Rechaza Felipe Calderón carpetazo en caso Cacho

Calderón rompe el silencio y advierte que su Gobierno perseguirá a los funcionarios que torturaron a la periodista

Desde España, el presidente de México aclara las cosas: para él y su gobierno la tortura que sufrió Lydia Cacho es un “caso criminal” perpetrado por funcionarios y servidores públicos poblanos. Además, se queja de la negativa del juez de Quintana Roo de girar las respectivas órdenes de aprehensión

Selene Ríos Andraca

Aunque para la mayoría de los mexicanos el escándalo de Lydia Cacho Ribeiro y el gobernador Mario Marín Torres ya concluyó, para el presidente Felipe Calderón Hinojosa se trata de un caso “criminal” abierto, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) pidió consignar a varios funcionarios y ex servidores públicos poblanos por la detención y tortura que sufrió la autora de Los Demonios del Edén, afirmó el mandatario federal al diario español El País, durante su gira de Estado por el viejo continente.

Felipe Calderón rompió el silencio del caso Cacho y habló por primera vez de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tomaron seis ministros en el sentido de darle carpetazo al gran escándalo de Mario Marín y entrevistado por Javier Moreno, director del periódico más importante de habla hispana, respondió que su gobierno no coincide con la decisión tomada por el máximo tribunal del país.

En México, periodistas a nivel nacional y local intentaron muchas veces cuestionar al presidente por la resolución tomada por la Corte el pasado 29 de noviembre, sin embargo, el mandatario prefirió el silencio y la indiferencia.

Felipe Calderón ha recibido muchas críticas por su actitud con Mario Marín, ya que como candidato, el 17 de febrero de 2006 vino a Puebla a exigir la renuncia del mandatario y cuando tomó protesta, en medio de un escenario complicado y un ambiente enardecido, realizó su primera gira presidencial en Puebla —el 12 de enero de 2007—, de la mano del mandatario poblano.

En la entrevista concedida a El País, Felipe Calderón abordó dos temas, principalmente la lucha frontal que sostiene su gobierno con el narcotráfico y la postura de su gobierno con la impunidad que gozan los gobernadores priistas Mario Marín y Ulises Ruiz, de Oaxaca.

A decir de Calderón, él no ha negociado la impunidad de ambos gobernantes para mantener la gobernabilidad en México: “Mayoría absoluta no la tenemos (en el Congreso), pero hemos podido transitar a través de acuerdos. Sí busco el acuerdo y busco la coincidencia a favor del interés nacional; pero siendo específico en la respuesta para su pregunta, no negocio la impunidad de nadie a cambio de gobernar, y mi Gobierno, en el caso de los gobernadores…”

Y pese a que la pregunta era de los casos de Oaxaca y Puebla, Calderón prefirió hablar de Mario Marín y consideró que el hecho de que el mandatario poblano prestara el aparato de justicia para la venganza del textilero Kamel Nacif era un “caso criminal”

“En el caso de Puebla, nosotros estuvimos atentos al fallo de la Corte Suprema; y siempre lo dije, antes del fallo y después, que íbamos a acatar la resolución de los ministros del pleno. Y por otra parte, no obstante, el fallo de la Corte, la Procuraduría General de la República a mi cargo siguió las investigaciones y pidió ante un juez la consignación y la prisión, la orden de aprehensión para los (policías) judiciales involucrados. Independientemente de la Corte, nosotros seguimos persiguiendo lo que consideramos que es un caso criminal.”

Y no sólo eso, el presidente de México aseguró que su gobierno y la PGR han determinado que la aprehensión y tortura que sufrió la periodista está llena de actos delictivos de parte de funcionarios poblanos: “La consideración de mi Gobierno y de la Procuraduría General de la República es que hay la presencia constitutiva de delitos, y los estamos persiguiendo.”

Es más, el titular del Ejecutivo de México se quejó de que el juez de Quintana Roo, Benjamín Navarrete, se haya negado a girar las órdenes de aprehensión que requirió la propia Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas.

“Por desgracia, no hemos contado con el respaldo del juez ante quien hemos iniciado la causa, pero seguiremos trabajando hasta el límite de los recursos legales del Gobierno federal para exigir justicia. En el caso de Lydia, a quien aprecio personalmente, y en todos los casos que se planteen ante la justicia federal.”

El 15 de mayo, por el delito de tortura, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR ordenó al Juzgado Segundo de Quintana Roo aplicar las órdenes de aprehensión en contra de la ex procuradora Blanca Laura Villeda y los judiciales poblanos Jesús Pérez Vargas, José Montaño Quiroz y Raymundo Rodríguez Rocha, quienes aprehendieron a la periodista el 15 de diciembre de 2005, así como en contra de las dos custodias que acompañaron a Cacho desde la caseta de Esperanza hasta la Procuraduría General de Justicia en Puebla.

A continuación un extracto de la entrevista, en la que Calderón habla de Marín Torres:

P. ¿Puede explicar si hay relación alguna entre la falta de mayoría de su Gobierno, es decir, la necesidad de alcanzar acuerdos con otros partidos, básicamente con el PRI cuyos diputados lidera precisamente Gamboa Patrón y la impunidad con que parecen actuar algunos gobernadores de este partido?

R. Hemos hecho un esfuerzo enorme de diálogo y de consenso, y hemos llegado a acuerdos con todas las fuerzas políticas, y con el PRI, ciertamente, pero no sólo con el PRI. Pero aquí voy a ser muy franco: primero, el PAN tiene una mayoría relativa bastante fuerte; contar con más del 40 por ciento de los parlamentarios no es trivial.

P. Me refiero a la mayoría absoluta que no tiene...

R. ... mayoría absoluta no la tenemos, pero hemos podido transitar a través de acuerdos. Sí busco el acuerdo y busco la coincidencia a favor del interés nacional; pero siendo específico en la respuesta para su pregunta, no negocio la impunidad de nadie a cambio de gobernar, y mi Gobierno, en el caso de los gobernadores...

P. ... yo diría que los gobernadores de Oaxaca y Puebla han sido los más...

R. ... en todos. En el caso de Puebla, nosotros estuvimos atentos al fallo de la Corte Suprema; y siempre lo dije, antes del fallo y después, que íbamos a acatar la resolución de los ministros del pleno. Y por otra parte, no obstante, el fallo de la Corte, la Procuraduría General de la República a mi cargo siguió las investigaciones y pidió ante un juez la consignación y la prisión, la orden de aprehensión para los (policías) judiciales involucrados. Independientemente de la Corte, nosotros seguimos persiguiendo lo que consideramos que es un caso criminal.

P. Pero desde su moral o ética personal, ¿está usted satisfecho con la resolución de la Corte Suprema en el caso de Lydia Cacho?

R. La consideración de mi Gobierno y de la Procuraduría General de la República es que hay la presencia constitutiva de delitos, y los estamos persiguiendo. Por desgracia, no hemos contado con el respaldo del juez ante quien hemos incoado la causa, pero seguiremos trabajando hasta el límite de los recursos legales del Gobierno federal para exigir justicia. En el caso de Lydia, a quien aprecio personalmente, y en todos los casos que se planteen ante la justicia federal.