Wednesday, 29 de January de 2020

Jueves, 23 Abril 2015 02:52

La rebelión del Poder Judicial del Estado




Written by  Julian Germán Molina

Después del anuncio del presidente de la República y del secretario de Hacienda, en el sentido de llevar a cabo un recorte al presupuesto que ejerce tanto el Gobierno federal, así como los de los Estados debido a la caída de los precios de la mezcla mexicana del petróleo en los mercados internacionales y el aumento del precio del dólar respecto al peso, así como también por el fracaso de las llamadas reformas estructurales derivadas del “Pacto por México” 


Después del anuncio del presidente de la República y del secretario de Hacienda, en el sentido de llevar a cabo un recorte al presupuesto que ejerce tanto el Gobierno federal, así como los de los Estados debido a la caída de los precios de la mezcla mexicana del petróleo en los mercados internacionales y el aumento del precio del dólar respecto al peso, así como también por el fracaso de las llamadas reformas estructurales derivadas del “Pacto por México” que hasta este momento no han demostrado un real beneficio al bolsillo de los ciudadanos,se vinieron en cascada una serie de ajustes en algunos de los gastos de los gobiernos y se han llevado a cabo despidos masivos de personal de la burocracia, a fin de que con estos ahorros se enfrente en mejores condiciones la crisis derivada de la situación del país.

 

Llama sobremanera la atención el hecho de que aún y cuando están vigentes diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, que consagra las conquistas laborales de los trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, en el caso de los burócratas, dichas normas son letra muerta, ya que los gobiernos despiden a los trabajadores sin darles una liquidación o, por lo menos, respetarles sus derechos más elementales como el de obtener una jubilación; al contrario, el personal que se encuentra cercano a obtener este beneficio, es el primero en la lista de los prescindibles, cuando demandan laboralmente, sus casos no serán resueltos en años y menos todavía lograrán cobrar una liquidación.

 

Otro de los mecanismos que han aplicado los gobiernos consiste en la disminución de los sueldos que perciben los funcionarios de diferentes niveles, es decir, les conservan sus plazas, pero les recortan sus salarios, con la amenaza de que si no están de acuerdo serán removidos de sus cargos, hecho que la gran mayoría acepta por el temor de perder su empleo.

 

Si revisamos las dependencias cuyos trabajadores han sufrido estos recortes de su salario, nos encontramos de todo tipo, hasta los llamados organismos “autónomos” como el Instituto Electoral del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado y seguramente pasarán años para que los trabajadores vuelvan a recibir el pago que tenían; y años, para que obtengan un incremento salarial.

 

Sin embargo, llama la atención el caso de los funcionarios del Poder Judicial del Estado de Puebla, quienes desde la segunda quincena de marzo y la primera de Abril vieron disminuido el salario de los Magistrados en un 10 % y de los jueces y secretarios en un 7 %, lo que ha originado una solicitud de los jueces y secretarios al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a fin de que haga valer lo establecido en el párrafo sexto de la fracción III del artículo 116 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: “Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo”; consideran además que la disminución de salario viola los artículos 28 y 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 154 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.

 

Ante este panorama, surgen varias interrogantes: ¿Serán capaces los magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de apoyar la petición de los jueces y secretarios?

 

¿Si se aprueba el apoyo, promoverán una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado para echar abajo la disminución de su salario?

 

¿Tomarán la decisión de pedir al ejecutivo el respeto, preservación y que se garantice la autonomía institucional y la independencia del Poder Judicial del Estado?

 

Las cartas están sobre la mesa y habrá que esperar a que los involucrados abran su juego y se resuelva por la mejor vía este diferendo gubernamental. Quizás se diga que el problema central no es el fondo, sino la forma en que se aplicó la disminución salarial. Pero al final los magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado tienen la última palabra.

 

 

 

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