Buen lío se avecina en Pueblapor el inminente arranque de operaciones de Uber para dentro de dos semanas, y de Cabify en el segundo semestre del año. Organizaciones de taxistas lideradas por Pedro Díaz García, así como los dueños de varias centrales, ya salieron a decir que el gobierno estatal debe encargarse de impedir a ambos servicios que, por definición, violan la ley. El corporativismo monopolista recargado en el gobierno estatal para limitar la libre competencia en beneficio de los usuarios.

Rápido, el presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso local le sigue el juego al corporativismo taxista y se lanza a la yugular de Uber declarando que el servicio mercantil que ofrecen se convertirá en una competencia desleal y “pirata” y por ello podrían ser encarcelados los choferes por brindar el servicio, ya que el Código Penal impone sanciones de tres meses a tres años de prisión a quien preste servicio de transporte público sin el permiso de la autoridad.

Es decir, el diputado Julián Rendón amenaza directamente con cárcel a los propietarios de vehículos y choferes de Uber que, en un plazo de dos semanas, iniciarán recorridos en beneficio de los consumidores poblanos. “Va a ser un servicio VIP, entonces sería una competencia desleal para los taxis que tiene que pasar revistas, ciertos requisitos de modelos anteriores, no es justo que otras empresas den el mismo servicio sin que hagan un solo pago”, sostuvo.

Mientras, el secretario de Infraestructura y Transportes, Luis Banck, en su estilo cauteloso se limita a afirmar que “todo el transporte público que existe y que se pretenda que exista en el estado tendrá que cumplir con la normatividad aplicable. Eso es todo lo que voy a decir”. En otras palabras, refuerza la posición tanto del Consejo Taxista, como la del diputado Julián Rendón: la SIT prohibirá ambas aplicaciones si sus vehículos no tienen las placas y permisos que el gobierno otorga para la prestación del servicio público, así como el pago de las cuotas correspondientes.

Contra esta versión prehistórica del transporte público se ha pronunciado la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en una opinión no vinculante dirigida al jefe de Gobierno del DF, así como  a los gobernadores y las legislaturas estatales.  "La Cofece recomienda que se reconozca formalmente, a través de la vía que corresponda, una nueva categoría o modalidad de transporte para la prestación de este servicio innovador que tiene un impacto relevante en la dinámica social".

Asimismo, señala que el marco jurídico correspondiente debería limitarse a "tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, y no imponer restricciones injustificadas a la competencia y libre concurrencia".  Así, llamó a evitar medidas dirigidas a regular el número de unidades que pueden prestar estos servicios, a través de placas o cromáticas especiales, o controlar sus tarifas, pues esto perjudicará al consumidor.

Entre las ventajas que la Cofece atribuye a estos servicios, también conocidos como empresas de redes de transporte (ETR), están la seguridad, confiabilidad y certidumbre sobre el cobro que se realizará por el servicio, así como el método de pago y la ruta a seguir. “El modelo de autorregulación que instrumentan las ERT es eficiente y transparente, ya que su confiabilidad y prestigio son esenciales para que las ERT se mantengan y compitan en los mercados”, afirmó el regulador.

La Cofece consideró que estas plataformas han beneficiado a los consumidores al otorgarles la posibilidad de conocer la disponibilidad de unidades, los datos del vehículo y chofer que los transportará, una tarifa dinámica, pero predecible, y una coordinación para fijar un punto de encuentro, resolviendo los problemas que ahora se enfrentan con los taxistas que no cuentan con las herramientas para solucionar estos problemas.

“El uso de esta tecnología se ha constituido como una herramienta efectiva para resolver de una forma eficaz los problemas de información asimétrica y coordinación entre conductores y pasajeros, además de resolver varios de los problemas que enfrentan las autoridades en su objetivo de garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad en el transporte individual de pasajeros”, explicó el ente. En la opinión, la Cofece sólo sugirió que se tuviera un control sobre los seguros de cobertura amplia, y a la publicación de sus esquemas de servicio, para transparentar más la información a los consumidores sobre estos servicios.

Entonces, ¿a quién atenderá la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT) a cargo de Luis Banck? ¿A los intereses corporativos del Consejo Taxista, así como sus agremiados y propietarios de centrales? ¿O a la libre competencia en beneficio de los usuarios, así como el bienestar social que generan, según la opinión autorizada de la Cofece?

Ya se verá entonces si la modernidad es solamente entendida como grandes obras, o privilegiar la libre competencia en beneficio de los poblanos. Luis Banck tiene la palabra.