El impacto de la violencia del crimen organizado en el norte y occidente del país nos parece lejano a los poblanos, sin imaginar que a unos cuantos kilómetros de Puebla capital tenemos una zona caliente que no tarda en explotar. El corredor que va de Amozoc a Tecamachalco, que corre paralelo a la autopista a Veracruz, es una tierra sin ley en la que lentamente se asoma una desgracia sin que el gobierno estatal y federal se decida a proteger a ediles como los de Tochtepec y Cañada Morelos, amenazados telefónicamente por la mafia del robo de combustible,  así como otros alcaldes que no hacen públicas las amenazas para no ponerse en estado de indefensión, o porque de plano han preferido voltear la mirada.

Como lo indican las cifras de Pemex, en los dos últimos años la ilegal actividad del robo de combustible se ha vuelto frenética. En parte, como ya sabemos, porque jefes de la policía estatal ya detenidos otorgaban protección a la banda del “Gasparín”, y en parte porque hay una tremenda corrupción en los tres niveles de gobierno, como reconoció el gobernador poblano hace unos días. No lo dijo, pero todo mundo sabe que esa corrupción implica a altos funcionarios de Petróleos Mexicanos —que habrían entregado los planos de los ductos—, así como los de empresarios franquiciatarios que compran el ilegal combustible para duplicar o triplicar sus ganancias.

En este Triángulo de las Bermudas del robo de combustible hay ediles emanados tanto del PRI como de la coalición Puebla Unida y hasta del PSI. Algunos ya alzaron la voz como los de Tochtepec, Marcos Pérez Calderón, y al de Cañada Morelos, Gaspar Rojas Torres, quienes recibieron llamadas y mensajes telefónicos intimidatorios con el fin que los dejen operar en la “ordeña” de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que cruzan por sus territorios.

En el caso del edil de Tochtepec, Marcos Pérez Calderón, detalló que textualmente se le ha dicho: “¿Cuánto quieres por dejar pasar mis vehículos? Déjame trabajar. Sabemos tu ruta y la de tu familia”. Es decir, no se andan por las ramas. ¿Cuántos ediles habrán aceptados los tratos?

Aunque se trata de dos de los municipios más problemáticos, ni el panista Inés Saturnino ni el priísta David Huerta Ruiz han alzado la voz, lo que enrarece más el clima de violencia e intimidación. ¿Por qué hay alcaldes que sí denuncian y otros que no?¿Por qué no han constituido un frente, pese a sus diferencias partidistas, para exigirle al gobierno federal, al estatal y al Ejército una estrategia para enfrentar el problema.

Los que se empiezan a mover son los representantes de la zona. Mier Bañuelos, diputado local por Tecamachalco, le pidió un cambio de estrategia al titular de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, en un desayuno reciente. El diputado federal Alejandro Armenta, a su vez, ya plantó un punto de acuerdo en San Lázaro para llamar la atención de cómo se ha disparado el ilícito en los dos últimos años. El punto de acuerdo fue listado en la Gaceta Parlamentaria, pero todavía no sabe si subirá a tribuna.

El tiempo apremia para que la Federación y el gobierno del estado definan una mejor estrategia antes de que ocurra una desgracia: un alcalde levantado, asesinado o un derrame de combustible que provoque una gran explosión como la ocurrida en San Martín Texmelucan a finales de 2010, provocada por una toma ilegal de la que se servía un ex diputado federal con expendios gasolineros.

¿Cuál es la estrategia entonces?

El gobierno estatal debe reaccionar para que el Arco de Seguridad de Palmar de Bravo que costó más de 200 millones empiece a desquitar su precio, porque hasta ahora se ha visto poco. Pero el nuevo delegado de PGR tiene que acelerar las consignaciones, así como el Ejército redoblar sus patrullajes. No se vale que después digan, con el niño ahogado, que lo que ocurría en la zona entre Acatzingo y Tecamachalco no parecía  tan grave.