Se prevé que en las próximas semanas se fallen un importante número de demandas en el mismo sentido, lo que en su momento obligaría al Congreso del Estado a revisar la constitucionalidad del título de concesión que por 60 años le fue otorgado a dicha empresa y, en su caso, rectificar su aprobación para evitar con ello los cobros indebidos y atropellos que han venido padeciendo miles de poblanos por supuestos adeudos, burocratismo y que se de ninguna manera se han traducido en una mejora del servicio, que se ha encarecido en más de un 300 por ciento de las gestiones anteriores.
Quizás harían bien los señores diputados en comenzar a analizar los términos y fundamento mediante los cuales aprobaron el título de concesión y las condiciones que prevalecen en torno al servicio y no esperar a que venga una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sentar Jurisprudencia, obligándolos a dar marcha atrás a las normas jurídicas que en su momento validaron la privatización del servicio.
Pero lo anterior se ve difícil, ya que conociendo su forma de trabajar, lo más seguro es que esperen hasta el final la decisión del máximo tribunal del país, para modificar las cosas, es decir, ni la inconformidad ciudadana ni los reclamos de los usuarios han sido suficientes para revisar lo que sucede en esta área en un derecho cuya protección se encuentra reconocida en instrumentos internacionales suscritos por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros instrumentos cuyo contenido seguramente desconocen nuestros “representantes” que aprobaron el otorgamiento de la Concesión, afectando con ello los derechos y la economía de los usuarios de todos los niveles, porque en esto hay que reconocer que no hay distingos ni discriminación alguna: el agua falta en todos lados y los cortes se hacen efectivos sobre quien sea.
Al respecto, instancias como Profeco han intervenido para frenar los abusos, pero como ocurre en servicios como la energía eléctrica y el teléfono, primero se corta el servicio y después se investiga si la medida era procedente o no, por ello han sido pocos los ciudadanos que han hecho uso del Juicio de Amparo para defender sus derechos, ya que además deben pagar el costo de los honorarios del abogado que lo tramite y esperar a que no hayan represalias en su contra de parte de la empresa para pasarlo a una lista negra y continuamente afectarlo en el servicio.
De hecho, versiones de prensa dicen que el gobierno estatal ya evalúa revocar la concesión por el alto costo político que les ha generado: los poblanos ya reprobaron en las casillas la privatización del servicio y el incremento desmedido en los precios.
El mal trabajo está a la vista de todos: no han invertido un peso en las plantas tratadoras de aguas negras, lo que les ha generado multas de más de 200 mil pesos de parte de Conagua.
De no revisarse los actos de Concesiones Integrales S.A. DE C.V por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo, el costo político en las elecciones del próximo año para Gobernador se reflejará en las urnas donde los ciudadanos pasarán la factura de su malestar e impotencia ante las arbitrariedades de la empresa, como lo hicieron el pasado 7 de junio en la elección de Diputados Federales; aunque quizás por los compromisos y acuerdos financieros que se dieron para privatizar el servicio, decidan correr el riesgo y dejar las cosas como se encuentran hasta ahora.
