Pocas cosas tan absurdas he leído en la prensa poblana en los últimos meses como las notas publicadas ayer quejándose por la creación de un “nuevo impuesto a la compra-venta de vehículos usados”. Evidenciando una ignorancia supina digna de una paca de alfalfa, el trámite que ayer dio a conocer la Procuraduría General de Justicia (PGJ) era uno de los más demandados por las barras de abogados para dar certeza jurídica en la adquisición de vehículos seminuevos y evitar que cualquier comprador de buena fe vaya a dar la cárcel al hacerse de un automóvil robado. La práctica común era pagar a un judicial carroñero para hacer una supuesta verificación de datos, mordida que no eliminaba la responsabilidad penal por la posesión y/o detentación de un vehículo con reporte de robo.

Víctor Carrancá no es el funcionario morenovallista favorito de esta columna, donde se le ha calificado varias veces como el Chapa Bezanilla de por aquí cerquita. Pero en esta ocasión el Procurador —que unos meses buscará convertirse en Fiscal— está haciendo correctamente las cosas con la creación del Centro de Identificación Vehicular que podrá emitir una constancia oficial por la módica cuota de 210 pesos para evitarse riesgos de ir a la cárcel por adquirir un vehículo con reporte de robo.

¿Qué cuáles son esos riesgos? Pues ir a la cárcel con pena máxima de seis años, pese a tratarse de un comprador de buena fe. Basta con tener la posesión de un vehículo con reporte de robo para ir a dar a prisión, sin deberla ni temerla.

Para ilustrar a los reporteros merecedores del premio “alfalfa de oro”, me permito reproducir el comentario del abogado penalista Fabián Pérez Mellado sobre los riesgos y procedimientos que se daban en la PGJ a la hora de buscar seguridad jurídica en la compra-venta de vehículos, así como la urgencia de contar con un trámite que evitara riesgos de ir a prisión. Cabe precisar que este comentario fue escrito hace alrededor de un año en redes sociales, lo que refleja la urgencia de abogados litigantes para proteger a sus clientes.

“¿Alguna vez tu o algún conocido ha comprado un vehículo seminuevo? Resulta que la compra de un vehículo seminuevo, puede llegar a ser un grave error como inversión, y como carga para gran parte de tu vida, ya que puedes enfrentarte a un proceso judicial, del cual puedes resultar con antecedentes penales, pues resulta que actualmente Puebla no cuenta con un mecanismo eficiente e idóneo con el cual el ciudadano que compra un vehículo tenga la certeza que no está comprando un problema, y el problema al cual me refiero es que ese vehículo tenga o pueda tenar un reporte de robo. La hipótesis pueden ser varias pero enumerare las más comunes:

1) Que compres un vehículo y te dirijas a la PGJ con unos de los judiciales que andan carroñando afuera, y por una cuota no especificada te digan si tienen reporte o no. Esto con la consecuencia de que si tiene reporte de robo, a ti, o al dueño los extorsionen los mismos judiciales pues se configuraría el delito de posesión o detentación de vehículo con reporte de robo y estando en flagrancia te pongan a disposición de Ministerio Público competente.

2) Que compres un carro y tú mismo con las placas y el número de motor que viene en la factura verifiques si tiene reporte de robo en la página del Repuve (Registro Público Vehicular) esto sin ninguna certeza jurídica, pues al imprimir los resultados, la misma página tiene inscrita la leyenda “esto es un comprobante simple que no tiene ninguna validez”.

3) Que compres el vehículo siniestrado mediante una aseguradora o demás hipótesis, que lo desempeñes o que lo saques de un lote de vehículos. En estas hipótesis por lo regular se te entrega re facturado, es decir una factura que no es la original pero que si es un documento idóneo.

4) Que tu vehículo tenga los medios de identificación alterados en el motor y cofre (que son los que comúnmente verifican, sin que estos sean los únicos, pues el carro tiene más), y aun cuando solicitaras ayuda de peritos de la Procuraduría, éstos por negligentes o inexpertos no adviertan que se encuentra modificados, por tal motivo tú supondrías que el vehículo no tiene reporte de robo.

“En los ejemplos anteriores en ningún momento el comprador, el ciudadano, tendrá certeza de que aquel vehículo no cuenta con reporte y es que lo que puede pasar es lo siguiente:

“Resulta entonces que diversos comunicados de la Secretaria de Seguridad Pública con respecto a la desarticulación de bandas que se dedican a robar vehículos, dicen que el lapso de tiempo entre que se roba un vehículo, se pinta, se hacen facturas apócrifas, y se vuelve a vender, esto considerando que el 80 % de los mismos son llevados a otros estados o países de centro y Sudamérica puede ser de tan solo dos días. Algo que imposibilita la certeza por parte del comprador, pues PLATAFORMA MÉXICO, que alimenta las bases de datos de Repuve, tarda un lapso de 24 a 72 horas, lo que quiere decir que desde el momento en que se presenta la denuncia hasta que el Repuve se encuentra actualizado, pueden pasar hasta siete días, por ellos puedes comprar un vehículo, y del mismo se te puede entregar ‘la factura original’.

“Puedes acudir a la Procuraduría a checar si tiene reporte de robo y este puede salir negativo; puedes acudir con algún perito y éste te puede indicar que los medios de identificación no se encuentran alterados, y aun así, podrías estar en la hipótesis, que en algún retén, o que cuando te dispongas a venderlo, o por mala suerte te veas involucrado en un problema legal, resultando en que te informen que tu vehículo cuenta con reporte de robo, desembocando en graves consecuencia como lo son, la perdida automática del vehículo, también la exhibición de una caución que puede rondar los 100 mil pesos, misma que se perderá si se te condena culpable, el pago de honorarios de un abogado y antecedentes penales lo cual te imposibilitaría conseguir algunos empleos, o a la tramitación de visa y pasaporte.

“Es por eso que Puebla debe crear un trámite, por el cual se le brinde la certeza a los ciudadanos de que están comprando un vehículo sin problemas, y de serlo así que la máxima sanción sea la entrega del vehículo, pues eso de facto ya es suficiente, pues no sólo se trata del vehículo, sino del patrimonio. Dicho trámite aparejaría un impuesto como seria la expedición de un certificado a cambio de una cantidad determinada, pero esto lo explicaré más adelante”. Hasta ahí el comentario del abogado Pérez Mellado.

Bien por Carrancá. Ya era hora que diera una.