Ya no son los tiempos de la Puebla levítica, ni los del arzobispo Octaviano Márquez y Toriz, pero los legisladores de Acción Nacional o la mayoría morenovallista en el Congreso local no se atreven a modificar la vieja definición del matrimonio consignada en el Código Civil de inspiración francesa y redactado por el jurista José María Cajica, aprobado en los años ochenta del siglo pasado, y que lo limita a un contrato civil que “une a un solo hombre y una sola mujer”. Pero los tiempos los han puesto contra la pared, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esa legislación, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respaldó tal postura. El matrimonio homosexual o gay en Puebla es cuestión de tiempo, pues basta un amparo en contra del Registro Civil para que la unión entre parejas del mismo sexo sea autorizada por juzgados federales.

Los 15 diputados de Acción Nacional ya no son hijos del Yunque, ni herederos de las familias custodias, y tampoco militan en la Liga de la Vela Perpetua, pero se niegan a tomar el toro por los cuernos. Sólo tres de ellos, Pablo Rodríguez, Franco Rodríguez y Pablo Montiel, velan por las posiciones tradicionales. Personajes como Jorge Aguilar Chedraui, Eukid Castañón o Patricia Leal son políticos de otra época, más cercanos al pragmatismo que a los principios de la ultraderecha que le niegan a las parejas homosexuales el derecho a unirse con efectos jurídicos. Pero existe el miedo al impacto en la base electoral de Acción Nacional, específicamente en la capital. Y claro, la opinión de la electoralmente influyente grey católica.

¿En verdad los poblanos no estamos preparados para darle validez y efectos jurídicos a las uniones homosexuales? ¿Es la misma Puebla de los años ochenta, cuando José María redactó un Código Civil aceptable para su tiempo, pero retrógrada bajo los actuales parámetros en materia de derechos humanos?

Hace unos días, la Primera Sala de la SCJN además emitió la jurisprudencia 43/2015 que será obligatoria para todos los niveles de impartición de justicia, que determina que “pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”.

Tal distinción, advierte, “es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso”. La finalidad del matrimonio, destaca, no es la procreación. Por tanto, advierte que cualquier entidad que defina el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

Puebla se acerca a convertirse en una ínsula de intolerancia, pese a que una de las promesas de la alternancia electoral era impulsar iniciativas progresistas vinculadas al PRD, que desde 2009 autorizó el matrimonio gay con plenos efectos jurídicos en el Distrito Federal. Desde entonces también se legisló en Coahuila y Quintana Roo, e incluso el IMSS y el ISSSTE lo han reconocido para la plena igualdad de trato y de oportunidades de las y los derechohabientes, sus familiares y cónyuges.

Pero la Iglesia católica se resiste, y ni el progresista Papa Francisco es capaz de derrotar ese viejo cliché. Recientemente, tras la aprobación del matrimonio homosexual en Irlanda gracias a un referéndum, en El Vaticano pusieron el grito en el cielo, y toda la burocracia eclesiástica salió a rechazarlo. El País citó al cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana —en una entrevista al diario La Repubblica— que la Iglesia se sigue negando a las uniones civiles. "Nosotros creemos", advierte Bagnasco, "en la familia que nace de la unión estable entre un hombre y una mujer, potencialmente abierta a la vida; esta unión, que constituye un bien esencial para la sociedad, no es equiparable a otras formas de convivencia".

Es el momento de que la comunidad LGBT se lance a la batalla mediática, pues ahora cuenta con una jurisprudencia obligatoria de la SCJN que pone al orden jurídico de su lado. Mientras ellos no hagan ruido y pongan a los legisladores locales contra las cuerdas, el arzobispo Víctor Sánchez continuará sus cabildeos secretos para mostrar el enojo de la Iglesia católica para tocar el tema.

El morenovallismo debería tomar el toro por los cuernos, porque el cambio está a la vuelta de la esquina. Un fallo judicial puede desmoronar su cuidadoso andamiaje, y en lugar de llevarse el crédito de ser una fuerza progresista capaz de impulsar modificadores sociales, van a quedar rezagados y la bandera les puede ser arrebatada.

Y a todo esto, ¿qué piensa el PRI de aprobar las sociedades de convivencia o matrimonios homosexuales?