CAMBIO adelantó este jueves que Conduent Solutions de México SA de CV, la empresa que tenía la concesión del cobro del mantenimiento de las máquinas de recarga y la venta de tarjetas, es originaria de la Ciudad de México y ha trabajado por el mismo concepto con el gobierno de la Ciudad de México
El gobierno barbosista anunció la presentación de una denuncia contra ex funcionarios del gobierno morenovallista como Fernando Manzanilla, Roberto Moya Clemente, José Cabalán Macari, José Antonio Gali y Bernardo Huerta, por firmar un contrato que benefició a empresas privadas para la construcción de la Línea 1 del RUTA en 2011 y descubrirse un “fraude monstruoso” derivado de sobrecostos y exceso en el pago de subsidios, así como inversiones inexistentes de las empresas beneficiadas por dicha gestión.
Pero si no lo fue, ¿dónde están los Gali, los Moya, los Cabalán, los Banck, los Bernardo Huerta, los Paty Leal, los Gerry Islas, los Marcelo? Porque todos ellos fueron parte de ese gobierno, saben qué ocurrió y no se murieron en el helicopterazo. Ya sabemos que Moreno Valle está muerto y Eukid preso, pero ¿dónde están todos los demás?
El gobernador del Estado Luis Miguel Barbosa Huerta, denunció ayer que el sistema de transporte articulado de esta capital, conocido por sus iniciales (en español) como RUTA, implementado por el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas, fue realizado con dolo y con sobregiros que lo hacen incosteable para las finanzas públicas.
El mandatario estatal anunció que no asistirá físicamente el segundo informe de la alcaldesa de Puebla.
La declaración es significativa, reveladora; muestra el grado que el crimen ha alcanzado en la política poblana.
Conduent Solutions se quedaba con el 38 por ciento de las ganancias y no daba mantenimiento a las máquinas de prepago y recarga de tarjetas, mientras que 5M2 Andenes colocaba la publicidad en los paraderos sin darle algún pago al Ejecutivo
El gobernador dijo que en los proyectos no se invertirá recurso público sino privado y ya hay empresas interesadas en realizar la construcción de dichos proyectos
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tuvo un desastroso regreso a actividades, en el que quedó exhibida su inoperancia al ignorar la saturación de solicitudes de trabajadores poblanos y abogados de sus servicios, con filas de más de 300 personas, al establecer sólo cuatro horas y media de atención, aun cuando los términos procesales fueron reanudados .
Le informamos en este espacio del gravísimo problema que surgió entre abogados laboralistas por el cierre absoluto de las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, durante casi siete meses.