Otro ‘fuereño’ se hará cargo de la procuración de justicia, repitiendo el modelo de Víctor Carrancá. Gilberto Higuera Bernal fue confirmado como el nuevo fiscal general del estado (FGE), en cuyo perfil destaca que en los más de nueve años que laboró como subprocurador en la PGR en tres sexenios diferentes, además del tiempo en que fue procurador de Justicia en Sinaloa, no ha sido objeto de ningún escándalo como funcionario público.

Durante su etapa de subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Higuera Bernal ha dejado varias investigaciones importantes inconclusas, como el caso de Tanhuato, Michoacán en 2015, donde tras un enfrentamiento entre policías federales e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fallecieron 42 civiles y un policía, en el cual se encontraron una serie de irregularidades.

Asimismo, Gilberto Higuera Bernal, originario de Sinaloa, ha sido responsable de las investigaciones en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por el delito de lavado de dinero y de los expedientes en contra del futbolista Rafael Márquez y el cantante regional ‘Julión’ Álvarez, por su presunta relación con el narcotráfico.

En nueve años dentro de la PGR no ha tenido algún escándalo

Higuera Bernal, de 62 años de edad, nació en Estación Colorada, sindicatura de Culiacancito, Sinaloa, el 5 de diciembre de 1955; egresó de la Escuela Normal de Sinaloa y llevó a cabo estudios de psicología en la Escuela Normal Superior de Nayarit. Es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), asimismo, cuenta con un Doctorado en Derecho por la máxima casa de estudios en México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según los datos del Archivo Histórico del gobierno de Sinaloa, Gilberto Higuera inició su carrera dentro de la procuración de justicia como agente del Ministerio Público, para después ser coordinador de asesores en la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa y dos veces director de Asuntos Jurídicos de la misma; además, es autor de 12 publicaciones.

En 1999 fue designado procurador general de Justicia del estado de Sinaloa, y un año después pasó a ser uno de los integrantes más importantes de la PGR.

De 2000 a 2003 fue designado subprocurador de Procedimientos Penales “A” de la misma procuraduría federal, para después ser el encargado de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, que figura como uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la PGR, el cual ha ostentado en dos ocasiones, del 2003 al 2006 y de 2015 a 2018, cuando fue sustituido por Roberto Ochoa Romero.

Responsable de investigaciones contra Padrés, Márquez y Álvarez

En 2014, cuando inició la investigación en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por el delito de lavado de dinero durante su gestión, ubicó al menos tres o cuatro empresas fantasma manejadas por familiares que destinaron al menos 8.8 millones de dólares a los Países Bajos.

Así, logró que un juez federal concediera dos órdenes de aprehensión contra Padrés y su hijo, acusados de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.

También fue el encargado de dar seguimiento a las investigaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, después de que se relacionara al futbolista Rafael Márquez y al cantante de música regional ‘Julión’ Álvarez como prestanombres de Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante que opera en conjunto con el Cártel de Sinaloa y el CJNG.   

Ineficiencia en el caso Tanhuato

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR se vio evidenciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de que a tres meses de la matanza en la que fallecieron 42 civiles y un policía federal no se había realizado ningún peritaje, además, no se había integrado ninguna averiguación abierta por los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015.

La PGJ de Michoacán entregó el caso a la dependencia de la PGR, después de que se acusara a los elementos de la PF de sembrar evidencia y manipular el lugar de los hechos, pues el informe de la CNDH detalló que al menos 13 cuerpos presentaban el tiro de gracia y disparos por la espalda.

A pesar de las recomendaciones, la PGR señaló que los agentes no actuaron de manera extrajudicial y que, pese a las evidencias, sólo habían respondido a un ataque; sin embargo, el pasado mes de abril se evidenció que la PGR nunca reunió los perfiles genéticos de los 42 muertos.