El anuncio dado a conocer el pasado jueves 30 de abril, de que fueron restituidos los descuentos de entre el 10 y 5 por ciento que se aplicaron a los magistrados, directores de áreas, jueces y secretarios del Poder Judicial del estado, por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno y que se dieron con motivo de un recorte presupuestal a dicho poder como parte de las medidas de austeridad anunciadas en todas las áreas del gobierno estatal y que seguramente traerá como consecuencia que en la sesión de pleno del próximo jueves, se deje sin efecto el acuerdo que habían tomado los magistrados en el sentido de que si no se les restituía lo descontado, promoverían una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo estatal, nos deja varias lecturas e interrogantes sobre los resultados de la presión que ejercieron dichos funcionarios.
Ahora sí parecen estar dispuestos a defender la autonomía del Poder Judicial del estado; lo que no hicieron cuando se aplicaron reducciones de salarios a personal de base y despidos a sindicalizados y de confianza, aun y cuando la mayoría de ellos tenían muchos años de laborar en el Poder Judicial y otros estaban a la espera de una jubilación, que seguramente no llegará por la falta de apoyo del Sindicato, pero también porque ese tipo de decisiones no se toman en la SFA, que desde hace más de dos años, maneja los recursos de dicho poder y paga la nómina del personal.
Considero que el dar marcha atrás a la decisión de seguir aplicando los descuentos a los magistrados y demás funcionarios, se debió, más que a la amenaza de promover la controversia constitucional en contra de la medida, al hecho de que estamos en plenas campañas políticas en todo el país, por lo que en este momento resulta más prioritario para todas las áreas del gobierno estatal, evitar cualquier escándalo que distraiga la opinión pública y que implique perder puntos en favor de los candidatos llamados “oficiales” que entrar en un proceso legal que primero habría que esperar que realmente los magistrados promovieran la controversia y después que se resolviera en forma favorable para ellos, lo que es probable, pero significaría un desgaste en este momento ya que se estarían enfrentando dos Poderes por un tema de carácter financiero, lo que resultaría una crisis de credibilidad ante la ciudadanía de ambos Poderes y que por lo menos, que yo recuerde, no ha ocurrido en Puebla en los últimos años.
De ahí que ese elemento jugó a favor de los magistrados y jueces que finalmente no tuvieron la necesidad de enfrentar al Poder Ejecutivo en una controversia; ello es una buena señal y momento para que también soliciten se revisen los casos de los despidos, bases para el personal por honorarios, restitución del servicio del ISSSTEP para todos los trabajadores que no cuentan con él y que no pueden pagar dicha prestación y se incentive la carrera judicial, lo que hoy es más urgente, ante la proximidad de que para 2016 se pongan en marcha los juicios orales en materia penal en todo el estado, como está previsto en la última reforma constitucional en la materia.
No sólo es importante que se respete el salario de los funcionarios del Poder Judicial del estado, sino también que se aumente el presupuesto a la administración de justicia para el próximo año a fin de atender en forma adecuada las demandas de los ciudadanos y dar solución a los juicios en menos tiempo.
El informe sobre Justicia Cotidiana presentado por el Centro de Investigación y Docencia económica (CIDE) en días pasados, nos debe llevar a reflexionar, sobre lo que está sucediendo en México en esta materia y diseñar una estrategia global para hacer las reformas necesarias y pertinentes.
