La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tiene 25 integrantes, de los cuales nueve pertenecen al PRI y seis a Acción Nacional. Con esa mayoría de 15 diputados en el órgano, 60 por ciento, aprobaron de forma insólita la presencia de tres gobernadores a una “sesión de trabajo” para discutir violaciones de derechos humanos. No pueden llamarlo “comparecencia” porque no tienen facultades para ello, pero sí una celada política para tratar de sentarlos en la silla de los acusados. Rafael Moreno Valle de Puebla, Rogelio Ortega de Guerrero y Eruviel Ávila Villegas de Edomex, informa el presidente de la comisión, el priista Heriberto Quiñones, deberán acudir en la fecha que se determine por el pleno de la comisión el próximo 16 de abril. ¿De parte de quién el golpe?

Aunque el gobierno morenovallista quiere hacerlo un tema superado, el caso Chalchihuapan sigue muy vivo. Su existencia es jurídica, social, mediática y política. De la primera es responsable la CNDH, que se niega a dar por cumplida la recomendación emitida en septiembre del año pasado. De la social, Elia Tamayo que de vez en vez se aparece con toda clase de personajes, aun los de peor calaña, en búsqueda de justicia para su hijo muerto, José Luis Tehuatlie. De la mediática las reapariciones esporádicas del tema, como el discurso del ombudsman Luis Raúl Pérez durante su informe anual, cuando afirmó que “el despertar y toma de conciencia que hechos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala han provocado en nuestra sociedad”, equiparando, poniendo al mismo nivel, lo ocurrido en el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco el 11 de julio de 2014, con los hechos que sacudieron al país.

¿A qué juega el ombudsman Luis Raúl González Pérez al mantener vivo el expediente Chalchihuapan?¿Por qué no cumple los compromisos contraídos en el momento de su elección, firmados para obtener el voto decisivo de Acción Nacional?

Más de cinco meses no le han bastado al ombudsman para poder cerrar el expediente de una vez por todas, y deshoja la margarita reclamando puntos incumplidos, sin atreverse a declarar abiertamente el desacato. ¿A qué intereses conviene que Luis Raúl González Pérez ponga cara de bobo cuando se habla del tema?

Vivo jurídica, mediática y socialmente, es imposible que el caso Chalchihuapan no siga provocando efectos políticos que buscan mantener vivo el tema como una posible bala electoral que, en un momento determinado, puede detener el avance a velocidad de crucero de Moreno Valle rumbo a Los Pinos.

Una de esas consecuencias políticas es ese extrañísimo citatorio a una “reunión de trabajo” con la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro. Si vemos el comunicado del presidente del órgano, el priista Quiñones, el gobernador Moreno Valle es el que más asuntos se verá obligado a tratar: los presos políticos, Chalchihuapan, Tehuatlie y hasta el desalojo del zócalo capitalino a los estudiantes del CUEP.

Eruviel Ávila, con cuestionamiento sobre Tlatlaya y la violencia de género en su estado, y Rogelio Ortega, por la detención de Nestora Salgado en 2013… cuando ni siquiera era mandatario. A leguas se nota que no tienen una agenda tan compleja.

En esa “sesión de trabajo”, además, Moreno Valle tendría que enfrentar directamente a la que ha resultado su gran enemiga política, la perredista Roxana Luna, quien impulsó el citatorio y buscará exhibir al gobernador poblano para beneplácito de sus numerosos enemigos políticos.

Por los tiempos en que todo esto ocurre, es inevitable no pensar que el PRI hace cálculos electorales de sentar en la silla de los acusados al poblano en plena campaña electoral. Si en teoría el 16 de abril se definirá la fecha de la “sesión de trabajo”, es previsible que Moreno Valle será citado en la última semana de abril o en la primera de mayo. Es decir, cuando las campañas ya hayan tomado velocidad, ¿qué mejor presa que un gobernador enfrentado a los temas corrosivos de su administración?

¿Debe o no asistir Moreno Valle a una silla de los acusados absurda?¿Es el momento de derrotar a Roxana Luna frente a frente, o la perredista logrará ponerlo contra la pared aprovechando su posición en la Comisión de Derechos Humanos? ¿Hay posibilidad de que impugne el citatorio, lo retrase hasta después de junio, o de plano se rehúse a asistir a lo que tiene cara de trampa? Son todas, seguramente, las opciones que se evalúan en el war room de Casa Puebla.

By the way: ¿por qué nadie de Acción Nacional detuvo el citatorio al gobernador poblano? ¿No que muy cuates con Madero?