una convicción plena que tiene sustento en una investigación seria y profesional, realizada por mandato de este tribunal pleno, y que pues nos lleva a determinar nuevamente la expresión de una convicción que he reiterado al término de cada uno de mis informes.”
Sus últimas palabras, su apelación, se encerró en una sola oración: “Tengo la convicción plena de que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida.” Pero los seis ministros no escucharon los reclamos, ni atendieron las pruebas, ignoraron la verdad y dejaron impune a Mario Marín Torres con dos tercios de votos favorables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
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