La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de un boletín informativo, ratificó que el gobierno estatal cumplió 6 de los 11 puntos de la Recomendación 2VG emitida por este organismo sobre el caso Chalchihuapan, pero aún le restan otros cinco por cumplir a un año del incidente que derivo en la muerte del menor José Luis Tehuatlie en dicha junta auxiliar.

El Sexto Visitador General de esta institución, Jorge Ulises Carmona Tinoco, mantuvo reuniones relacionadas con el caso con motivo del primer aniversario. Primero se entrevistó con Elia Tamayo, la madre del mejor José Luis Tehuatlie, así como Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar José Luis Montes.

También el procurador general de Justicia, Víctor Carrancá Bourget; el titular de la Secretaría de la Contraloría, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, y el fiscal especializado para el esclarecimiento de los hechos del caso Chalchihuapan, José Antonio Pérez Bravo, para dar cuenta de los avances en los puntos recomendatorios aún pendientes.

Informe de sanciones, indemnización y disculpa pública

La Comisión reiteró su llamado para que la administración del gobernador Rafael Moreno Valle cumpla con las recomendaciones restantes particularmente en lo relativo a la determinación definitiva de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y la sanción.

“Sobre los puntos recomendatorios, cuyo cumplimiento aún está pendiente, destaca el que se informe sobre las sanciones administrativas y/o penales definitivas que hayan sido impuestas a los servidores públicos involucrados, así como la reparación del daño, ya que está en estudio la determinación de los criterios utilizados para fijar los montos asignados a las víctimas”, apunta el comunicado de prensa emitido por la institución.

Además, la CNDH consideró que el acto de disculpa pública hacia las víctimas realizado por las autoridades de Puebla no se ajustó a los estándares internacionales, por lo que este punto también se encuentra pendiente de cumplimiento.

Cabe señalar que durante el mes de enero del presente año la CNDH ya había realizado un pronunciamiento sobre el incumplimientode las recomendaciones por parte del estado, situación que continua a la fecha según la institución.

Los puntos cumplidos

Por otra parte se informa que en relación a las recomendaciones cumplidas, destaca que se iniciaron los procedimientos administrativos de investigación contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del estado que participó en los hechos.

Además, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, por el cual se otorgan atribuciones a las áreas específicas para que intervengan en la solución pacífica de los conflictos.

Asimismo, el gobierno emitió un Protocolo para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos; entregó equipos de video y audio a los cuerpos de seguridad, para que registren su conducta a la hora de realizar operativos, e implementó programas de capacitación en Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Se reúnen con Elia Tamayo

En el documento difundido por la CNDH se informó que el Sexto Visitador General de esta institución, Jorge Ulises Carmona Tinoco, recibió a Elia Tamayo, madre del niño que falleció a raíz de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, quien le expresó su demanda de justicia, así como la libertad de los pobladores que están en prisión por este caso.

En este sentido el funcionario se solidarizó con  Tamayo Montes, quien estuvo acompañada por Alan Jiménez y Araceli Bautista, madre del ex presidente auxiliar de Chalchihuapan, a quienes les hizo saber que la institución continuará el seguimiento escrupuloso a los puntos recomendatorios hasta su total cumplimiento.

El funcionario dio a conocer que la Comisión Nacional emitirá medidas cautelares al Gobierno del Estado de Puebla, para que cese el acoso contra las víctimas y se atienda la salud de los pobladores que se encuentran en prisión.