No descartan sanciones vs constructoras de Óscar García

El contralor reconoce irregularidades en la construcción de hospitales

Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, el funcionario señaló que aunque desde hace un mes Mario Marín inauguró la segunda etapa el Hospital General de la Zona Norte, el nosocomio solo brinda servicio de consulta externa ya que aún no se conecta el servicio eléctrico

Efraín Núñez Calderón / Selene Ríos Andraca

El contralor estatal Víctor Manuel Sánchez Ruiz reconoció que existen irregularidades en la construcción de nuevos hospitales —General de la zona Norte y General de Tepeaca— y que a pesar de que el gobernador ya los inauguró, será hasta marzo cuando puedan dar servicios al 100 por ciento.

Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, el funcionario señaló que aunque desde hace un mes Mario Marín inauguró la segunda etapa el Hospital General de la Zona Norte, el nosocomio solo brinda servicio de consulta externa ya que aún no se conecta el servicio eléctrico.

No descartó sanciones en contra de las empresas encargadas de la obra Construcciones Mova y Urban Fix —en la cual, Óscar García opera a través de un prestanombres— si se comprueba que los atrasos son responsabilidad de éstas.

Sánchez Ruiz también salió en defensa de Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas, al señalar que la inversión de recursos públicos en la casa de bolsa Vector está en completo a pego a la ley. Lo anterior, luego del señalamiento de la diputada perredista Irma Ramos, en el sentido de que existe conflicto de interés y enriquecimiento ilícito en esta operación.

Los funcionarios del Gobierno marinista no saben cómo deslindarse de la responsabilidad respecto a las anomalías que rodean la construcción de los hospitales generales. Javier García Ramírez, titular de la Seduop, responsabiliza a Roberto Morales, secretario de Salud, de la inoperancia de estos nosocomios.

El titular de esta dependencia culpa a García Ramírez de entregarle incompletos y a destiempo los hospitales para echarlos a andar.

Sin embargo, la problemática no ha sido solucionada. Ayer Sánchez Ruiz reconoció en su comparecencia que aún no opera al 100 por ciento el Hospital General de la Zona Norte, a pesar de que el gobernador Mario Marín lo inauguró hace más de un mes:

“Interesa que estén operando plenamente. Hemos platicado con la Seduop y Salud y acordamos que en marzo estén operando estos hospitales. Esto no libra a nadie de cualquier responsabilidad en la que hayan incurrido. Antes que sancionar privilegiamos el beneficio a los ciudadanos. La ley permite la recepción de la parte de la obra que pueda operar. Hoy esos hospitales se están equipando, se prueba el equipo y haciendo la entrega formal de las partes. Esto ya permite iniciar los trámites de contratación de luz”, reconoció.

Con relación al caso Vector, a pesar de que existe evidencia de que Gerardo Pérez Salazar habría incurrido en violaciones al artículo 50 de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al asignarle trabajo a un familiar próximo con bienes del erario —su esposa Margarita Rojas trabaja en esta empresa—, Sánchez Ruiz salió en defensa de su compañero de gabinete al asegurar que la inversión del erario en casas de bolsa se apega a la ley. Asimismo, insinuó que a los legisladores les hace falta un mayor conocimiento sobre el manejo de las finanzas públicas.

En su intervención, la diputada Irma Ramos subrayó la existencia de anomalías en esta inversión y exhortó al contralor a invitarla a la capacitación sobre Finanzas que propone Pérez Salazar.

La Sedecap solo sanciona por anomalías menores

A pesar de que la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) omite evidencias fehacientes para sancionar a constructores y servidores públicos que son acusados de cometer irregularidades, como en el caso de los hospitales inoperantes, el escándalo Vector y la investigación de Antonio Juárez Acevedo, la dependencia sí sanciona a otros funcionarios por cuestiones menores.

La dependencia difundió ayer un listado de funcionarios públicos y empresas sancionadas por diversas anomalías. Durante 2007 se sancionaron a un total de 43 funcionarios públicos por “no observar máxima diligencia en el desempeño de sus funciones”, “tras no abstenerse de actos que implican el ejercicio indebido de su empleo”, “manejar en estado de ebriedad” y otros asuntos menores.

Cabe señalar que cinco empresas y un constructor: Al-Faied de Oriente, S.A de C.V., Gomepe Construcciones, Proyectos Mantenimiento Construcción y Diseño Siglo XXII, Proyectos Arquitectura y Edificación, Promedia Especializada y Misael Rodríguez Guerra por anomalías e incumplimiento de contrato.