El próximo 12 de julio se celebra en nuestro país el Día Nacional del Abogado, fecha que en comparación con otros años, a partir del inicio del actual sexenio gubernamental, ha pasado sin pena ni gloria entre las autoridades estatales y municipales. No lo digo por el hecho de que estén obligados a organizar un desayuno o un evento social para festejar al gremio, sino por un conjunto de decisiones, que desde la esfera del poder, han afectado en forma dramática, no solamente a quienes ocupaban un puesto como funcionarios públicos y que fueron despedidos de sus centros de trabajo, sino también a aquellos que se dedican al litigio y han sido víctimas de la ineficiencia de los funcionarios de las áreas de Procuración y administración de justicia en el Estado. Los afectados tienen que esperar meses o hasta años para que se dicte una sentencia en los asuntos a su cargo, teniendo únicamente dos caminos a elegir. El primero, esperar a que las autoridades se dignen dar trámite a sus solicitudes, lo que trae consigo el riesgo de perder al cliente, quien no tendrá la paciencia para esperar una solución y, por ende, el abogado corre el riesgo de no cobrar sus honorarios. Y el segundo, exigir una pronta respuesta a sus peticiones, tramitando recursos y acudiendo con los superiores de los funcionarios, denunciando el retardo en el despacho de los asuntos, con el riesgo de no obtener una sentencia favorable en sus juicios y por ende retrasar más los procedimientos.
La verdad es que los dos caminos son difíciles y por ello los expedientes se siguen acumulando en los Tribunales y las denuncias en las Agencias del Ministerio Público, sin que exista el compromiso real del Poder Ejecutivo y del Congreso del Estado de atender estas demandas sociales, es decir, tanto la Procuración como la Administración de Justicia, así como el tema de la defensa de los Derechos Humanos, no son temas prioritarios en sus agendas.
La falta de un Servicio Civil de Carrera en la mayoría de las áreas donde se requieren que trabajen abogados, ha sido tirado a la basura; se optó por importar licenciados provenientes de otros estados del país para colocarlos en los puestos más importantes de la administración gubernamental como lo son la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, en las direcciones jurídicas de las diferentes secretarías. En general, los puestos mejor pagados en estas áreas los ocupan actualmente abogados que no tienen carrera en el estado, demostrando un menosprecio al talento de muchos profesionales del Derecho que se han formado en las escuelas y facultades de Puebla.
Otros elementos que afectan el trabajo de los abogados litigantesson el recorte de personal de las dependencias, la improvisación y sobre todo la falta de experiencia para atender los asuntos, que provocan retrasos en los trámites de los expedientes y denuncias, sin que se pueda hacer nada al respecto.
Con el panorama anteriormente expuesto, me pregunto si realmente el Estado se encuentra preparado para implementar los juicios orales en materia penal en 2016. ¿El Congreso del Estado ahora sí aprobará una partida presupuestal suficiente para infraestructura y mejores salarios para los responsables de echar a andar los juicios orales en la entidad? ¿El Pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia hará valer la autonomía del Poder Judicial del Estado, para mejorar las condiciones laborales y estimular al personal de los juzgados y salas?
No hay muchas esperanzas de que las cosas se modifiquen, por lo menos en el corto plazo, por ello en la opinión de muchos colegas y profesionales del Derecho en Puebla, no hay nada que festejar en el Día Nacional del Abogado, ya que como gremio, no han sido capaces de cambiar la situación que viven en el ejercicio de su profesión.
Finalmente me pregunto, ¿éste es el ejemplo que quieren dejar a las futuras generaciones de abogados?
Las respuestas sólo el tiempo nos las dará.
