Poco más dos meses le duró la mafia de los registradores a Eukid Castañón. Exactamente, del 3 de septiembre al 11 de noviembre: 69 días en los que se desahogaron pesquisas e interrogatorios, además de la documentación de varios hechos ilícitos. Formalmente, el lunes pasado la Contraloría estatal notificó a la directora del Registro Público de la Propiedad, Marisol Buendía, su cese fulminante luego de que no pudo acreditar la legalidad del modus operadi mediante en el que muchos poblanos han sido despojados de sus patrimonios, así como varias irregularidades cometidas en colusión con distinguidos notarios. Ayer también fueron cesados los registradores de Cholula, Arturo Muñoz Adauta y Jan Pavón Flores, por los mismos cargos. La guillotina cayó sobre la mafia de los registradores públicos. Tercera historia de corrupción que termina con un final feliz.

La Contraloría actuó eficazmente ante las múltiples denuncias de corrupción, allegándose de todos los elementos de prueba y garantizando el derecho de audiencia de los implicados, que en varias ocasiones acudieron a declarar. Pero ni Marisol Buendía, ni Arturo Muñoz Adauta, ni Jan Pavón Flores pudieron explicar cómo es que las partidas originales 319 a 366 del libro VI tomo 32 fueron arrancadas —cuyas copias obran en poder de CAMBIO y fueron presentadas a la opinión pública el 3 de septiembre pasado— para alterar operaciones inmobiliarias realizadas ante el registrador público entre los días 6 al 15 de junio de 1950. Las partidas se encuentran registradas autógrafamente a mano por el registrador de la época, y en ellas se consignan datos como el nombre del comprador, del vendedor, la fecha, monto de la operación y nombre o dirección del predio objeto de la transacción, así como la orden de inscribirla en los libros del Registro. Además, contienen el sello original del Registro.

Así se lo explicamos: “el modus operandi de la mafia encabezada por Marisol Buendía, operada a través de los registradores Arturo Muñoz Adauta y Jan Pavón Flores, consiste en desaparecer partidas originales de los Libros del Registro Público de la Propiedad de los años entre 1940-1960, y así, solicitar las reposiciones de partida en donde insertan contratos privados de compra-venta, una transacción prohibida por la Legislación Civil desde los 80, cuando se reformó la Ley del Notariado para establecer la obligación a los notarios públicos se registraron solamente los contratos protocolizados.

 “Una vez insertada la reposición de partida que contiene los contratos privados de compra-venta, las anotaciones marginales también son alteradas. Con la complicidad de un notario público, en este caso la notaría 3 de Cholula a cargo de la licenciada Emilia Sesma, se procede a redactar las escrituras borrando las anotaciones en sus protocolos. De esa forma, el legítimo propietario queda en estado de indefensión, ya que los libros originales han sido modificados y cuentan con respaldo de la fe de un notario público. El propietario perjudicado puede instaurar acciones legales contra los registradores y notarios, pero el pleito jurídico puede dilatar muchos años y hay fuertes posibilidades de perderlo”.

No son las únicas irregularidades. En la amplia auditoría, también salieron a la luz operaciones irregulares para beneficiar a ciertos notarios con la duplicación de registros con folios de operaciones pagadas por otros fedatarios públicos para ahorrarse el pago de derechos que, según la cantidad de títulos registrados y la clientela del fedatario, pueden llegar al millón de pesos mensuales. Incluso, el registro del falso título de propiedad con el que Ricardo Henaine pretendió apoderarse del terreno en el que se ubica el Centro Integral de Servicios, y que le costó la cárcel al notario Juan Carlos Salazar Cájica.

La carrera de Marisol Buendía llegó a su fin, así como de sus incondicionales a quienes colocó en por lo menos la mitad de los 23 registros públicos de la entidad, en donde también ocurre el mismo modus operandi de duplicar las boletas de pago en perjuicio del erario, pues el gobierno deja de recibir el pago de derechos que se transforma en un beneficio indebido para los registradores. El caso más ostensible es el de Cholula, por el volumen de operaciones, pero no el único.

Buendía es el ejemplo de algunos de los fuereños traídos por el morenovallismo que, cual bucaneros, solamente vienen a saquear Puebla. Llegó al Instituto Registral y Catastral del Estado de la mano del entonces subsecretario jurídico de la Secretaría General de Gobierno, Enrique Quiroz. Designada como directora adjunta de Alejandro Pagés Tuñón, se ganó su confianza y luego lo traicionó cuando el ex director del IRCP quiso investigar a los registradores a través del proceso 09/2013. Fue ella quien filtró el video en el que maltrata al entonces registrador de Huejotzingo, y así como los datos que influyeron en su caída.

Con la llegada del inexperto Ezequiel Flores Darán a la dirección del IRCP creyó afianzarse en el puesto y así lo presumió a los cuatro vientos. Organizó a los 23 registradores con puño de hierro, los instó a ocultar su riqueza mal habida, e incluso soñó con trascender ante las versiones de que el IRCP desaparecerá para que Registro Público regrese a la SGG y Catastro a Finanzas. Pero todo se derrumbó.

Eukid Castañón acrecienta su fama de contralor, no de hierro, sino de titanio, pues con apenas unos meses en el cargo ya hizo más que su antecesora al tomar también al toro por los cuernos en el caso de la corruptísima Dirección de Vialidad. En verdad, corre peligro quien aparece en su radar.