Ahí tenemos el caso de las denominadas autodefensas en Michoacán y Guerrero, cuyo poder bélico y dominio de los territorios se amplió de tal forma que fue necesario ir limitando su crecimiento para evitar una militarización de civiles que escapara al control del Gobierno, Ejército y la marina, con los resultados en los enfrentamientos que conocemos.
Otro de los elementos que ha venido a abonar este clima de incertidumbre y malestar ciudadano, es el control de los medios de comunicación y los delitos cometidos en contra de reporteros y periodistas, que tienen actualmente a México como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo (reporte de la organización Reporteros Sin Fronteras), con un alto número de víctimas, cuyos homicidios no han sido esclarecidos ni se les haya dado a sus familiares el acceso a la justicia para detener a los responsables de estos hechos sangrientos.
Lo anterior ha motivado a que varios periodistas y comunicadores, sobre todo en los estados donde imperan los carteles de la droga, hayan decidido cerrar sus publicaciones o simplemente dejar de escribir, ante la amenaza de ser víctimas de represalias en su contra o de alguno de sus colaboradores o familiares.
Sería interesante conocer a nivel nacional, cuántos periódicos o revistas han dejado de circular por estas amenazas, que en muchos de los casos se han hecho una realidad. Otro de los gremios que ha sufrido una embestida de amenazas y agresiones en su contra en México, es el de los representantes de organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, que en su mayoría han sido acosados y amenazados por los Gobiernos Municipales y estatales, que los consideran incómodos para sus administraciones y los han convertido en presos políticos para reprimirlos y evitar con ello puedan encabezar movimientos que pongan en riesgo obras y programas.
Incluso, se les ha calificado como “enemigos del progreso y la modernidad”, pero ahora, se suman a este grupo de actores de la vida social víctimas de la persecución política y represión policiaca, el gremio de los ABOGADOS POBLANOS.
Como el caso del abogado LUIS VELASCO, que se puso a asesorar juicios de amparo en contra de las Foto Multas y de inmediato recibió una auditoría de las autoridades de la SFA; y el último del ABOGADO Y ACADÉMICO LUIS SORIANO PEREGRINA, quien encabezó el movimiento en contra de los verificentros y a últimas fechas estaba asesorando laboralmente a más de 500 trabajadores despedidos de diversas dependencias del Gobierno estatal, lo que le valió la visita de inspectores a su domicilio y la amenaza de un embargo por un supuesto adeudo de pago de tenencia de un vehículo, más advertencias de atentar contra su integridad física, si insistía en dar asesoría a los empleados corridos, situación que motivó a que abandonara el estado con rumbo desconocido, por temor a ser víctima de alguna agresión o que se le integrara una averiguación previa exprés y se girara una orden de aprehensión en su contra por un supuesto delito.
De ahí que muchos abogados y litigantes en este momento, antes de aceptar asesorar un asunto en lo que se vea involucrado el Gobierno estatal o Municipal, lo están meditando, ya que puede estar en peligro el libre ejercicio de su profesión.
