Saturday, 29 de February de 2020

Jueves, 07 Mayo 2015 02:23

El JJ contra la pared. ¿Participó en el encubrimiento?




Written by  Arturo Rueda

Como ocurrió en el caso de José Luis Tehuatlie, la familia de Ricardo Cadena Becerra será lo menos importante ahora que ha entrado en el ring de la súper politización. Eukid Castañón deslizó que José Juan será citado a comparecer en comisiones, y todo podría terminar en su destitución. Se ve difícil, pero el destino le jugó una mala pasada al #EdilBala cuando lideraba una ofensiva en contra del gobierno estatal en respaldo a los candidatos de su partido, Movimiento Ciudadano


Los casos de brutalidad policiaca se multiplican en Puebla, pero también en México. Hoy es el caso del policía asesino de San Pedro Cholula, ayer los municipales de San Andrés que atacaron a un minusválido y antier el desalojo sangriento de Chalchihuapan. En todos los casos, la tónica de las autoridades es exculpar su propia responsabilidad para criminalizar a quienes sufren las represalias. “El JJ” armó una trama en la que el agente Jaid Mothe tuvo un “accidente” al detener a unos jóvenes que pintaban grafitis. Falso. Ni hacían pintas, ni cometían alguna ilegalidad: simplemente los supusieron víctimas fáciles de una extorsión. Por alguna razón inexplicable, el subcomandante de Seguridad Pública de San Pedro ejecutó a Ricardo Cadena cuando lo tenía sometido en el piso, indefenso.

 

Entonces comenzó la maquinación del encubrimiento por parte de los propios agentes, y quizá hasta del propio edil de San Pedro Cholula. Todos deberán deslindar sus responsabilidades. Según los padres de Ricardo Cadena, entre el momento del homicidio hasta la entrega “voluntaria” del policía Jaid Mothe transcurrieron 24 horas para preparar un montaje en el que el agente sería culpable de un homicidio imprudencial, resultado de un “accidente” ocurrido en la persecución.

 

¿Qué tanto sabía el edil José Juan de esa maquinación?

 

¿Es un copartícipe, un cómplice, o también fue engañado por los agentes Gerardo Xique Hernández, Armando Guerra Flores, Fernando Suárez Flores y Lucía Rueda Gómez?

 

¿Fue por eso que procedió a separarlo de su cargo?

 

El encubrimiento de las autoridades en los casos de abusos policiales es la norma, y no la excepción. Hace una semana, agentes municipales de San Andrés fueron captados en un video apaleando a un discapacitado. Manuel Alonso, secretario de Seguridad Pública del municipio, argumentó que los policías fueron agredidos primero cuando trataban de detener a unos borrachitos, y en #JuegoDeTroles se aventó la puntada de decir que uno de ellos sabía kickboxing, lo que motivó la golpiza. ¡Ah, bueno!

 

También trascendió la gracejada del director de Tránsito municipal, Eduardo Pérez Merchant, quien liberó a su hijo tras haber sido detenido por portación ilegal de arma. Según su explicación, fue liberado porque se trataba del único de los retenidos que no tenía velo en el entierro, aunque otros cinco personajes sí. O sea, papi alteró los hechos para soltar al muchacho.

 

La crisis de derechos humanos que vive el país inicia, precisamente, con los policías municipales. Unos pagados por el narco, otros por su incapacidad, son un peligro para la sociedad mexicana. Pero los actos de encubrimiento tienen una fecha de inicio específico: el 9 de julio de 2014, cuando se produjo la agresión de la Policía estatal a la comunidad de Chalchihuapan. Basta recordar la maquinación grotesca, que incluyó pesquisas absurdas de la PGJ que fueron derrumbadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

Volviendo al caso del subcomandante de San Pedro Cholula. Como ocurrió en el caso de José Luis Tehuatlie, la familia de Ricardo Cadena Becerra será lo menos importante ahora que ha entrado en el ring de la súper politización. Eukid Castañón deslizó que José Juan será citado a comparecer en comisiones, y todo podría terminar en su destitución. Se ve difícil, pero el destino le jugó una mala pasada al #EdilBala cuando lideraba una ofensiva en contra del gobierno estatal en respaldo a los candidatos de su partido, Movimiento Ciudadano. Ahora, en el ring político, tendrá que ejecutar una estrategia de control de daños.

 

Tampoco parece desarmado “El JJ”. Cuenta con los documentos para avalar que Jaid Mothe y los otros cuatro policías aprobaron los exámenes de control de confianza que aplica el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Para la PGJ sería cuasi imposible demostrar que de alguna forma participó en el encubrimiento. Sin embargo, una ofensiva política y mediática lo pondrá contra las cuerdas.

 

Por último: linchar a José Juan no resuelve el problema de fondo. Los policías son un peligro para la sociedad, tanto los estatales como los municipales. Unos porque cobran en la nómina del crimen organizado, y otros porque en una noche cualquiera encuentran a tres jóvenes víctimas fáciles de una extorsión. Pero en algún momento todo termina en una tragedia. El día menos pensado, nos toca a algunos de nosotros.

 

 

 

 

 

 

 

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