Desde el inicio de la actual administración gubernamental, los despidos de trabajadores al servicio de los Poderes del Estado y demás dependencias, han sido una constante, descartando a los funcionarios de primer nivel, cuya permanencia siempre está determinada con los relevos de las nuevas administraciones y quienes saben que difícilmente podrán continuar en sus cargos o ser cambiados a otras áreas.

Desde hace varios años y a mi paso como Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, tuve oportunidad de conocer múltiples quejas de los usuarios del Servicio de Agua potable y Alcantarillado por situaciones como cobros excesivos, indebidos, cortes del servicio, negativa a proporcionarlo, falta del servicio, entre otros problemas y casi siempre, se dictaban medidas cautelares para proteger los Derechos Humanos de los ciudadanos, tomando en consideración que el agua es un derecho vital para las personas y que cualquier acto de la autoridad que lo vulnere, pone en grave peligro la salud y la subsistencia de los afectados.

Es público e irrefutable que desde el inicio de la actual gestión gubernamental, a pesar de las promesas de campaña y de los compromisos, incluso firmados ante Notario Público, de que no habría revanchismos, ni cobro de facturas en contra de quienes no apoyaron la candidatura impulsada por los partidos que conformaron la Alianza “Compromiso por Puebla” y que habría una diferencia muy notoria de quienes ganaron las elecciones, respecto de la forma de actuar de los Gobiernos emanados de las filas del PRI, en cuanto al respeto de los derechos de los trabajadores al servicio de los Poderes Públicos del Estado, la realidad demostró al paso de los días, todo lo contrario.

A raíz de los últimos acontecimientos en la vida del estado de Puebla, que de una u otra forma han afectado a una gran mayoría de ciudadanos por la toma de decisiones y la forma de actuar de las autoridades del Gobierno, quienes a pesar de las muestras de inconformidad y de los reclamos de amplios sectores de la población, no han modificado en ningún sentido su forma de gobernar y tal pareciera que lejos de buscar mecanismos para entablar un dialogo y acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil, para intentar resolver las diferencias y escuchar sus demandas, continúan con la cerrazón y autoritarismo, mediante el uso del aparato de estado, sin ninguna posibilidad de echar atrás decisiones o modificar alguna política pública.

La recomendación suscrita por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, resultado de la investigación de los hechos ocurridos el pasado 9 de julio en el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

Sea cual sea el resultado de las investigaciones que la CNDH lleva a cabo por violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan, en los que perdió la vida el menor José Luis Tehuatlie Tamayo y salieron lesionadas de gravedad tres personas más, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado aplicando la llamada “Ley Bala” aprobada por el Congreso local, y que según se ha publicado en diferentes columnas de medios nacionales y locales, pudiera traducirse en la renuncia y posterior investigación para determinar responsabilidades de varios funcionarios de la administración estatal que participaron tanto en los hechos, como en las investigaciones posteriores.

Después de las elecciones a gobernador del estado y con el triunfo de la alianza de partidos —integrada por el PAN, PRD, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano— que derrotó al candidato del PRI que participó en alianza con el PVEM, y una vez que tomó posesión el Poder ejecutivo de su cargo, tal parece que desaparecieron de la entidad, los Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, que por décadas tuvieron una importante y destacada participación.

Con las denuncias hechas valer en fechas recientes por diversos organismos sociales, entre ellos Artículo 19, en el sentido de cuestionar la actuación del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, por avalar ante los Congresos de Puebla y Quintana Roo las “leyes Bala” y “Borge” que promueven el uso de la fuerza letal para dispersar manifestaciones; además del hecho de aceptar los reconocimientos públicos que ha recibido por parte del gobernador de Puebla, como la colocación de un busto, que se pusiera su nombre a un Auditorio de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a una cátedra universitaria en una institución de educación superior del Estado, cabe preguntarse:

La realidad que se vive en el estado de Puebla y que percibimos una gran mayoría de los ciudadanos, es que todas las instituciones que deberían servir de contrapeso a las decisiones del poder ejecutivo para alcanzar el ejercicio de una auténtica democracia, se encuentran cooptadas y sin capacidad de decisión en cuanto al libre ejercicio de sus atribuciones, establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado y por lo menos en el corto plazo, no existen posibilidades reales de que esta situación se modifique, precisamente por la apatía ciudadana y porque las decisiones que afectan a la gran mayoría, sólo se conocen cuando se aplican en perjuicio de los poblanos.

La realidad que se vive en el estado de Puebla y que percibimos una gran mayoría de los ciudadanos, es que todas las instituciones que deberían servir de contrapeso a las decisiones del poder ejecutivo para alcanzar el ejercicio de una auténtica democracia, se encuentran cooptadas y sin capacidad de decisión en cuanto al libre ejercicio de sus atribuciones, establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado y por lo menos en el corto plazo, no existen posibilidades reales de que esta situación se modifique, precisamente por la apatía ciudadana y porque las decisiones que afectan a la gran mayoría, sólo se conocen cuando se aplican en perjuicio de los poblanos.