Tuesday, 14 de July de 2020

Jueves, 24 Diciembre 2015 11:14

Los hechos delictivos más impactantes del año en Puebla

El año que termina registró una ola de delitos de alto impacto que pusieron al estado en la mira de los medios nacionales. Feminicidios y secuestros causaron disonancia entre las estadísticas de las dependencias estatales y las organizaciones sociales; mientras que los linchamientos y la colusión de la delincuencia con empresarios y autoridades evidenciaron una crisis de gobernabilidad.

  • Alberto Melchor / @AlbertoMelchorM

Secuestros, feminicidios, linchamientos y hasta el crimen organizado coludido con empresarios poblanos, fueron algunos de los delitos más sonados que pusieron en evidencia la violencia y los problemas de inseguridad que se viven tanto en Puebla Capital como en el interior del estado.

 

CAMBIO enumera los 10 casos de alto impacto que provocaron que autoridades de todos los niveles de gobierno estuvieran en el ojo del huracán durante el 2015 y que tanto organizaciones como dependencias sufrieran desacuerdos en las estadísticas de temas como el número de feminicidios o el robo de combustible a través de una violenta red de chupaductos.

 

 

El secuestro y homicidio de Isarve Cano Vargas, joven de 19 años de edad, originaria de Tehuacán y estudiante de la Facultad de Psicología de la BUAP, reavivó el tema de la inseguridad y la violencia en el municipio gobernado por la priista Ernestina Fernández Méndez.

 

El caso estremeció a los poblanos, luego de que su cuerpo fue hallado la madrugada del 20 de mayo en avanzado estado de descomposición, casi un mes después de que sus familiares reportaran que había sido secuestrada. Por su homicidio y plagio fueron detenidos tres sujetos: los primos Efraín Méndez Cabrera y Jairo Adán Gutiérrez Cabrera, así como Ángel de Jesús Carrasco López, hijo del ex regidor Ángel Carrasco que argumenta que su hijo fue usado como chivo expiatorio en el caso.

 

 

Un caso que puso en jaque a las autoridades de Puebla y Veracruz, además de evidenciar la red de juniors dedicados a robar y secuestrar, fue el de Sebastián Préstamo Rivera de 18 años de edad, quien fue privado de su libertad en febrero pasado por Rafael Barradas, Christopher Reyes Matus y su compañero de clase en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, Edson Hernández.

 

En ese caso, la familia de Sebastián fue extorsionada solicitándole de forma inicial 15 millones de pesos, sin embargo, para cuando los plagiarios iniciaron las negociaciones, la victima ya estaba muerta, pues de acuerdo con los informes del caso, el universitario fue asesinado a las pocas horas de ser secuestrado en la ciudad de Puebla y sus restos fueron abandonados en un río de Yecuatla, Veracruz.

 

 

Desde su desaparición en el mes de agosto, el caso de Paulina Camargo de 19 años de edad y casi cinco meses de embarazo, puso de cabeza a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que hasta el momento no ha logrado hallar el cuerpo de la joven siguiendo la hipótesis de que tras ser asesinada, sus restos fueron abandonados en un contenedor de basura de La Margarita por su pareja sentimental, José María Sosa, quien es el único detenido por este hecho.

 

Aunque las declaraciones de los papás de “Pau” podrían llevar a pensar en nuevas líneas de investigación, el ahora fiscal general Víctor Carrancá Bourget, se ha mantenido firme sobre que el cuerpo fue arrojado al contenedor y como única variante ha dejado ver que una tercera persona podría haber sacado el cuerpo y ocultarlo en otro lugar, no obstante, a cinco meses de su desaparición, no se tienen pistas fidedignas de sus restos.

 

 

 

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) mantiene una enorme opacidad respecto del número de feminicidios que la dependencia ha contabilizado en vísperas de transformarse en la Fiscalía General del Estado, pues hasta el momento se ha negado a exhibir un registro sobre los casos que ha procesado bajo este delito, pese a la presión de organizacionesno gubernamentales.

 

De acuerdo con conteos hemerográficos, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) en lo que va del 2015 ha contabilizado más de 60 casos que por sus características podrían haber sido catalogados como feminicidios, mientras que el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Ibero Puebla, cuantifica al menos 67 casos hasta la segunda quincena de noviembre.

 

Estas cifras contrastan con las que funcionarios de la PGJ, incluidos el procurador, han admitido de forma pública, pues el número más alto de feminicidios de los que dicen tener conocimiento es de 23, en este año que termina.

 

 

Elpico de la barbarie y la violencia injustificada se hizo presente en el municipio de Ajalpan la noche del 19 de octubre, cuando más de mil habitantes de esa demarcación golpearon y quemaron vivos a los hermanos José Abraham y Rey David Copado Molina, a quienes acusaron de ser secuestradores, aunque en realidad se dedicaban al levantamiento de encuestas.

 

Las secuelas de esa violenta noche serán irreparables para la familia de los hermanos encuestadores, originarios del Estado de México, mientras que socialmente dejará marcados a los habitantes de Ajalpan, pues algunos grupos aparentemente muestran no estar arrepentidos por tan lamentables hechos. En la impartición de justicia, el caso ha dejado tan sólo 12 detenidos y ha evidenciado una serie de irregularidades en el gobierno de Gustavo Salomón Lara.

 

 

Aunque las autoridades niegan que el crimen organizado ronde por las calles de la capital poblana, la ejecución de un presunto narcomenudista apodado como “El Morado” a plena luz del día en San Ramón, evidenció la presencia de estas células delictivas y lo violento que pueden llegar a ser sus “ajustes de cuentas”.

 

El pasado 26 de mayo, poco después de las 13 horas, vecinos de la 11 Sur y la 155 Poniente, que al menos tres vehículos habían emboscado a una camioneta Escalade para ejecutar a su chofer, quien fue identificado como Refugio Gallegos Valdivia, alias “El Morado”, dedicado presuntamente al venta de estupefacciones.

 

Tras iniciar la averiguación previa 43/2015/AEHOM, se corroboró que “El Morado” estaba siendo investigado por “narcomenudeo”, y por el homicidio de Fidel Ontiveros Hernández, en noviembre de 2014, quien también era conocido como dealer en la zona.

 

 

El interior del estado no quedó exento de los problemas con el crimen organizado, pues durante este 2015 a través de redes sociales, municipios como Tepeaca, Tehuacán, Palmar de Bravo, Ajalpan, Tecamachalco, Huixcolotla, Quecholac, Cholula, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Texmelucan y Teziutlán, fueron puestos en la mira del Cártel de Sinaloa Nueva Generación.

 

La histeria colectiva comenzó a extenderse a través de las redes sociales, donde la página Historia del Narco en Facebook, difundió una supuesta “cacería” contra Zetas, extorsionadores, halcones, ladrones, secuestradores y policías corruptos en 12 municipios de Puebla, mientras que en La Ceiba, Xicotepec y Huauchinango declararon un supuesto toque de queda, mientras que las autoridades negaron rotundamente la veracidad de estos narcomensajes.

 

 

La gran fuga del 2015 sin duda la protagonizó el líder mafioso, Joaquín “El Chapo” Guzmán, sin embargo, detrás de su escape estaba un empresario poblano que no sólo pagó la construcción del emblemático túnel por la que el narcotraficante escapó, sino que también lavó más de 22 millones de pesos del Cártel de Sinaloa,comprando autos e inmuebles en la Angelópolis.

 

Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias “La Trilladora”, fue detenido en San Pedro Cholula tras verse involucrado en dicho acontecimiento en julio pasado. Versiones periodísticas señalaron que con dinero del crimen organizado, el empresario habría comprado 80 franquicias de The Italian Coffee Company, además de varios condominios y camionetas de lujo.

 

Sus movimientos financieros en Puebla trajeron consigo operativos en casas que presuntamente fueron adquiridas por el fiador del líder del cártel de Sinaloa, mientras que los grupos empresariales aseguraban no tener conocimiento de quién era “La Trilladora”.

 

 

Uno de los movimientos de droga más importantes del 2015 fue el realizado el pasado 11 de diciembre en Sonora, sin embargo, los casi 650 kilos de estupefacientes presuntamente fueron trasladados desde Puebla en la caja seca de un tractocamión, cuya carga pretendía ser disfrazada como nopales y cebollines.

 

El aseguramiento corrió a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual en total confiscó 592 kilos 450 gramos de cocaína y 56 kilos 900 gramos de heroína. El valor en el mercado negro de estos narcóticos asciende a poco más de 18 millones de dólares, es decir, 313 millones de pesos.

 

 

Cortar las cabezas de los funcionarios que protegían la red de chupaductos que opera en Puebla no ha sido suficiente para frenar este delito, según cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual detectó 122 por ciento más de tomas clandestinas en este año que en el 2014, ubicando al estado como el tercer lugar en “ordeñas” a ductos en todo el país.

 

De acuerdo con información de El Sol de Puebla, hasta noviembre del 2015, la paraestatal contabilizó 749 tomas, superando las 337 que se ubicaron a lo largo de todo el 2014, provocando que la entidad esté tan sólo por detrás de Guanajuato que registró en el último año 858 tomas y de Tamaulipas con 839.

 

 

Last modified on Jueves, 24 Diciembre 2015 11:54