¿Cómo es que una familia logra acumular 145 concesiones del transporte público, otra familia otras 37 y qué hacen con las ganancias mensuales que les deja cada unidad, alrededor de 100 mil pesos libres de polvo y paja? Esa, y no otra, es la pregunta que deben hacerse los medios que tiene la tentación de hacer de Ángel Sierra, su padre y su esposa, los nuevos “presos políticos” del morenovallismo. ¿Son víctimas aquellos que desde décadas obtienen ganancias mensuales estimadas en 6 millones de pesos, más de 60 millones de pesos al año? ¿O prestanombres de quiénes son, y a quiénes reportaban esas ganancias, en el entendido del extremo beneficio que les prodigaron los tres titulares de la Secretaría de Transportes en el sexenio de Mario Marín?

El transporte público, como bien lo hemos sufrido por décadas los poblanos, es una mafia de mil cabezas que no tiene principio ni fin. Todos los intentos de modernización se han estrellado en contra de un monstruo cuyos únicos intereses son la explotación de sus concesiones, sin pensar en afectaciones a usuarios y sus propios trabajadores, por demás del caos de ciudad que han ayudado a construir. Una hidra que creó el concepto de “cuota” para los choferes que los hace correr como desenfrenados protagonistas de “Rápido y Furioso” y que mataron a varios poblanos en la década anterior hasta que se tipificó como grave el homicidio imprudencial cometido por los conductores de las unidades del transporte público.

Ningún concepto aplica mejor que mafia, porque detrás de los nombres que aparecen en el padrón de la ST como dueños de las concesiones, en realidad hay decenas de políticos priistas que los colocaron como simples prestanombres. ¿O de dónde salieron Ángel Sierra “Don Cuco” y compañía? ¿O Delfino Reyes Bocardo? Se trata de dos familias que, en total, controlan el 41 por ciento de las 447 concesiones que hay en el derrotero de la 11 Norte-Sur y que se diversifican en un total de 18 personas físicas. ¿Cómo es que amasaron tal poder?

El origen de estos concesionarios se pierde en el tiempo, pero es claro que su emporio fue edificado bajo la protección de alcaldes y gobernadores emanados del PRI, quienes los hicieron socios y prestanombres. Delfino Reyes Bocardo, incluso, fue el concesionario del primer intento de troncal construido en tiempos de Manuel Bartlett, Los Dorados, concepto que dejaron quebrar porque era más conveniente el concepto de hombre-camión que una línea necesitada de mantenimiento.

El fortalecimiento de este monstruo de mil tentáculos, sin embargo, se da en los sexenios de Melquiades Morales Flores y de Mario Marín Torres, especialmente este último. “El Góber precioso”, a través de sus secretarios de Transportes —Rómulo Arredondo, Valentín Meneses y José Guadalupe Castillo— refrendó la mayor parte de las 145 concesiones que maneja la familia Sierra de la Rosa y las 37 de los Reyes, con fechas de vencimiento que van de 2016 a 2020. ¿Qué favor hicieron para recibir estas prebendas y cómo pagaron los privilegios?

Contra este monstruo choca la modernización del transporte público con el arranque de la línea 2 del RUTA. Las reglas de operación de Banobras exigen la participación de los actuales permisionarios para generar la empresa que recibirá la concesión de esa línea 2. Pero tras meses y meses de negociaciones, los Sierra de la Rosa y los Reyes Bocardo dijeron no y no. Porque claro, ¿quién quiere perder un negocio que deja 60 millones de pesos al año, libres de polvo y paja? Nadie en su sano juicio.

Así que el gobierno morenovallista enfrenta una disyuntiva: abandonar el proyecto de modernización del transporte público en la 11 Norte-Sur y dejarlo al contentillo de dos familias que se han enriquecido por décadas, o buscar frenar su poder exhibiendo las ilegalidades cometidas a la hora de obtener los refrendos y cambios de placas. En otros tiempos, esas ilegalidades hubieran sido negociadas. Ahora no, y los tres cabecillas de la familia Sierra de la Rosa duermen la cárcel. Delfino Reyes Bocardo huyó, pero en cualquier momento va a caer.

Así las cosas, las dos familias que controlan el 41 por ciento de las concesiones en la 11 Norte-Sur no son víctimas, sino victimarios de una sociedad poblana que durante más de cuatro décadas ha soportado un transporte público infame. Sin seguros, descuentos a estudiantes, un mínimo de calidad en el servicio y que en ese tiempo han dejado un reguero de muertos por las calles. ¿Presos políticos? Sería de risa manejar tal concepto en relación a estos malhechores.

Los Sierra de la Rosa y los Reyes Bocardo, la mafia del transporte público, sí fueron beneficiarios políticos de un sistema que los privilegió por encima de los ciudadanos usuarios, y de la planeación urbana de una ciudad más ordenada. Hoy hay la posibilidad de deshacerse de ellos. ¿Alguien los quiere victimizar? ¿Qué medio de comunicación va a defender sus oscuros intereses?