Wednesday, 29 de January de 2020

Jueves, 30 Abril 2015 01:27

La revisión de la Ley Bala, a espaldas de los poblanos




Written by  Julian Germán Molina

Ya que desde que se presentó la iniciativa y aprobó en forma inmediata, nunca se abrió un espacio o foro para su análisis, aportaciones u opinión de sus destinatarios, que somos precisamente los ciudadanos del estado.


La decisión del Congreso del estado, tomada en su sesión del día 28 de abril del año en curso, en el sentido de solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el aval de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como Ley Bala, para que analice, revise y aporte sus comentarios, a fin de que se hagan las correcciones pertinentes y quede socializada para su aplicación, reiterando su postura los representantes de las nueve coordinaciones de las bancadas que integran la LIX legislatura de no abrogar la ley, como lo solicitó el Poder Ejecutivo en agosto de 2014, nos demuestra una vez más que el papel de los mal llamados “representantes de los ciudadanos” no es otro más que legislar en contra y a espaldas de los intereses de sus representados.

 

Ya que desde que se presentó la iniciativa y aprobó en forma inmediata, nunca se abrió un espacio o foro para su análisis, aportaciones u opinión de sus destinatarios, que somos precisamente los ciudadanos del estado.

 

Primero se buscó el aval de la cuestionada gestión del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, que la de los representantes de las Organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, universidades, colegios de profesionistas y representantes de la sociedad civil estatales, que en este caso, como en la mayoría de las demás leyes que han aprobado los diputados, han sido ignorados, como si sus puntos de vista no valieran la pena o simplemente porque los legisladores creen que la mayoría de los poblanos somos retrasados mentales, ya que les interesan más los avales y aportes de otros organismos, que desconocen la problemática que vive el estado, que las de quienes pagamos su salario con nuestros impuestos.

 

Les interesa y preocupa más el contar con las opiniones y espaldarazo de dichos organismos, a los que sí les otorgan autoridad moral para hacer las modificaciones pertinentes, que el punto de vista de los habitantes de la entidad.

 

No cabe duda: nuestros diputados locales son candil de la calle y oscuridad de su casa, o bien, no tienen el valor de someter a juicio ciudadano el contenido de dicha ley y prefieren que sean entidades externas las que les hagan notar sus deficiencias, para entonces sí avocarse a revisarla y modificarla atendiendo a las recomendaciones que reciban, más que al reclamo social y a los problemas que a la fecha ha originado su aplicación, por parte de las fuerzas policiales que carecen de los protocolos y capacitación necesarias para no violar derechos humanos.

 

Pero la cuestión también presenta otra vertiente: si obtienen el aval de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal, la aplicación de la ley cobrará mayor fuerza y entonces presumirán que no se equivocaron al aprobarla y sostener su contenido, porque tienen el respaldo de dicha comisión.

 

Aquí cabe preguntarnos, si para aprobar leyes requieren avales externos, ¿dónde queda la soberanía del Estado y la autonomía del Congreso? ¿Para qué reciben el pago de su dieta? Si para cumplir con su trabajo necesitan las opiniones de otras entidades, para actuar en consecuencia.

 

Lo mejor será que la comisión de la Cámara de Diputados rechace la petición del Congreso del Estado, ya que estaría invadiendo la soberanía de Puebla al inmiscuirse en temas que son de la exclusiva competencia de las legislaturas locales. De no hacerlo y emitir su resolución, entonces sería procedente que los poblanos pidamos la revisión y análisis ante ellos de las leyes que consideramos deben ser abrogadas o modificadas por el Congreso local, sin que los diputados tengan opción para negarse a cumplir con las recomendaciones.

 

Esperemos la respuesta definitiva a la solicitud, ya que de esto aún queda mucho por comentar.

 

 

 

 

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