Las elecciones intermedias, en un sistema presidencialista como el nuestro, sirven para reforzar el proyecto político del Ejecutivo —o sea Peña Nieto— o para censurarlo, enviando un mensaje de cambio, necesarias modificaciones, a su forma de gobernar. Si atendemos a la mayoría de las encuestas publicadas ayer —El Financiero-Parametría, Buendía-Excélsior, Mitofsky—, el proyecto de restauración tricolor goza de cabal salud pese a la tormenta iniciada con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la publicación de la “Casa Blanca”. Según coinciden los sondeos, aliado al Verde, el Revolucionario Institucional mantendrá en términos generales el mismo número de diputados federales en San Lázaro. Es decir, no tendrá una debacle, y de hecho uno de cada tres electores está dispuesto a sufragar por el Revolucionario Institucional.

De hecho, sumando el 31 por ciento del tricolor, más el 8 por ciento del PVEM, la alianza gobernante alcanzaría alrededor del 39 por ciento, con lo que obtendría alrededor de 240 diputados federales, casi la misma cantidad de legisladores que tiene en la actual legislatura. ¿Y entonces, dónde quedó la indignación que azota al país desde hace siete meses? ¿Por qué no tuvo expresión electoral?

De confirmarse tal tendencia, Enrique Peña Nieto entenderá que su gobierno camina por el sendero correcto pese al rechazo que enfrenta con dos de cada tres electores. Le basta, sin embargo, mantenerse como la primera minoría partidaria para asegurarse, continuar su proyecto y preparar con calma su sucesión. El Pacto por México, en el que ató al PRD y al PAN, se convirtió en su mejor escudo, ya que los dos partidos más fuertes de oposición se convirtieron en cómplices de las reformas estratégicas, imposibilitando su crítica. La comunicación estratégica, que arrancó con un ejercicio fuerte de contraste, terminó por diluirse sólo para confirmarle a los mexicanos que todos son lo mismo.

Pero la elección federal es un escenario dominado por el escaso interés de los electores en salir a las urnas. Donde los ciudadanos tienen más incentivos para hacerlo, como en la disputa de nueve gubernaturas, el PRI enfrenta serios problemas para ganar aun en estados que ya gobierna, como Nuevo León y Querétaro. La competencia en seis de ellos es cerrada, cerradísima, y los sondeos no predicen un ganador.

El caso de Nuevo León es explicable, pero no el de Querétaro. En el estado norteño el sexenio de Rodrigo Medina fue caótico en materia de seguridad, y si a eso añadimos que las acusaciones de corrupción han sido una loza irremontable, no es extraño que la sociedad neoleonesa apuesta por alguien que no representa al bipartidismo, sino una esperanza ciudadana como “El Bronco” Rodríguez, una apuesta que luce más como un Vicente Fox 2.0 y que puede traer las mismas, o peores decepciones.

Pero en Querétaro el PRI tiene el mejor gobernador del país, según casi todas las evaluaciones, en José Calzada Rovirosa. Y pese a su capital de gobierno, el candidato priista Roberto Loyola no tiene garantizado el triunfo frente al panista Pancho Domínguez. A cambio, el tricolor puede recuperar Guerrero, el estado más convulsionado, y mantener su dominio en Michoacán, la entidad más infiltrada por el narcotráfico.

Donde no hay dudas de que el PRI ganará es en Campeche con Alejandro Moreno, y donde parece que no hay duda de que perderá es en Baja California Sur, a manos de Carlos Mendoza Davids. En Colima Jorge Luis Preciado dicen que remonta, pero las encuestas más sólidas dicen que el PRI ganará.

En sentido contrario, no hay ninguna garantía de que Acción Nacional pueda retener Sonora, lastrados por el desprestigio del gobernador Guillermo Padrés, pero de forma increíble hacerse de San Luis Potosí con Sonia Mendoza.

El mensaje correcto es que en elecciones de participación controlada, como la de San Lázaro, el PRI-PVEM no tiene problemas. Pero de cara a una en la que las pasiones se desborden, como una de gobernador o presidencial, el tricolor compite, pero tiene muchos riesgos de perder. La prueba dependerá de los resultados finales del domingo 7 de junio. ¿Cuándo la indignación es suficiente, y cuándo no da para mover a la clase política? Y todavía vienen los anulacionistas.