Thursday, 12 de December de 2019

Jueves, 17 Septiembre 2015 02:44

La PGR, exhibida con el informe del Caso Ayotzinapa




Written by  Julian Germán Molina

A casi un año de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y sin que este caso se resuelva, estamos ante el escenario de un Estado fallido y una entidad incompetente: Guerrero, ingobernada por Aguirre, quien evidentemente no asumió su responsabilidad.


Lo peor en todo esto es la rebatinga en cuanto a las responsabilidades: los partidos políticos se acusan unos a otros, no ha habido renuncias y lo que prevalece es la impunidad, así como el desconocimiento de los hechos verdaderos.

 

Lastimosamente, el trabajo de los titulares de la Procuraduría General de la República deja mucho qué desear, y es que como siempre, en nuestro país los nombramientos fundamentalmente se dan por el pago de favores, cuestiones meramente políticas, sin tomar en cuenta la experiencia y preparación formal del cargo, y ésta es una lección no aprendida, pues para muestra están las designaciones de Escobar y Villanueva.

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que los jóvenes desaparecidos no fueron cremados en el basurero de Cocula, tal y como lo afirmó Murillo Karam, entonces abogado de la nación. Una de las obligaciones del Estado es garantizar nuestra seguridad y brindar certeza al pueblo que gobierna, sin embargo, las autoridades —que están obligadas a averiguar cualquier hecho delictuoso, informar sus hallazgos y señalar a los responsables— ocultan todo y la pregunta es, ¿por qué?

 

Tal situación se asemeja al ocurrido el 2 de octubre de 1968, no porque afirmemos que haya ocurrido una matanza, aunque se presuma que existió, sino porque nuevamente el Estado es el principal protagonista en la vulneración de los derechos de su propia población, además de que junto a aquella tragedia en Tlatelolco, también se conmemorará la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

 

Lo más decepcionante de esto será que se vaya diluyendo el reclamo social y la indignación por los actos cometidos y por las omisiones del Estado en las investigaciones y en el manejo de éstas, amén del mensaje de fondo, que no está permitido cuestionar nuestro entorno, pues hacerlo trae consigo graves consecuencias.

 

Lo que cabe es dar respuesta a este suceso, pues si bien, por otros motivos hay tensiones sociales, el atizar la incredulidad en las instituciones, no será lo mejor para nadie, desde este espacio alentamos que se realicen todos los esfuerzos necesarios para conocer la verdad y para exigir justicia.

 

 

 

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