Algunas historias tienen final feliz y la del Libramiento Norte es una de ellas. Cinco años después de que Mario Marín entregó una concesión a la empresa española OHL para construir una vía de 32 kilómetros, sin concurso ni licitación de por medio, y 17 meses después de que el gobierno morenovallista decidió revertirla por su evidente ilegalidad, el Poder Judicial de la Federación dio muerte definitiva a uno de los actos de corrupción más grotescos del sexenio marinista. No puedo decir que la justicia se impuso, pero sí la legalidad: la llamada “negocarretera” fue una aberración que nunca debió existir, que Mario Marín nunca pudo justificar, pero que unánimemente los medios de comunicación avalaron, felicitaron y congratularon. Al final, la verdad se impuso y OHL no podrá sacar beneficio de la transa que armaron con Valentín Meneses, personaje recurrente del desfalco al erario, protagonista una y otra vez de viejos escándalos que rejuvenecen.

OHL había hecho un negocio redondo: sin concurso ni licitación, obtuvo del gobierno estatal una concesión para explotar por 30 años una vía de 32 kilómetros que serviría para desfogar el tráfico que se acumula en la autopista México-Puebla. De acuerdo a la información entregada, la trasnacional española tenía previsto ganar 20 mil millones de pesos en ese lapso, con una mísera inversión de 180 millones de euros. ¿Lo mejor?: que no tuvo que competir con otras grandes constructoras como IDEAL de Carlos Slim o ICA de Bernardo Quintana. ¿Lo segundo mejor? Que no pagó un paso al erario poblano por esa concesión. La recibió gratis, completamente sin pago de contraprestación.

La historia ha señalado a Mario Marín como un corruptazo, pero no como un estúpido. ¿Cómo le hizo OHL para recibir los favores del régimen, una concesión sin concurso y totalmente gratis? Si no hubo contraprestación al erario, es evidente que hubo una comisión no millonaria, sino lo que le sigue, operada por el lerdo Valentín Meneses, que en ese lejano 2008 justificó la “negocarretera” en el hecho de que el gobierno no invertiría un solo peso del erario, y por ello, no debía convocar a una licitación. Como una pareja de dibujos animados, el “Góber precioso” y su compadre serán recordados como Raterote y Raterín. Sin vergüenzas.

De junio de 2008 a enero de 2011, cuando Marín entregó el poder, OHL poco pudo avanzar en la compra del derecho de vía pues las comunidades de la zona se negaron a malbaratar sus terrenos para la construcción del Libramiento Norte. El gobierno morenovallista expresó muchas dudas sobre el proyecto, pero comprometió su palabra: si la trasnacional española era capaz de adquirir el 100 por ciento del derecho de vía, respetaría la concesión en los mismos términos en los que el marinismo la había entregado, pero tampoco moverían un dedo para ayudarlos.

Más de un año después, sin el apoyo del gobierno estatal, OHL fue incapaz de comprar el derecho de vía y convencer a los ejidatarios de las bondades del proyecto. Entonces Moreno Valle decidió dar un golpe sobre la mesa y cancelar de plano la última transa del marinismo mediante un decreto de rescate de la concesión. En la misma línea en que se evitó el abuso de Ricardo Henaine con un bien público como el Parque Metropolitano, el gobierno estatal se sirvió del incumplimiento de la constructora española, así como las cargas leoninas señaladas en la concesión. Pero el argumento central para rescatarla y negar cualquier tipo de indemnización fue que la concesión provenía de un hecho ilícito, una vez que jamás se convocó concurso o licitación.

No fue la única irregularidad de la trasnacional española OHL. Amparos en la jugosa comisión que repartieron a Raterote y Raterín, la firma española tenía la obligación de concluir el viaducto de 31.5 kilómetros de extensión a más tardar en diciembre de 2009, por lo que existió un evidente retraso. Además, sólo inyectó 200 mil pesos de un total de 550 millones de pesos que constituirían un fideicomiso creado a cambio de autorizar la indemnización por 654 millones de pesos. Mario Marín Torres aceptó las exageradas condiciones de OHL, que no se comprometía a iniciar la obra hasta que no se tuviera liberado al menos 90 por ciento del derecho de vía. Por último desatendió el pago de la fianza por 57 millones de pesos a favor de la Secretaría de Finanzas como garantía de cumplimiento.

Luego de una batalla jurídica de 17 meses en la que Autovías Concesionadas OHL llegó a pedir en negociaciones extraoficiales una indemnización mínima de 600 millones de pesos, el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa falló en forma adversa a la empresa, y solamente le otorgó un mínimo derecho de indemnización por los estudios técnicos. Extraoficialmente se calculan unos 30 millones de pesos. Puebla ganó gracias al brillante diseño de Juan Pablo Piña Kurzcyn, en ese momento secretario de Servicios Legales. Dejó encarrilado el pleito para ganarse.

No se puede regatear el mérito a Moreno Valle de cancelar una más de las transas de Mario Marín y su compadre Valentín Meneses. Luego, lo que viene después, es azaroso porque el segundo piso de la autopista México-Puebla, luego de ser capturado por el gobierno federal, sigue en fase de estudios técnicos. Ya veremos.

Pero hoy se vale andar con una sonrisa en la boca. Mario Marín volvió a perder. A ver si OHL no le exige que devuelva la jugosa comisión que le entregó en 2008.