Negocio multimillonario en la Reserva Atlixcáyotl


El cambio de uso de suelo a las 60 hectáreas restantes de la Reserva Territorial Atlixcáyotl representaría un negocio de más de 2 mil millones de pesos  


Anahí Romero Alonso, delegada en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social federal, reveló que la potestad de las áreas protegidas de la zona tendrá que regresarse a los municipios a los que fueron expropiados, es decir, Cuautlancingo, San Pedro y sobre todo San Andrés Cholula  


Efraín Núñez Calderón  

 

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El cambio de uso de suelo a las 60 hectáreas restantes de la Reserva Territorial Atlixcáyotl representaría un negocio de más de 2 mil millones de pesos, una vez que la venta a los particulares que construirán edificios, zonas residenciales y hasta un centro comercial tipo Antara, se realizará a precio comercial, es decir, 3 mil 500 pesos el metro cuadrado.


Anahí Romero Alonso, delegada en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol), y el diputado panista Manuel Janeiro Fernández, coincidieron en que por ley está impedido el cambio de uso de suelo de estos predios.


Entrevistados por separado revelaron que la potestad de las áreas protegidas de la reserva tendrá que regresarse a los municipios a los que fueron expropiados, es decir, Cuautlancingo, San Pedro Cholula y sobre todo San Andrés Cholula.


Pero no es todo, pues ni siquiera los cabildos de estos municipios podrán materializar el tan ansiado negocio por parte de la administración marinista, pues contravendrían la Ley de la Reforma Agraria, así como otras legislaciones locales y nacionales, relacionadas con la protección de áreas verdes y de equipamiento social.


Ante el sin número de impedimentos legales, para el diputado local Manuel Janeiro solo existe una justificación que explica el interés cambiar el uso de suelo en las hectáreas restantes, por parte del gobernador Mario Marín, el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, y el Fideicomiso de la Reserva Territorial: “hay un jugoso negocio de quienes no pueden controlar su apetito”.


En tanto, la delegada Anahí Romero refirió que los predios fueron expropiados a 40 pesos el metro cuadrado. Este precio asciende actualmente a 3 mil 500 pesos según el valor comercial de los predios por metro cuadrado:


“Hoy los predios pueden significar más de 2 mil millones de pesos, ahí hay un interés de querer hacer infraestructura inmobiliaria, pero fue creado como una zona de utilidad pública. La acción de todo gobierno debe ser preservar el bien público”.


Entrevistada en su oficina, la funcionaria federal manifestó que existen diversas reglamentaciones que impiden el cambio de uso de suelo: la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, la cual señala que el 20 por ciento de las mil hectáreas tienen que ser áreas verdes; Ley Federal de Asentamientos Humanos, que establece que los ayuntamientos pueden administrar sus reservas territoriales siempre y cuando respeten las leyes federales y estatales que apliquen:


“Una vez los predios en poder de los ayuntamiento no podrá cambiarse el uso de suelo porque éstos provienen de la Reserva Territorial que fue creada para los fines de causa de utilidad pública para que beneficie a los ciudadanos”.


Insistió en el argumento de que el Fideicomiso de la Reserva Territorial debió haberse extinguido cinco años después de su creación, por lo que destacó que una vez que devuelva las áreas verdes a los ayuntamientos, ya no tendrá razón de ser:
“El Fideicomiso está fuera de ley, tuvo que haberse extinguido 5 años después de su creación.

 

No puede existir un fideicomiso por 20, 30 ó 40 años porque se prestaría a modificaciones, a cambios, a que no respetaran los usos públicos para los que fueron creados (…) El Fideicomiso deja de existir cuando le entregue todos los bienes a los ayuntamientos”.


Asimismo, confirmó la intención de construir el centro comercial de lujo Antara, similar al que se ubica en la zona de Polanco en el Distrito Federal, así como la construcción de desarrollos inmobiliarios de alto valor comercial, todo a cambio de terminar con las áreas verdes de la zona.


Por último, destacó que la posición de la Sedesol no ha cambiado, por lo que la dependencia no autorizará el cambio de uso de suelo, y dijo que la federación dio marcha atrás a la aprobación de esta propuesta, debido a que se revisaron minuciosamente los otros tres cambios que ha habido respecto de las áreas protegidas en la Reserva Territorial:


“En un principio se proponían a cambio 13 hectáreas pero no son suficientes cuando se pretende modificar el uso de suelo a 60 hectáreas. En otros momentos el fideicomiso ha propuesto las mismas 13 hectáreas a cambio de uso de suelo en el 97, 98 y el 14 de mayo de 2000 y no se puede cambiar más de una vez lo mismo por otros predios (…) La Sedesol hizo una revisión más profunda de todos los archivos y se notó que realmente no procede”.

 

Negocio jugoso


Conocedor de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, Manuel Janeiro Fernández califica como “apetito desmedido” la intención de convertir las áreas verdes y de protección restantes de la zona en desarrollos comerciales e inmobiliarios.


Pero además advierte una situación grave: la Reserva Territorial tiene problemas de movilidad urbana, es decir, la falta de orden en el crecimiento de la zona provoca la existencia de calles angostas de difícil circulación para peatones y automovilistas.


Por ello insiste en que se debe municipalizar las áreas verdes para que los ayuntamientos a los que se les expropiaron las tierras eviten que esta problemática crezca: “Las calles son muy angostas, esto provoca problemas en el movimiento del peatón, el movimiento del los vehículos y el movimiento del transporte público principalmente (…) Lo peor es que el apetito incontrolable de algunos busca cambiar el uso de suelo de las vialidades. El problema se puede agravar en 20 ó 30 años cuando haya mas habitantes y cuando la cuidad haya crecido más. Entonces volvemos a lo mismo”.


Destacó que lo anterior incumple con lo que originalmente se había planeado en la Reserva Territorial, es decir, para garantizar un crecimiento ordenado y armonioso para el futuro de la sociedad: “Hay un interés comercial, son casi 30 hectáreas, 300 mil metros cuadrados de terreno. Si tú multiplicas 300 mil metros cuadrados por 3 mil pesos, estamos hablando de más de 900 millones de pesos, y como algunas zonas son más cotizadas que otras, por eso estoy hablando de que la cifra está rondando en los mil millones de pesos”.


No es todo, el legislador blanquiazul dijo que el ayuntamiento de Puebla no le debe dar un cheque en blanco al Gobierno del estado, al firmar un convenio a través del cual se le delega la potestad al gobierno marinista para realizar el cambio de uso de suelos, incluyendo las reservas territoriales: “Si este convenio se realiza con el fin de garantizar que la mayor cantidad de asentamientos irregulares puedan ser regulares, y se puedan incorporar las colonias al Desarrollo Urbano a la cuidad, entonces es muy importante (…) Pero el convenio no puede ser darle un cheque en blanco al gobierno del estado para que haga de las suyas, el cambio de uso de sueldo que solamente favorezca la especulación de los mejores predios, no solo en la Reserva, sino también en muchas otras colonias (sic)”.

 


 
 
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