Sunday, 20 de September de 2020

Jueves, 30 Julio 2015 02:08

La diputada Geraldine González, apoyando a las empresas poblanas




Written by  Julian Germán Molina

La presentación de la propuesta de reforma al Artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Puebla, ante el Congreso del Estado, hecha por la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Geraldine González Cervantes, plantea que los gobiernos estatal y municipales tengan la obligación de dar una mayor participación a las empresas ubicadas en la entidad


La presentación de la propuesta de reforma al Artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Puebla, ante el Congreso del Estado, hecha por la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Geraldine González Cervantes, plantea que los gobiernos estatal y municipales tengan la obligación de dar una mayor participación a las empresas ubicadas en la entidad en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras que realicen licitaciones y adjudicaciones, garantizando que se entregue el 51 % de los contratos a firmas poblanas.

 

El párrafo que propone la legisladora se agregue a dicho artículo es el siguiente: “Para efectos del párrafo anterior el gobierno deberá garantizar, en términos de la legislación aplicable, la adjudicación de por lo menos el 51 por ciento de las acciones descritas a favor del comercio e industria local, dependiendo de su experiencia y capacidades, y tomando como referencia el presupuesto de egresos que corresponda”.

 

La iniciativa retoma una demanda que muchas empresas, colegios de profesionistas y universidades han planteado desde el inicio de la actual gestión gubernamental, misma que se ha caracterizado por asignar la gran mayoría de licitaciones para obras, contratos de prestación de servicios, proyectos y capacitaciones a empresas privadas y despachos de otras entidades del país, o incluso extranjeros, ya que en la mayoría de los concursos se elaboran retratos hablados de las bases para las licitaciones, dando ventaja a empresas que ya tienen un aval de algún funcionario y, en otros casos, se escatima la información; de tal suerte que cuando se enteran las empresas poblanas que pretenden concursar o presentar sus propuestas, tienen un escaso margen para armar sus expedientes, o de plano, cuando logran entrar al concurso, con cualquier pretexto son descalificadas y curiosamente siempre se asignan a grupos empresariales foráneos.

 

Realmente son enormes los recursos que destina el gobierno estatal y los municipios en todos estos rubros, por lo que quienes se han visto beneficiadas son los grandes consorcios empresariales, que además de contar con obra pública del gobierno federal, aprovechan los proyectos estatales para continuar obteniendo jugosas ganancias.

 

La propuesta de reforma presentada por Geraldine podría verse complementada si, además de hablar de comercio e industria local, mencionara también a las universidades, tanto públicas como privadas, que en Puebla suman más de 280 y que colocan al estado como el segundo a nivel nacional con más instituciones de nivel superior.

 

En el rubro de la capacitación, actualización y proyectos de mejora del servicio civil de carrera de los funcionarios de los gobiernos estatal y municipales, además de las áreas de seguridad pública, la participación de las instituciones poblanas ha sido por demás raquítica, ni siquiera la BUAP ha gozado los beneficios de parte de estos recursos; quienes sí se han llevado los concursos y licitaciones han sido despachos de asesoría y consultoría ubicados fuera de Puebla o extranjeros, es decir, la mano de obra que egresa de las universidades estatales no tiene garantizada una fuente de trabajo en la capital, ni en los municipios, ni siquiera en el sector público, donde las plazas se asignan bajo criterios personales y no se abren a concursos o exámenes que prioricen capacidades y talentos para alcanzar un lugar, sino que siguen imperando los compadrazgos, influyentismos, nepotismos y otros vicios de la administración pública que se pensó cambiarían con la alternancia partidista.

 

Por todo ello, como ciudadano, apoyo la iniciativa de la diputada González. Ojalá los señores diputados tengan el valor de aprobarla, en beneficio de quienes pagamos su salario.

 

 

 

 

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