Altos índices de corrupción, el tema central para el contralor

Los cuestionamientos de los legisladores se centrarán en el tema, tras bajar la entidad nuevamente de calificación en la materia

Víctor Manuel Sánchez Ruiz deberá dar cuenta en su informe respecto al motivo por el cual Puebla ocupa el primer lugar en actos de corrupción, debido a que la dependencia que dirige es la responsable de su combate

Miguel Ángel Cordero

Fuentes legislativas informaron que el principal cuestionamiento que hoy recibirá en su comparecencia el titular de la Secretaría de Desarrollo Evaluación Capacitación y Control de la Administración Pública, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, será la baja calificación otorgada por el Gabinete de Comunicación Estratégica que posicionó a Puebla como la primera entidad con más frecuencia de actos de corrupción.

El funcionario estatal deberá dar cuenta en su informe respecto al motivo por el cual Puebla también ha recibido tal posición, debido a que la dependencia que dirige es la responsable del combate a la corrupción.

A finales del año pasado, el periódico digital e-consulta publicó que cada habitante es víctima al menos de cuatro incidentes de corrupción cada año. La entidad encabeza la lista seguida de Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo, Sinaloa, Sonora y Querétaro.

El estudio señala que los poblanos consideran que la corrupción es un problema grave, ya que para obtener algún servicio o evitar una sanción legal en las colonias, los pobladores recuren al cohecho.

Éste será el principal estudio que demostrará, ante la comisión respectiva en el Congreso local, la ineficacia de la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Sánchez Ruiz a través de su dependencia.

El Gabinete de Comunicación Estratégica es dirigido por Liébano Sáenz quien fue exsecretario particular de Ernesto Zedillo Ponce de León, y elabora dos encuestas nacionales al año.
La última, de 2008, precisa que de los gobiernos estatales emanados del PRI, el de Puebla es el segundo con la peor percepción, sólo superado por el de Oaxaca.

La encuesta de mediados de año, cuyos resultados fueron publicados por Cambio reveló que el gobernador Mario Marín Torres tiene el deshonor de ser uno de los gobernadores más impopulares del país, junto a sus homólogos de Oaxaca y Guerrero, Ulises Ruiz y Zeferino Torreblanca. Los tres mandatarios, según el pasado estudio tienen los niveles más bajos de confianza entre los ciudadanos.

De acuerdo al documento, 76.2 por ciento de los poblanos no le confiaría a Mario Marín Torres las llaves de su casa, es decir, sólo dos de cada 10 entrevistados le entregaría al gobernador poblano las llaves de su patrimonio.

La percepción de los ciudadanos en el cumplimiento de las expectativas del mandatario es baja, pues 42.2 por ciento considera que Mario Marín y su gabinete han trabajado de “manera mediocre”.

A estos dos estudios —el más reciente— se suma el elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, presidida por el intelectual Federico Reyes Heroles y filial de la prestigiada organización Transparencia Internacional, que colocó a Puebla en la cuarta entidad más corrupta de México de acuerdo al informe anual de dicha organización de 2007.

En agosto del año pasado, Sánchez Ruiz se comprometió a trabajar contra la corrupción a través de las denuncias que la sociedad haga en la Fiscalía Anticorrupción, pues “unidos sociedad y gobierno se ganará la lucha contra la corrupción (…). Queremos la queja, pedimos pruebas y participación, el anonimato nos da indicios; con ese apoyo seguimos ejerciendo una labor muy drástica en el combate a la corrupción”.

En 2008, un total de 31 funcionarios públicos de diversas dependencias fueron sancionados por diferentes irregularidades por parte de la Sedecap.

Sánchez Ruiz precisó en entrevista pasada que este número es menor al registrado el año pasado, que fue de poco más de 33 sancionados, y será en el mes de febrero del próximo año cuando se den a conocer nombres, dependencias e irregularidades cometidas por las cuales se les sanciona acorde a lo que establece la Ley de Determinación de Responsabilidad de los Servidores Públicos y los montos que se establecen como sanción.

Destacó que de los poco más de 118 expedientes de diversos servidores públicos que se analizan por diversas irregularidades, sólo unos ocho proceden de quejas ciudadanas y el resto son producto de las supervisiones que hace la Sedecap en todas las dependencias del estado.

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